La reforma de la política de asilo y migración propuesta por la Comisión Europea deja las cuotas obligatorias y apuesta por un sistema voluntario con varios niveles de solidaridad con los países con mayor presión migratoria

Al mismo tiempo, plantea reforzar la frontera exterior de la Unión Europea y agilizar las expulsiones de los migrantes que no obtengan el estatus de refugiado.

Las grandes diferencias entre los Estados miembro respecto a cómo gestionar la llegada de refugiados a la Unión Europea sigue enfrentando a las capitales, por lo que Bruselas se ha tomado más de un año de contactos bilaterales para tratar de superar las tensiones entre quienes reclaman un mecanismo de cuotas obligatorias para la acogida de los llegados, como España, y quienes rechazan de plano esta posibilidad, como Hungría, Polonia o Austria.

El resultado es una propuesta que defiende la necesidad de una política «solidaria» pero que se sustenta en el refuerzo de la frontera exterior –con más peso para la guardia de fronteras Frontex–, y en dar un impulso a la cooperación con países terceros y mejorar los procedimientos europeos para agilizar las expulsiones de los inmigrantes que no obtengan el estatus de refugiado.

Así las cosas, la reforma que defenderá la Comisión en las negociaciones con los Veintisiete apela a una solidaridad «sin excepciones» entre los Estados miembro, para lo que ofrece, sin embargo, un mecanismo con base voluntaria que permitirá a los países elegir entre un catálogo de «contribuciones flexibles».

De este modo, cuando un país se enfrente a una presión migratoria que no pueda soportar se esperará de sus socios que respondan ofreciéndose a alojar en su territorio a parte de los demandantes de asilo, pero podrán también optar por otras formas de apoyo como «asumir la responsabilidad del retorno» de los que sean deportados, algo que Bruselas define como expulsiones «patrocinadas».

La Comisión contempla varios escenarios en los que la solidaridad europea debería ponerse en marcha de manera más o menos intensa, desde la reubicación de demandantes de asilo rescatados en alta mar, con acogida voluntaria de otros países y un «mecanismo de corrección» para asegurarse que se atienden todas las necesidades, hasta una situación de crisis en la que la reubicación sería no solo de quienes se reconozca como refugiados, sino también de quienes están en frontera en situación irregular.

A pesar de que la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, aseguró hace una semana que la propuesta serviría para «abolir» el reglamento de Dublín, por el que toda la responsabilidad de la tramitación y acogida del inmigrante recae sobre el país de entrada, este principio finalmente se mantiene en el proyecto que defiende Bruselas.

UN NUEVO MODELO «PREDECIBLE Y FIABLE»

«Ningún Estado miembro vive la migración del mismo modo y afrontan retos diferentes y únicos que deben ser reconocidos, entendidos y afrontados», ha considerado el vicepresidente comunitario responsable de Migración, Margaritis Schinas, para defender que la propuesta logra el equilibrio entre la «solidaridad» que reclaman los países en primera línea y la «responsabilidad» que evocan aquellos que están en segunda.

La comisaria de Interior, Ylva Johansson, por su parte, ha afirmado que la reforma asegurará procedimientos «más claros, justos y rápidos» en frontera, de modo que las personas que tratan de alcanzar la UE «no tengan que esperar en un limbo».

Para ello, ha explicado la socialista sueca, será necesario reforzar la cooperación con los países terceros desde los que llegan de manera irregular los migrantes para que éstos puedan ser deportados de manera más ágil, pero también para ofrecer vías legales de entrada y luchar con más firmeza contra las mafias que trafican con personas.

El Ejecutivo comunitario es consciente de que para lograr un acuerdo deberá antes conseguir que los Estados miembro vuelvan a confiar los unos en los otros, tras más de cinco años enfrentados por la política migratoria, por lo que defiende que esta iniciativa es el «equilibrio justo y razonable» entre la solidaridad y la responsabilidad.

Por ello aseguran que la reforma debe ir más allá de plantear soluciones ‘ad hoc’ como se ha hecho en las situaciones de crisis más recientes y pasar a un modelo definitivo y duradero, que atienda a las distintas circunstancias y preferencias de los Estados miembro pero garantice una respuesta «predecible y fiable».

La crisis humanitaria en la isla griega de Lesbos, tras el incendio que hace días arrasó el campamento de Moria en el que residían más de 12.000 demandantes de asilo, demuestra que el sistema actual «ya no funciona» y es necesario «un nuevo comienzo», en opinión de los comisarios.

Con todo, la Comisión Europea trabaja ya en un proyecto piloto con Atenas para levantar un nuevo campamento en Moria más moderno y con apoyo de las agencias europeas para acoger a los migrantes y agilizar la tramitación de sus expedientes.

El vicepresidente Schinas ha defendido que la propuesta ofrece una solución «firme y justa» para que la UE encare la gestión de los flujos migratorios y que asegura «alternativas viables» con la que garantizar que incluso si no son realojados los demandantes de asilo que un país no es capaz de acoger por sí solo, se le asistirá para compensarlo con otras formas de solidaridad.

CRÍTICAS DE LAS ONG

Tras conocerse los primeros detalles de la reforma, cuya versión definitiva dependerá de las negociaciones que debe iniciar ahora Bruselas con los 27, varias ONG han criticado la propuesta por considerar que no responde a las necesidades humanitarias de los miles de demandantes de asilo que buscan asilo en la UE sino únicamente frenar su llegada.

«En su intento por lograr el consenso, la Comisión ha cedido a la presión de los Gobiernos de la UE que solo tienen por objetivo reducir el número de personas a las que se concede protección en Europa», ha lamentado la responsable de Oxfam para Europa, Marissa Ryan.

Ryan teme que la propuesta reproduzca con variaciones los «abominables» centros de detención diseñados para identificar a los demandantes de asilo a su llegada a Grecia e Italia en la crisis de 2015, los llamados ‘hot spot’, y critica también que se permita a los gobiernos cambiar la acogida por el patrocinio de las expulsiones.

Desde Caritas Europa, por su parte, su secretaria general Maria Nyman, ha alertado del riesgo de que los nuevos procedimientos para agilizar las deportaciones «conduzca a devoluciones en caliente y aumenten las detenciones» de migrantes.

Además, Nyman considera «inaceptable» que el mecanismo diseñado por la Comisión Europea ofrezca a los Estados miembro «evitar la reubicación facilitando los retornos», porque les ayuda a eludir la responsabilidad de dar acogida a los demandantes de asilo.

Por su parte, la directora para Europa de Save the Children, Anita Bay Bundegaard, ha indicado que aunque la ONG acoge «con satisfacción la atención específica que se presta a los niños y las niñas», teme que «las nuevas medidas propuestas por la Comisión Europea corran el riesgo de repetir el mismo enfoque fallido que condujo a la terrible situación en el campo de refugiados de Moria y a los desastres en el Mediterráneo». «Es difícil comprender que la UE no haya aprendido de sus errores recientes», ha subrayado.

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