El Gobierno de España ha dado un paso crucial en la gestión migratoria con la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería en el Consejo de Ministros. Esta medida, considerada por el Ejecutivo como «absolutamente necesaria y urgente», establece un nuevo sistema para la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. El acuerdo, logrado en las últimas horas con Junts, ha sido clave para garantizar los votos necesarios en el Congreso tras el fracaso de la anterior reforma en julio.
El ministro de Política Territorial y responsable de la comisión interministerial sobre inmigración, Ángel Víctor Torres, ha calificado este avance como un «hito en la defensa de los Derechos Humanos y el interés superior del menor», destacando que los territorios frontera llevan décadas exigiendo una solución estructural a la sobrecarga migratoria.
Criterios de reparto y nuevo sistema de acogida
El decreto aprobado modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establece criterios objetivos para la derivación de menores migrantes desde Canarias y otros territorios en situación de emergencia migratoria, como Ceuta. La distribución se basará en parámetros como población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), capacidad del sistema de acogida (10%), esfuerzo previo en acogida (6%), ser ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión geográfica (2%).
Las comunidades autónomas deberán inscribir a los menores en el Registro de Menores No Acompañados antes del 31 de marzo. Si no aportan cifras actualizadas, se utilizarán los datos del 31 de diciembre de 2023. A partir de esa información, la Abogacía General del Estado será la encargada de formular las propuestas de traslado en un plazo máximo de 15 días naturales.
Torres ha subrayado que esta reforma no es un simple reparto puntual, sino una «solución estructural y definitiva» que busca evitar la saturación de los centros de acogida en las regiones con mayor presión migratoria.
Financiación y autonomía de las comunidades
Para facilitar la aplicación de esta reforma, el Gobierno ha aprobado un fondo extraordinario de 100 millones de euros para 2025. Según el ministro, este mecanismo garantizará que todas las autonomías contribuyan de manera equitativa a la acogida de menores migrantes.
Asimismo, las comunidades autónomas mantendrán la capacidad de modificar aspectos del decreto en la conferencia sectorial de infancia y adolescencia, en la que están representados todos los gobiernos regionales.
Reacciones políticas y tensiones entre partidos
El Gobierno ha instado al Partido Popular y a Vox a respaldar esta reforma, recordando que ambos partidos rechazaron la anterior propuesta en julio. Torres ha criticado especialmente a Alberto Núñez Feijóo por su aparente cambio de postura, sugiriendo que su rechazo actual podría deberse a la influencia de Vox.
El Partido Popular, por su parte, ha advertido que sus comunidades autónomas no recibirán menores migrantes si el Gobierno no financia adecuadamente su acogida.
Postura de Junts y distribución de menores
Junts, el partido clave en la aprobación de la reforma, ha estimado que recibirá entre 20 y 30 menores migrantes dentro de la distribución de los 4.000 que deben ser reubicados en la península. Su portavoz, Miriam Nogueras, ha subrayado que Cataluña ha sido históricamente una de las comunidades más solidarias en la acogida de migrantes y ha exigido que la compensación económica sea «adecuada».
No obstante, Junts considera que la reforma es «temporal» y que deberá renegociarse en un año para su posible prórroga.
La satisfacción de Canarias y la urgencia de la reforma
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado la aprobación del decreto, calificándolo de «día importantísimo y feliz para España y para las islas». Actualmente, Canarias acoge a más de 5.800 menores migrantes y ha sido uno de los territorios más afectados por la crisis migratoria.
Clavijo ha enfatizado que la reforma garantiza tres aspectos fundamentales: la inmediata aplicación del decreto, la definición clara de la capacidad ordinaria de acogida en cada comunidad y la financiación de 100 millones de euros para su implementación.
Coalición Canaria también ha expresado su satisfacción, aunque han señalado que aún no tienen acceso al texto final del acuerdo.
La aprobación de esta reforma de la Ley de Extranjería representa un esfuerzo del Gobierno por abordar la crisis migratoria de manera estructural, garantizando un reparto equitativo de los menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. Sin embargo, las tensiones políticas y el debate sobre la financiación de la acogida anticipan nuevos desafíos en la aplicación de esta medida.
