La eliminación definitiva de las ‘golden visa’ para extranjeros no comunitarios en España se materializa este jueves con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de eficacia del Servicio Público de Justicia. Estas visas, que permitían obtener un visado de residencia a cambio de una inversión inmobiliaria de al menos 500.000 euros, han sido objeto de debate en los últimos años debido a su impacto en el mercado de la vivienda.
Un programa en auge durante la última década
El programa de ‘golden visa’ fue introducido en 2013 por el Gobierno del Partido Popular como medida para revitalizar el sector inmobiliario tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Desde su implementación, España ha otorgado más de 14.500 permisos de residencia por inversiones inmobiliarias.
En la última década, el número de beneficiarios creció significativamente, especialmente entre 2019 y 2023, coincidiendo con factores geopolíticos como el Brexit y la guerra de Ucrania. Los ciudadanos chinos y rusos han sido los principales receptores de estos visados, concentrando más del 60% de las autorizaciones.
Las ciudades más beneficiadas por esta inversión han sido Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, que han acumulado el 90% de las concesiones. En particular, Barcelona y Madrid han experimentado un encarecimiento del precio de la vivienda en los últimos años, lo que ha reforzado el argumento del Gobierno sobre el impacto especulativo de estas inversiones.
Un cambio en la política de vivienda en España
Hace un año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció su intención de eliminar estos permisos, argumentando que estaban afectando el acceso a la vivienda en ciudades con alta demanda. En esta línea, el Ejecutivo ha señalado que la vivienda es un derecho y no un «mero negocio especulativo».
Además de la supresión de las ‘golden visa’, el Gobierno ha propuesto nuevas medidas para limitar la compra de inmuebles por parte de extranjeros no comunitarios, lo que incluiría la aplicación de un desincentivo fiscal. Se estudia la posibilidad de elevar el IVA al 100% para estas transacciones o aumentar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
Desde el sector inmobiliario, se advierte que estas medidas podrían tener un impacto limitado, ya que los inversores extranjeros suelen adquirir viviendas de lujo que no son las mismas que demanda la mayoría de los ciudadanos españoles. Sin embargo, preocupa el mensaje que esto envía a los inversores internacionales, que podrían redirigir sus capitales a otros países europeos con normativas más flexibles.
Mayor control sobre los pisos turísticos
En paralelo, la nueva Ley Orgánica también introduce restricciones para los alquileres turísticos, otorgando más poder a las comunidades de propietarios. Desde este jueves, los nuevos pisos turísticos deberán contar con el respaldo de tres quintas partes de la comunidad de vecinos, requisito imprescindible para obtener la autorización.
Sin este consentimiento, los propietarios podrán exigir el cese inmediato de la actividad. También se establece la posibilidad de aprobar cuotas especiales o incrementos en los gastos comunes de hasta un 20% para los pisos turísticos, con el fin de compensar las molestias y el impacto en los edificios residenciales.
Esta normativa no afectará a los propietarios que ya tuvieran viviendas destinadas a alquiler turístico antes de la entrada en vigor de la ley, quienes podrán seguir operando bajo las condiciones previas.
Además, el Ejecutivo ha creado un registro único de viviendas de alquiler turístico, cuyo objetivo es evitar el fraude en la comercialización de alojamientos de corta duración. Su aplicación será efectiva a partir del 1 de julio.
España se suma a la tendencia europea
España no es el único país que ha endurecido las condiciones para los inversores extranjeros. En los últimos años, países como Portugal, Grecia e Irlanda han revisado o eliminado sus programas de ‘golden visa’.
Portugal, por ejemplo, eliminó en 2023 la posibilidad de obtener la residencia mediante inversión inmobiliaria, permitiéndola solo en fondos de inversión o proyectos empresariales de interés nacional. Irlanda canceló su programa el mismo año, mientras que Grecia ha aumentado el umbral de inversión mínima en sus principales ciudades.
El fin de las ‘golden visa’ en España representa un cambio en la estrategia económica y de vivienda del país, marcando un punto de inflexión en la política de inversión extranjera. Aunque su impacto en el acceso a la vivienda aún está por verse, la medida confirma una tendencia creciente en Europa hacia un mayor control de la inversión inmobiliaria extranjera.
