Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, se ha mostrado en contra de las medidas del Gobierno estipuladas en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y ha asegurado que no es aconsejable subir la presión fiscal en medio de la pandemia.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, a la que ha acudido para exponer su visión de las nuevas cuentas públicas presentadas por el Gobierno, Hernández de Cos ha enfatizado que la recuperación de la economía presenta «evidentes síntomas de fragilidad» y se encuentra «sometida a considerables riesgos a la baja» por la evolución de la pandemia de Covid-19 que, ha dicho, «no aconsejan un aumento generalizado de la presión fiscal».

«Posiblemente, hubiera sido preferible retrasar la introducción de, al menos, algunas figuras hasta que la recuperación económica fuera más robusta», ha aseverado el gobernador que, además, ha señalado la «notable incertidumbre» que condicionan la previsión de recaudación, ante la falta de referencias de las nuevas figuras fiscales y el posible empeoramiento de las perspectivas económicas por la pandemia y sus efectos en la actividad.

Además, ha remarcado la necesidad de que cualquier modificación impositiva esté enmarcada dentro de una reforma tributaria integral y, sobre las tasas ‘Google’ y ‘Tobin’, ha defendido la necesidad de coordinación internacional para evitar «efectos negativos».

PLANTEA UN AUMENTO «FOCALIZADO» DEL SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS

Respecto a la subida de sueldos públicos y pensiones, referenciada en los Presupuestos a la previsión de crecimiento del IPC el próximo año (+0,9%), ha asegurado que los riesgos sobre la inflación en las nuevas cuentas «están sesgados a la baja», por lo que cree que esta previsión «superará claramente» la inflación final.

Esto significaría que, finalmente, estas retribuciones crecerían por encima del IPC en un contexto, ha incidido, de «importante destrucción del empleo» y de «deterioro muy acusado sin precedentes en las cuentas públicas».

Frente a ello, ha dicho que «sería más conveniente que, en lugar de incrementos salariales generalizados», se contemplaran «aumentos más focalizados» de estas retribuciones «de acuerdo con criterios objetivos». Concretamente, Hernández de Cos ha citado al colectivo de trabajadores sanitarios.

Y es que el gobernador ha señalado cómo en los últimos meses la tasa de inflación «ha sido ampliamente negativa», del -0,9% en octubre, y ha recordado que, pese a contemplarse para este mismo año un aumento de las pensiones al 0,9% acorde a la inflación prevista, este incremento superará a la inflación real, del -0,3%, según la previsión del Banco de España.

MÁS INGRESOS, JUBILACIÓN MÁS TARDÍA O RECORTE DE PENSIÓN

Durante su intervención ante la Comisión de Presupuestos, el gobernador también se ha referido a la renovación de las recomendaciones en el Pacto de Toledo, señalando que la traslación de gastos del sistema planteado por el Congreso permitirá reducir el déficit o incluso eliminarlo, pero también a costa de engrosar el de la Administración Central.

En todo caso, ha recordado que la recuperación del IPC como referencia para la subida de las pensiones aumentará en tres puntos porcentuales el gasto en pensiones en las próximas tres décadas (unos 30.000 millones), por lo que ha planteado la necesidad de adoptar medidas como el aumento de los ingresos del sistema, una reducción de la cuantía de la pensión o incremento de la «edad efectiva de jubilación».

«No es el momento de recuperar el poder adquisitivo en un momento de incertidumbre y aumento del paro y déficit significativo; haber sido prudente era una necesidad de no volver a aumentar estructuralmente el gasto público y de dañar las finanzas públicas», ha enfatizado Hernández de Cos.

SE NECESITARÁ UNA DÉCADA DE AJUSTES PARA EL DÉFICIT ESTRUCTURAL

A este respecto, el Banco de España estima un déficit estructural del 5% del PIB al final de la pandemia, una cifra rodeada de «elevados niveles de incertidumbre» que se ha calculado sobre el nivel estimado de 2019 (3,1% del PIB), sumando gastos estructurales como los del sistema sanitario (dos o tres décimas) o el ingreso mínimo vital, además de los 30.000 millones en tres décadas por ligar pensiones al IPC.

Además, ha apuntado que la ausencia de medidas de consolidación presupuestaria haría que la deuda pública se situase en valores cercanos al 130% del PIB durante los próximos 15 años.

Dado que las normas europeas, actualmente en suspenso, marcan un ritmo anual de reducción del déficit estructural de 0,5 puntos porcentuales, ha estimado que ello conduciría aproximadamente a una década de ajuste para cerrar el déficit estructural.

Por ello, ha vuelto a urgir la elaboración «sin dilación» de un «plan pormenorizado» para la corrección progresiva de los desequilibrios presupuestarios a aplicar una vez que se hayan superado las consecuencias de la pandemia sobre la economía, y pide que se comunique de forma anticipada porque resultará «muy útil para anclar la credibilidad de las políticas económicas de España», así como para la financiación. Ve «absolutamente prioritario» el diseño del programa porque la situación de las finanzas públicas dejan «escaso margen de maniobra» para futuras perturbaciones.

PIDE POLÍTICA «EXPANSIVA» PERO CON MEDIDAS «FOCALIZADAS Y TEMPORALES»

Para Hernández de Cos, la política fiscal tiene que seguir teniendo un «papel expansivo» y no ha descartado que se tengan que incorporar algunas de las medidas discrecionales que se han dejado de utilizar, pero cree que hay que cambiar algunos instrumentos, sugiriendo no seguir enfatizando en los instrumentos de deuda, aunque los avales del ICO «siguen siendo necesarios», y sustituirlo por recapitalizaciones o subvenciones directas de cara a las reestructuraciones de deuda para afrontar la vulnerabilidad de las empresas «viables».

«Las medidas de ahora tienen que ser mucho más focalizadas, no tan genéricas, y temporales para no hacer que el déficit estructural aumente significativamente», ha dicho.

REVISIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO Y DE LA EFICIENCIA DEL GASTO

También pide una «reforma profunda e integral» del sistema tributario, así como una revisión de la eficiencia del gasto público, en línea con los trabajos que está desarrollando la AIReF.

Ha avisado de posibles desviaciones en el gasto, en partidas relacionadas como el gasto sanitario, los ERTE o las prestaciones de desempleo por previsiones de paro «demasiado optimistas» y ha rechazado por ello incrementos como el de pensiones y sueldo de funcionarios al elevar el gasto estructural.

En el lado de los ingresos, ha destacado cómo la estructura impositiva refleja una «escasa» recaudación por impuestos indirectos y menos también de los especiales, particularmente ambientales, señalando cómo el llamado ‘impuesto al diésel’ contemplado en los Presupuestos viene a corregir esta situación, y también en el Impuesto sobre Sociedades.

De Cos ha señalado el mayor número de bienes y servicios gravados con tipos reducidos o súperreducidos en el IVA, pero también ha destacado el «amplio margen para reconsiderar el nivel de beneficios fiscales», que a su juicio en España es «particularmente elevado» y que, además de provocar una merma en la recaudación, también produce «distorsiones que dañan los principios de eficacia y equidad» del sistema.

Presupuestos Generales del Estado de 2021, ¿cómo se reparten?