El Gobierno afronta el fallo del Supremo sobre menores migrantes en Canarias: análisis y perspectivas

En respuesta al fallo del Tribunal Supremo que ordena al Gobierno de España integrar a más de 1.000 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo en el Sistema Nacional de Acogida, el Ejecutivo ha iniciado conversaciones con el Gobierno de Canarias para determinar las acciones a seguir.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha enfatizado que se respetará la sentencia, pero que la reubicación de los menores se evaluará individualmente, considerando su nivel de arraigo en las islas. Por su parte, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha subrayado la urgencia de aliviar el hacinamiento en los centros de acogida de Canarias, que actualmente operan al 123% de su capacidad, albergando a más de 5.860 menores migrantes .​

Evolución de las cifras de menores migrantes en Canarias (2023-2025):

  • Septiembre de 2023: 4.285 menores tutelados por el Gobierno de Canarias, representando el 36,5% del total nacional.

  • Febrero de 2025: Más de 5.860 menores bajo tutela, con una ocupación del 123% en los centros de acogida, alcanzando picos del 160% en momentos de mayor afluencia.

Esta tendencia al alza refleja la creciente presión sobre los recursos de acogida en Canarias y la necesidad de una respuesta coordinada a nivel nacional.

En este contexto, el Gobierno central y el de Canarias coinciden en la importancia de modificar la Ley de Extranjería para facilitar traslados automáticos de menores cuando se supere la capacidad de acogida de una comunidad autónoma. Sin embargo, esta propuesta ha generado tensiones con varias comunidades gobernadas por el Partido Popular, que han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional contra el reparto obligatorio de menores migrantes. 

La situación pone de manifiesto la complejidad de gestionar la acogida de menores migrantes en España y la necesidad de soluciones que garanticen su bienestar y derechos, al tiempo que se equilibra la distribución de responsabilidades entre las distintas administraciones.