La iniciativa cambiaría el modelo migratorio de una forma drástica, siendo los venezolanos unos de los grupos más afectados para la obtención del asilo.

El presidente Donald Trump anunció un plan para cambiar el proceso para pedir asilo en Estados Unidos.

Trump instruye al secretario interino de Seguridad Nacional y al fiscal general, tomar medidas para reformar el sistema de asilo, el cual —insiste— está “en crisis”. Trump les otorgó un plazo de 90 días para proponer regulaciones.

En un memorando presidencial, Trump dice que quiere cobrarles a los solicitantes de asilo por procesar sus formularios de autorización de asilo y empleo. La carta dice que el precio no excedería el costo de procesar las solicitudes, pero no queda claro cuánto podría ser.

Los funcionarios de la Casa Blanca y de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a las preguntas de la agencia de noticias AP sobre la cantidad de solicitantes que podrían verse obligados a pagar, y no está claro cuántas familias que huyen de la pobreza podrían tener que pagar esa cuota.

Trump además quiere prohibir que todo aquel que ingresó o intentó ingresar ilegalmente al país obtenga autorización para trabajar. También que los funcionarios revoquen de inmediato las autorizaciones de trabajo cuando se niega el asilo a las personas y se les ordena que se retiren del país.

“El propósito de este memorándum es fortalecer los procedimientos de asilo para salvaguardar nuestro sistema contra el abuso desenfrenado de nuestro proceso de asilo”, dice Trump. El presidente espera que dentro de las regulaciones “todas las solicitudes de asilo se decidan en un periodo no mayor a 180 días, excepto para aquellos que representen circunstancias excepcionales”.

El presidente pide a Seguridad Nacional que reasigne a los oficiales de inmigración y a cualquier otro personal “para mejorar la integridad de las adjudicaciones de reclamos de temor creíbles y razonables, para fortalecer la aplicación de las leyes de inmigración y para garantizar el cumplimiento de la ley por parte de aquellos extranjeros que tienen Órdenes finales de expulsión”.

Los arrestos a lo largo de la frontera sur se han disparado en los últimos meses, con los agentes de la frontera realizando más de 100.000 arrestos o denegaciones de entrada en marzo, un máximo de 12 años.

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