Competencia sanciona a ocho empresas lácteas por intercambiar información
La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un importe total de 80,6 millones de euros a ocho empresas, incluyendo a Danone y Nestlé
La CNMC ha considerado que la conducta de las empresas fue «ilícita» al «intercambiar información lo que les permitía coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos».
Las empresas sancionadas han sido Corporación Alimentaria Peñasanta (21.864.645), Danone (20.277.100), Grupo Lactalis Iberia (11.692.998), Industrias Lácteas de Granada (10.269.557), Calidad Pascual (8.560.363), Nestlé España (6.860.000), Schreiber Food España (929.644), Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (90.000), Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (60.000) y Central Lechera Galicia (53.310).
Según ha informado la CNMC, «este expediente tuvo su inicio a raíz de un estudio sobre el sector lácteo remitido por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León».
En el mismo se manifestaba la posible existencia de conductas restrictivas en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda y de una denuncia formulada por la Uniones Agrarias (Unión de Pequeños Agricultores, UPA) contra las empresas transformadoras de leche.
Tras una investigación, que incluyó inspecciones domiciliarias simultáneas en las sedes de algunas de las principales empresas del sector y tras la instrucción del correspondiente expediente sancionador, la CNMC ha considerado que dichas empresas «han participado y son responsables de conductas anticompetitivas que infringen la legislación de competencia».
Asimismo, se destaca que también han participado en las conductas, las entidades Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana, si bien su infracción ha prescrito.
La CNMC denuncia prácticas anticompetitivas
Las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por los infractores han consistido en intercambiar información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche cruda de vaca, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche.
Estos intercambios de información, según la CNMC, tenían como objetivo común «consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca».
Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales.
Esta información, según la CNMC, permitía a las empresas «ajustar su comportamiento y evitar ofrecer mejores precios y condiciones comerciales a los ganaderos, limitando la competencia en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda».
Como consecuencia, «los ganaderos, carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores».
Según figura en los registros de Competencia, el expediente arrancó en 2011 con la llegada de documentación referida a la fijación del precio de leche cruda de vaca en Castilla y León y Galicia.
En 2012, se realizaron inspecciones en las sedes de estas compañías y comenzó un «procedimiento sancionador» que fue ampliado en abril de 2014; ya en 2015, derivó en una resolución que proponía una multa superior a los 88 millones de euros.
Los recursos presentados por firmas afectadas en sede judicial fueron estimados parcialmente por la Audiencia Nacional, que sin entrar a analizar el fondo del asunto ordenó el pasado mes de octubre retrotraer el procedimiento al momento inmediatamente anterior a abril de 2014.
