María Jesús Montero, ministra de Hacienda, ha reafirmado que no hay otras opciones al decreto ley sobre el uso de los remanentes de los ayuntamientos, que fue aprobado por la mínima en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)

En su comparecencia en el Congreso, Montero ha señalado que la fórmula que pactó con el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, es «un buen acuerdo» para que los ayuntamientos que quieran puedan hacer uso de sus remanentes y repartirse además 5.000 millones adicionales.

Todo ello, sin saltarse las normas, ya que, según ha recordado, el articulo 135 de la Constitución y la posterior Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria impiden a los ayuntamientos hacer uso de sus remanentes, y son dos normas cuya reforma exige unas condiciones que no dan hoy en España. de sus remanentes sin saltarse la Constitución ni la Ley de Estabilidad. «Es el único mecanismo que hemos encontrado, no se nos ocurre ningún otro alternativo», ha avisado a la oposición.

En ese contexto, la ministra ha dicho que «lo único» que puede ofrecer a la oposición es no poner en marcha el fondo de remanentes hasta que el decreto sea convalidado y tramitar después como la norma como proyecto de ley para que el Congreso pueda perfeccionar esa parte.

«Es lo más que puedo plantear. Soy absolutamente clara y sincera», ha zanjado, pidiendo que la financiación municipal no se convierta en otro argumento de pelea partidista.

EL PP Y VOX LO RECURRIRÁN EN EL TC

«Es un despreciable chantaje a los ayuntamientos», ha sido la respuesta de la portavoz del PP, Carolina España, que ha aconsejado al Gobierno retirar el decreto para evitar la derrota y volver a abrir una negociación con los ayuntamientos. Y si el Ejecutivo sigue adelante, recurrirán al Tribunal Constitucional.

En similares términos se ha pronunciado Víctor González Coello de Portugal, de Vox, quien asegura que no participa en este «latrocinio» y que recurrirá este mecanismos por todas las vías a su alcance.

Carmen Martínez Granados, de Ciudadanos, ha dicho que el acuerdo de Hacienda y la FEMP pone a los ayuntamientos «entre la espada y la pared» y ve «preocupante» que el Gobierno no tenga una solución mejor, A su juicio, hay que intentar reformas legales para habilitar un fondo, como se ha hecho con las comunidades, para que todos los municipios puedan recurrir, tengan o no remanentes, y sin condicionar sus medidas.

PUES CAMBIE LA LEY MONTORO

Para Joan Margall, de ERC, hay una alternativa, que es la de tramitar una reforma urgente de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como así se comprometió el Gobierno de coalición, y así romper el marco de «la austeridad». Mientras tanto, sus ayuntamientos mantienen su negativa a transferir sus remanentes al Estado. Tampoco colaborarán los consistorios gobernados por Bildu, según su portavoz, Mertxe Aizpurua.

También el BNG, por boca de su diputado, Néstor Rego, aboga por derogar la Ley Montoro, al igual que sus compañeros de grupo, Joan Baldoví, de Compromís, y Ferran Bel, de Junts, que piden reabrir la negociación.

El PNV tampoco comparte la fórmula del Gobierno, pues es un parche que además no tiene en cuenta los regímenes forales de Euskadi y Navarra, y recha que el Gobierno traslade a la oposición «la espada de Damocles». Según la diputada Idoia Sagastizabal, del PNV hay mayorías suficientes para modificar las leyes.

Ni siquiera Unidas Podemos ha defendido el decreto ley. Gerardo Pisarello, de En Comú, rechaza la cesión de los remanentes al Estado y cree que se está a tiempo de buscar otra fórmula».

APARQUEMOS EL FONDO, SI QUIEREN

La ministra ha replicado que en el decreto hay cuestiones urgentes que requieren su aplicación inmediata y que no pueden frustrase con su derogación, pero, como las críticas se centran en el fondo de remanentes, ha reiterado su oferta de congelar la puesta en marcha de este mecanismo a la espera de que el Congreso estudie posibles mejoras en este punto.

A su juicio, lo que busca el PP es «tumbar» el decreto ley para desgastar al Gobierno, pero ha replicado que los perjudicados son los ayuntamientos.

La polémica fórmula de salvar los obstáculos legales para gastar los remanentes