El Banco Central Europeo (BCE) busca acelerar la transición hacia una economía baja en carbono con la medida que entrará en vigor a partir del segundo trimestre de 2021
El Banco Central Europeo (BCE) permitirá a las entidades financieras ahorrarse hasta un 25% en consumo de capital en caso de que demuestren su apoyo a la economía baja en carbono a partir del segundo trimestre de 2021.
El supervisor ha decidido incluir en el reglamento sobre requisitos de capital (CRR) bonificaciones a las entidades que concedan financiación a operaciones orientadas hacia la transición a una economía menos intensiva en carbono.
Así lo ha decidido tras identificar este 2019 y por primera vez los riesgos climáticos como riesgo a seguir desde la perspectiva supervisora.
De este modo, a partir de su entrada en vigor, estimada para mediados de abril de 2021, las entidades financieras podrán beneficiarse de una reducción en su consumo de capital del 25%. Para acogerse a esta optimización del BCE, tendrán que mostrar un análisis suficiente que derivará en potenciales impactos en el rating y en el pricing.
«Esta posibilidad de ahorro en el capital podría dar lugar a que las entidades sean más sostenibles y actúen, ya sea por convicción o por coacción», sostiene el director de servicios de consultoría del sector financiero en KPMG España, Pablo Vañó Francés.
A día de hoy, las empresas están obligadas a divulgar información sobre cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, sobre derechos humanos o sobre la lucha contra el soborno y la corrupción.
Estos requisitos de información no financiera permiten a las compañías lograr una mayor toma de conciencia y comprensión de riesgos, conseguir una base de inversores más variada y un coste de capital potencialmente inferior, establecer un diálogo más constructivo con las partes y una mejor reputación de la empresa.
No obstante, no existe por el momento ninguna regulación que penalice o bonifique la consecución de objetivos ESG, si bien hay diferentes iniciativas internacionales y nacionales a partir de las cuales se han creado grupos de trabajo que están analizando un marco adecuado, como es el caso del CRR.
Según el socio responsable del Sector Financiero de KPMG España, Francisco Uría, la idea del BCE es, en primer lugar, ‘empujar’ al sector financiero hacia la aplicación de criterios ‘verdes’ para que éstas los trasladen a la economía real, de forma que se desarrollen actividades y conductas alineadas con estos objetivos.
La mayoría de iniciativas se están originando entre los reguladores de los bancos, como la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), que cuenta con un plan de trabajo para el año que viene, ‘EBA Roadmap 2020’, que incorpora las consideraciones de sostenibilidad y ESG en el marco regulatorio y de supervisión implicando a varias áreas, incluyendo la evaluación de riesgos, pruebas de resistencia (stress test), reporting, datos y disclosure.
Por su parte, la Comisión Europea (CE) aconseja publicar información no financiera que incluya indicadores relevantes con el objetivo de respaldar datos cualitativos relacionados con el clima a los bancos y las entidades aseguradoras, como exposición al riesgo de crédito, volumen de garantías vinculados a activos o actividades que ayuden a mitigar el cambio climático, así como el desglose por actividad del sector de cada tipo de activo gestionado.
Asimismo, el Parlamento Europeo ha recomendado al Banco Central Europeo (BCE) que tenga en cuenta explícitamente el Acuerdo de París y los objetivos ESG en las directrices por las que se rigen sus programas de adquisición de deuda, lo que posteriormente podría usarse como modelo para diseñar una futura política de inversión orientada a objetivos.
En España, el artículo 26 del ‘Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y transición energética’, del 22 de febrero de 2019, establece que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán conjuntamente y cada dos años un informe sobre riesgos al sector derivados del cambio climático.
Las tres autoridades españolas deberán coordinarse en el ámbito de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi) para realizar el informe, que recogerá las sugerencias que, en su caso, considere necesarias para mitigar el riesgo.
Estas iniciativas sin completar contrastan con las prioridades que muestran los inversores a la hora de invertir. Así, se observa una dilación en la concreción a través de la regulación de la integración de criterios ESG (Environment, Social and Governance) en el ámbito financiero de las compañías, frente a la preferencia que los inversores están dando a las finanzas sostenibles.
De hecho, si en el año 2003 solamente tres de cada diez inversores tenían en cuenta criterios sostenibles a la hora de invertir, actualmente hasta el 90% basa sus inversiones en las finanzas ‘verdes’, dejando a un lado la visión cortoplacista.
El socio de Gobierno, Riesgos y Cumplimiento de KPMG en España, Ramón Pueyo, asegura que no existen razones para pensar que una inversión se verá mermada si se incorporan elementos de ESG, subrayando incluso que la mitad de lo que determina el éxito de la misma tiene que ver ya con lo sostenible.
Además, Uría sostiene que hay más liquidez en el mercado que atiende criterios ESG, que en el resto, aunque el problema actual radica en que aún no existe una taxonomía clara al respecto, empezando por la propia definición sobre qué debe ser considerado sostenible.
Tampoco hay una armonización de los criterios, hasta el punto en el que las grandes agencias de calificación, como Moody’s, S&P o Fitch, ya los contemplan en sus análisis, pero difieren mucho entre unas y otras, de modo que una compañía puede recibir a la vez una nota de sobresaliente y un suspenso.
«Lo que cada agencia entiende como sostenible es diferente al no existir una armonía entre los estándares mundiales. La metodología para examinar es todavía muy dispar», indica Pueyo.
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