El SEPE se ha visto desbordado por la cantidad de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) debido a la pandemia de Covid-19 y en cuatro meses ha consumido más del 40% de su presupuesto
El servicio público de empleo estatal ya ha consumido en apenas cuatro meses —últimas cifras oficiales— el 41,34% del presupuesto inicial con el que contaba para el conjunto del año. O el 44,26% si se incluyen las obligaciones reconocidas de ejercicios anteriores. Y eso que todavía no ha contabilizado el grueso de los ERTE. Hasta ahora, solo lo ha hecho de forma marginal, porque a 30 de abril muchas prestaciones estaban sin pagar.
En cuatro meses, el SEPE ha gastado algo más de 7.198 millones de euros de los 17.410 millones que tenía previsto destinar a desempleo contributivo en todo el año, y cuyo presupuesto, al tratarse de un crédito ampliable, tendrá que aumentar de forma automática sin necesidad de reclamar un incremento del gasto. De esos casi 7.200 millones de euros, alrededor de 6.800 millones corresponden a las prestaciones ‘ordinarias’ que paga el SEPE a los parados, y que son anteriores al covid-19.
Eso quiere decir que aunque en abril se reconoció la inmensa mayoría de las prestaciones, tantas como les dio tiempo a los funcionarios del servicio público de empleo, el desembolso, en un número muy importante, no se realizó. Simplemente, porque el SEPE paga a mes vencido, entre el 10 y el 15 de cada mes, lo que explica que, por razones extraordinarias, la mayoría de los bancos anunciara que adelantaría el pago unos días. Hay que recordar que el reconocimiento de la prestación (que se tarda apenas un día y medio) no significa que se pague inmediatamente, ya que eso depende de los plazos legalmente tasados.
Los pagos del actual mes de mayo, por lo tanto, corresponden a prestaciones reconocidas entre la segunda quincena de marzo y la parte del mes de abril que dio tiempo a resolver a medida que entraban los expedientes. En abril, por lo tanto, muy pocos parados cobraron el subsidio. El gasto adicional, de hecho, apenas asciende a poco más de 400 millones de euros respecto de lo que es una nómina ‘ordinaria’ del SEPE. Es decir, la diferencia entre los 7.200 millones ya gastados en términos de caja (las obligaciones reconocidas son muy superiores) y los 6.800 millones que corresponden a los parados de antes de la pandemia.
Expresado de otra forma, las prestaciones reconocidas en marzo o abril se habrían tenido que pagar durante la segunda semana de mayo, y, en la misma línea, las de mayo se deberían cobrar en la segunda semana de junio. Por lo tanto, hasta que el SEPE no revele lo que se ha gastado este mes de mayo, que es el mes clave, no se sabrá oficialmente cuántos trabajadores han cobrado ya el desempleo. Sin embargo, esa información no será pública hasta la primera decena de junio.
A mes vencido
La ministra Yolanda Díaz avanzó este lunes en el Congreso que la nómina de los ERTE en abril fue de 4.512 millones de euros, pero esa cifra, necesariamente, o incluye los pagos del desempleo previos al covid-19, y que, como se ha dicho, son unos 1.700 millones de euros mensuales, o se refiere a las obligaciones que han sido contablemente reconocidas por el Estado, pero no necesariamente pagadas.
En la primera quincena de mayo, por lo tanto, el grueso de trabajadores en ERTE habrá cobrado la prestación, ya que, como se ha dicho, se paga a mes vencido.
La cifra que maneja el Gobierno es que actualmente alrededor de 300.000 trabajadores aún no habrían cobrado el desempleo, muy lejos de los datos que esgrimen algunas organizaciones, que prácticamente la triplican.
Suspensión de empleo
De ese número, unos 50.000 tendrían que ver con problemas administrativos vinculados a la tramitación de los ERTE: nombres de los beneficiarios mal identificados, problemas formales o simples errores. Por lo tanto, el retraso afectaría a alrededor del 7% de los afectados por la suspensión de empleo, aunque esta cifra varía continuamente debido a que el número de trabajadores que salen de un ERTE va en aumento debido a la apertura parcial de muchas actividades económicas. Las empresas, como se sabe, pueden tener a una parte de su plantilla sin trabajar y a otra en actividad.
La factura mensual de los expedientes de suspensión temporal de empleo se sitúa en cerca de 2.900 millones de euros, que es el resultado de multiplicar la cuantía media por beneficiario de la prestación contributiva, 850 euros, por los 3,38 millones de trabajadores que se encuentran actualmente acogidos a algún ERTE, y cuyo número se está reduciendo a medida que se reanudan muchas actividades. La cifra, como sostienen fuentes oficiales, está disminuyendo día a día en coherencia con la entrada de las comunidades autónomas en nuevas fases de desescalada.
A esa partida, en todo caso, hay que añadir las cotizaciones sociales que paga el Estado mientras el trabajador se encuentra en situación de desempleado, y que pueden suponer otros 900 millones de euros adicionales. En total, alrededor de 4.000 millones mensuales, a lo que hay que añadir el coste del desempleo ‘ordinario’ anterior al covid-19. Por lo tanto, es probable que en mayo el coste del desempleo se haya disparado hasta los 5.700 millones en un solo mes, la tercera parte de lo que se había presupuestado para todo el año.
