Los administradores de la firma de asesoramiento Q-Renta han sido condenado por el juzgado 25 de Barcelona a pagar a un matrimonio de jubilados 387.069 euros, más los intereses de demora, como indemnización tras la demanda interpuesta por Asufin, según informó la asociación en un comunicado.

Los magistrados han visto acreditado que la firma captaba patrimonio de los inversores a los que supuestamente asesoraba de manera independiente para luego destinarlo a empresas del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en las que sus gestores tenían intereses económicos.

De esta forma, Asufin ha ganado la primera de las treinta de demandas interpuestas contra la firma de asesoramiento fraudulenta Q-Renta que suman cerca de 2,5 millones de euros. Se trataba de «una suerte de trilerismo financiero», según el autor de la demanda, Fernando Gavín, abogado colaborador de Asufin.

Según recoge la sentencia, Q-Renta procedió a contratar diversos productos del MAB, de riesgo muy elevado y gran complejidad incurriendo además en una situación de conflicto de intereses al estar la sociedad demandada y sus empleados directamente relacionados con los productos comercializados».

La sentencia cita varios informes de la Unidad de Vigilancia del Mercado, órgano especializado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que prueban que Q-Renta llevó a cabo «manipulación en la cotización de los valores, en perjuicio de sus clientes» y que se aprovechó de su condición de colocadora de productos en el mercado y su relación directa con las indicadas empresas del MAB, como La Playa, Jomartau o Via Fora.

En concreto, explican que la operativa de Q-Renta lesionaba «de forma evidente» los intereses de sus clientes al controlar la gran parte de la operativa de estos valores en el mercado por cuanto que, al margen del conflicto de intereses evidente, «mantenía de forma artificial la demanda, la oferta y la liquidez, haciendo creer a los clientes de Q-Renta que se podían deshacer de estas posiciones». Invertían en un mercado sin prácticamente liquidez, demanda real ni alternativa cierta de recuperar sus inversiones.

El despacho colaborador de Asufin en esta causa, Justicia y Derecho, trabaja sobre 35 expedientes de afectados por Q-Renta y ya ha presentado 19 demandas al concurso de acreedores en el que se encuentra la firma de inversión. Hay inversores que reclaman cantidades superiores a los 200.000 euros, otros muchos, en torno a 60.000 y 18.000 euros hasta sumar los 2.487.221 euros que exigen todos los afectados que defiende Asufin por esta causa.

«Este tipo de casos alerta de la facilidad con la que entramados financieros de tipo fraudulento pueden captar el patrimonio de pequeños inversores y escapar al radar de nuestros reguladores y supervisores del mercado. No podemos consentir que cuando las unidades de detección de fraude dan con el paradero de estos estafadores sea demasiado tarde para un buen número de inversores a los que no llegó ninguna señal preventiva de que iban a ser engañados», ha declarado la presidenta de Asufin, Patricia Suárez