Cristina Fernández de Kirchner habría sustraido los fondos públicos a través de una «matriz de corrupción» se habría producido desde mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015

La expresidenta y actual senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner fue acusada formalmente de ser la líder de una asociación que obtuvo de manera ilícita 46.000 millones de pesos (1.000 millones de dólares) a través de la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante su gestión (2007-2015), en beneficio del empresario Lázaro Báez, dueño de la empresa Austral Construcciones, detenido en 2016.

El robo de fondos públicos a través de una «matriz de corrupción» se habría producido desde mayo de 2003, cuando comenzó a gobernar su esposo Néstor Kirchner, hasta el 9 de diciembre de 2015, día del último mandato de la exmandataria, según la lectura de la acusación que realizó el secretario del juzgado este martes en el inicio del juicio, según informó la agencia ‘Sputnik’.

Para «sustraer fondos del Estado, escogieron la obra pública vial como modo propicio», se señaló durante la lectura de los cargos.

«Con estas premisas como norte, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner aportaron a esta organización criminal el poder y la jerarquía que sus respectivos cargos le otorgaban y pusieron en marcha una maquinaria eficaz para sustraer fondos del Estado», destaca la acusación.

Según el documento los dos gobernantes «recibieron una parte de los fondos ilícitos que sustrajeron con un sistema de reciclaje de activos para que canalizaran fondos hacia los exmandatarios y sus hijos».

Acusan el Ministerio Público Fiscal, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera. Hay 12 imputados además de la senadora, van a declarar unos 160 testigos, el expediente tiene 60 cuerpos de 200 páginas cada uno y cuentan con 150 cajas con documentación.

Además de la expresidenta, están en el baquillo de los acusados Julio de Vido, exministro de Planificación, José López, exsecretario de Obras Públicas, Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), Nelson Periotti, extitular de Vialidad, y Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, entre otros.

En el puesto 117 de la lista de testigos figura el político y abogado Alberto Fernández, quien fue jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y por unos meses también de la expresidenta, y quien será precandidato presidencial en una fórmula que la exmandataria completará como aspirante a la vicepresidencia para las elecciones del 27 de octubre.

En principio se celebrará una audiencia semanal aunque se analizará la inclusión de algún día extra para acelerar el juicio, en el que intervienen como querellantes la Oficina Anticorrupción, dependiente de la jefatura de gabinete, y la Unidad de Información Financiera.

La jornada -extremadamente política- había empezado con un descargo en redes sociales de la expresidenta y senadora. Calificó lo de este martes como un nuevo capítulo de la ‘persecución judicial’ que tiene por objetivo enturbiar la futura campaña electoral, en la que la ahora senadora se implicará de lleno como candidata a la Vicepresidencia.

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