Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieren traspasar a todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados en Educación Especial a colegios ordinarios sin consultar a padres ni sindicatos profesionales

Los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno han decidido, en pleno estado de alarma, reactivar la tramitación, a espaldas de la sociedad y con su capacidad de reacción anulada por la pandemia, una Ley de Educación que promueve la eliminación de los Centros de Educación Especial.

Desde la declaración de un estado de alarma histórico como el que estamos viviendo en España, el Gobierno, como es lógico, ha suspendido los plazos administrativos y procesales. Sin embargo, eso no ha sucedido con los trámites parlamentarios.

Los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos han decidido aprovechar esta situación excepcional, dramática para miles de personas que están perdiendo a sus seres queridos, valerse del caos y la incertidumbre sanitaria, social, económica, educativa y política que vivimos en el país durante las últimas semanas, para seguir tramitando la Ley de Educación (la conocida como Ley Celaá), a espaldas de la mayoría de la sociedad que desconoce lo que está pasando y no puede manifestarse democráticamente al respecto.

El plazo para presentar enmiendas a la totalidad de la Ley finalizó el pasado 24 de abril y el próximo 29 de abril concluye el de presentación de enmiendas parciales.

Valerse de esta situación, en la que los ciudadanos no podemos manifestarnos ni salir a la calle para mostrar un rechazo a una ley que supone una tragedia para nuestros hijos, es la mejor forma de amordazar a las miles de personas con discapacidad intelectual, familias y docentes que estamos en contra de esta ley, y evitar que podamos hacer ruido.

Hace unos meses, ya manifestamos nuestra oposición a la Disposición Adicional Cuarta del Anteproyecto de Ley que pretende:

(i) limitar los Centros de Educación Especial únicamente a “los alumnos que requieran una atención muy especializada”
(ii) eliminar la mayoría de los Centros de Educación Especial existentes, arbitrariamente, en 2030. Durante las semanas anteriores al estado de alarma pedimos a la responsable de Educación y Universidades del PSOE, M. Luz Martínez Seijo, la eliminación de la controvertida y polémica disposición adicional cuarta de la Ley; Si Pedro Sánchez/Pablo Iglesias no querían cerrar los colegios de Educación Especial, como venían manifestando públicamente, no tenía ningún sentido dicha disposición. Sin embargo, el texto que se está tramitando sigue incluyendo la Disposición Adicional Cuarta (Ver texto anexo).

A la vista de esta situación, la Plataforma “Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIEN” muestra su absoluto rechazo a la estrategia empleada por el Gobierno para amordazar a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias y docentes, y pedimos la movilización social en redes sociales y medios de comunicación de quienes como nosotros estén en contra del cierre de los colegios de Educación Especial.

Que se enteren #nocierresmicole, #sancheznocierresmicole.