El gobierno de Joe Biden, incapaz de regresar a su país de origen a un número cada vez mayor de venezolanos detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos, los está enviando ahora a Colombia si previamente residían allí, según dos funcionarios de Seguridad Nacional.

Los funcionarios de la Casa Blanca están cada vez más preocupados por el gran número de adultos solteros que siguen cruzando la frontera sur de Estados Unidos, especialmente de países que México no acepta bajo una controvertida política de la era Trump, dijeron dos fuentes familiarizadas con las discusiones.

Los vuelos de venezolanos a Colombia, de los que no se ha informado previamente, representan otro esfuerzo del gobierno para tratar de frenar el flujo de migrantes, alejando a quienes llegan más allá de la frontera entre Estados Unidos y México, incluidos los que buscan asilo.

En diciembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) registró más de 13.000 adultos solteros procedentes de Venezuela en la frontera sur de EE.UU., frente a los 96 de diciembre de 2020, según datos de la agencia.

Una crisis humanitaria y la inestabilidad política se han apoderado de Venezuela en los últimos años. Alrededor de 6 millones de personas han huido del país, de acuerdo con la ONU, generalmente a otras partes de América Latina que también tuvieron dificultades durante la pandemia.

De hecho, el deterioro de la situación en Venezuela se ha reconocido de manera bipartidista. El año pasado, los senadores Marco Rubio, republicano, y Bob Menéndez, demócrata, presentaron una resolución del Senado en la que expresaban su alarma por la situación del país.

Colombia también concedió un estatus legal temporal a los venezolanos que llegaron al país, permitiéndoles trabajar legalmente. Pero, aquellos que optaron por viajar a la frontera de Estados Unidos para buscar protección allí quedan ahora con la expulsión a Colombia a miles de kilómetros de distancia de la posibilidad de solicitar asilo.

La situación de la frontera entre EE.UU. y México ha perseguido al gobierno de Biden desde sus primeros días, a medida que un número cada vez mayor de migrantes llega a este lugar para huir del deterioro de las condiciones en el hemisferio occidental. Los republicanos han aprovechado recientemente las liberaciones de migrantes ––algunos de los cuales no se pueden expulsar debido a su nacionalidad–– para mostrarlas como otro ejemplo de lo que describen es un mal manejo del gobierno en la frontera.

Bajo una polémica orden de salud pública, conocida como Título 42, las autoridades pueden expulsar rápidamente a los migrantes que se encuentren en la frontera sur de EE.UU. Esto impide, de hecho, que los solicitantes de asilo presenten su petición y marca una desviación sin precedentes del protocolo anterior. La medida se implementó al comienzo de la pandemia de covid-19, a pesar de las sospechas entre los funcionarios de que tenía una motivación política.

La Casa Blanca se ha remitido en repetidas ocasiones a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre el futuro de la política. En ese sentido señala que la agencia la considera necesaria dadas las variantes delta y ómicron del coronavirus.

El jueves pasado, el Departamento de Seguridad Nacional devolvió a dos ciudadanos venezolanos a Colombia, donde habían residido previamente, dijo el departamento a medios estadounidenses, añadiendo que se espera que los vuelos a Colombia se realicen «de forma regular».

«Como parte de los esfuerzos de mitigación del covid-19 de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continúa aplicando la autoridad de salud pública del Título 42 de los CDC con todos los individuos que se encuentran en la frontera suroeste. Sin embargo, la capacidad del DHS para expulsar a los individuos puede ser limitada por varias razones, incluyendo la habilidad y capacidad de México para recibir individuos de ciertas nacionalidades», dijo el departamento en un comunicado. También añadió que el DHS ha devuelto a los migrantes a terceros países de la región donde habían vivido o tenían estatus.

El departamento también reconoció la precaria situación de Venezuela al conceder una forma de ayuda humanitaria a los venezolanos que ya están en Estados Unidos.

Aun así, el gobierno de Biden sigue confiando en la orden de salud pública y recientemente la defendió en corte. Justamente, una medida que recibió críticas de los defensores de los inmigrantes y de los legisladores demócratas. La reciente decisión de expulsar a migrantes de Venezuela ––un país en crisis–– a Colombia revela una mayor dependencia sobre la orden de salud pública, en medio de un creciente número de venezolanos que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México.

En diciembre, la CBP de EE.UU. registró 24.819 venezolanos en la frontera sur de EE.UU., entre adultos solos, familias y menores. Lo que representa un aumento con respecto al mes anterior y una tendencia al alza. Como punto de comparación, en diciembre de 2020, la CBP solo encontró unos 200 migrantes venezolanos, según datos de la agencia.

Mientras que decenas de miles de migrantes han sido rechazados en la frontera entre México y Estados Unidos, algunos, como los sudamericanos, no son aceptados por México. Por lo tanto, esas personas en gran medida no pueden ser expulsados. En virtud de la autoridad sanitaria, el DHS ha expulsado a migrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Brasil.

Algunos migrantes de Venezuela cruzaron la frontera en Yuma, Arizona, a menudo volando a un aeropuerto en México y luego cruzando en una brecha a lo largo del río Colorado, acortando el viaje a solo días. Es la opción más viable para muchos venezolanos y brasileños, por ejemplo, que no pueden obtener una visa que les permita trabajar en EE.UU., o que no pueden permitirse la larga espera del proceso de inmigración legal. Recientemente, México puso en marcha nuevas restricciones de visado para los venezolanos que viajan a México.

Estados Unidos ya tomó medidas para tratar de reducir el número de migrantes en la frontera con México. El año pasado, el gobierno comenzó a trasladar al interior de México a los migrantes aprehendidos en la frontera sur y sujetos a la política fronteriza de la era Trump vinculada a la pandemia.

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