Yolanda Díaz, ha destacado que en tres años se ha regularizado la situación laboral de más de 80.000 personas que trabajaban como falsos autónomos. De hecho, 40.000 de ellas se han regularizado en 2022, lo que supone «cifras récord» en la actuación de la Inspección de Trabajo.
«Estamos en cifras récord. Como digo siempre, no va a quedar nadie fuera de la ley en nuestro país, para esto sirve la Inspección de Trabajo y el principio de legalidad en España», ha afirmado la vicepresidenta antes de participar este lunes en un coloquio con jóvenes organizado por Ayuda en Acción. Según ha señalado, contratar falsos autónomos «es la peor práctica» porque supone eludir cotizaciones a la Seguridad Social, que es de donde salen las pensiones públicas. Asimismo, ha señalado que estas prácticas «despojan y privan» a los trabajadores de sus derechos de movilización, reunión y negociación colectiva.
«Se encubren relaciones laborales que eran ordinarias a costa de esas personas trabajadoras, muchas de ellas jóvenes», ha afirmado Díaz, que ha subrayado que la precariedad es el principal problema del mercado de trabajo español. «En el Ministerio de Trabajo tenemos un abordaje completo hacia el principal problema del mercado de trabajo, que es la precariedad, acabar con la precariedad. No solo hemos hecho la reforma laboral, sino que hemos desarrollado una estrategia transversal que tiene que ver con acabar con la precariedad», ha remarcado la ministra.
En esta línea, ha agradecido a la Inspección de Trabajo su labor en la regularización de los falsos autónomos en el mismo día en que los sindicatos de este organismo han convocado concentraciones en todas las sedes.
La Inspección de Trabajo, en huelga
No obstante, los sindicatos de la Inspección de Trabajo irán a huelga este miércoles, 25 de enero, para exigir al Gobierno el cumplimiento del acuerdo alcanzado el 7 de julio de 2021. Los sindicatos denuncian la falta de personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas. Además, sostienen que el año pasado quedó sin ejecutar más del 20% del presupuesto previsto para la Inspección de Trabajo.
Sobre esta movilización, Díaz ha indicado que el organismo ha visto mejoradas sus condiciones en esta legislatura y se ha mostrado «optimista» sobre las negociaciones que se mantienen para el cumplimiento del acuerdo de refuerzo de este organismo y cuyo desarrollo depende del Ministerio de Hacienda.
«La Inspección de Trabajo ha visto mejorada sus condiciones y su presupuesto de manera histórica en esta legislatura, cosa que no se había hecho nunca. Hay un debate en el seno del Gobierno respecto a esta cuestión, pero soy optimista y avanzaremos en las negociaciones», ha asegurado Díaz.
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