El Gobierno tampoco prevé ampliar la renovación del bono social eléctrico, que forma parte de las medidas denominadas de ‘escudo social’ ante la pandemia

El Gobierno no prevé ampliar más allá del mes de septiembre la prohibición de cortes en servicios esenciales como la electricidad, el gas y el agua, así como la prórroga de renovación automática del bono social eléctrico, medidas que fueron adoptadas en el estado de alarma dentro del ‘escudo social’ ante la crisis por el Covid-19.

En una entrevista concedida a Europa Press, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se mostró partidaria de «poner orden» a este respecto, «en lugar de funcionar sobre la base de medidas extraordinarias prolongadas».

El pasado mes de julio, el Ejecutivo aprobó una extensión de la vigencia automática del bono social y de la prohibición de cortes de suministros básicos hasta finales de septiembre.

En abril, se extendió los colectivos que podían recibir el bono social de la electricidad, aunque se trataba de una ampliación excepcional y sólo temporal para atender la situación extraordinaria que algunos consumidores podían sufrir por la crisis por la pandemia. Así, se permitía ser benefactores a personas que cumplieran determinados umbrales de baja renta familiar y que acreditaran que eran autónomos que han cesado su actividad o que habían visto reducida su facturación en un 75% durante la emergencia sanitaria.

A este respecto, Ribera indicó que si puntualmente en los próximos meses vuelve a darse una situación extraordinaria, «pues habrá que buscar una solución extraordinaria».

No obstante, consideró que es necesario «regular razonablemente que todo el mundo sepa a qué está jugando» con estas medidas, ya que si se prolongan en el tiempo, se trasladaría a terceros «una situación que tampoco podrían soportar mucho tiempo».

En este sentido, la vicepresidenta cuarta del Gobierno señaló que ya se había avanzado en «medidas de acompañamiento» con la aprobación de la Estrategia contra la Pobreza Energética, con la que se hizo «prácticamente automática» la extensión del bono social energético, y que van a seguir funcionando «sí o sí».

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