La reforma legal impulsada por Donald Trump revolucionará por completo el sistema migratorio estadounidense.

El presidente Donald Trump, anunciará una reforma legal que, de ser aprobada por el Congreso (y no parece fácil, por las reticencias de los demócratas y el escepticismo de los republicanos hasta la fecha), revolucionará por completo el sistema migratorio estadounidense.

Su aprobación, en cualquier caso, puede no ser necesaria, puesto que Trump podría esta utilizando su plan para ganar la reelección en 2020, aún a sabiendas de que no resulta políticamente viable.

¿En qué consiste el plan, diseñado por su asesor principal y yerno, Jared Kushner, durante cuatro meses de trabajo?

En la actualidad, Estados Unidos concede 1.1 millones de permisos de residencia (green cards) al año. La mayoría (el 66%) son permisos de reunificación familiar, es decir, ciudadanos y residentes que traen a familiares al país por ser sus hijos, padres, hermanos, etcétera. El 12% son permisos basados en el trabajo, y el 22% restante son humanitarios (para refugiados, por ejemplo) o repartidos al azar mediante la conocida como “lotería de diversidad”.

Con el nuevo plan reformista de la Casa Blanca, las visas de reunificación familiar caerían a la mitad, del 66% al 33%. Es decir, pasarían aproximadamente de 725,000 a 360,000 al año. Eso implicará probablemente reducir los casos en los que se puede conseguir la green card para un familiar, como ya había intentado antes el Gobierno de Trump, que llama a esto “inmigración en cadena”.

Los permisos de residencia por trabajo aumentarían del 12% al 57%, es decir, de aproximadamente 130.000 a 630.000 al año. Para ello se pondría en marcha un sistema de méritos (experiencia laboral, educación, idiomas, edad, etcétera) que permita atraer a “lo mejor de lo mejor”, según fuentes oficiales.

Por último, el resto de visas bajaría del 22% a sólo el 10%, es decir, de 240,000 a 110,000 al año, lo que probablemente afectaría tanto a la lotería de diversidad (que Trump detesta) como a las visas por razones humanitarias.

Respecto a la seguridad fronteriza, el plan prevé la construcción de barreras físicas (es decir, el muro o valla prometido por Trump) en 33 puntos de la frontera. No se ha aclarado aún dónde y por cuántas millas. El proyecto permitiría además el “despliegue rápido” de seguridad en los puertos de entrada, ahora mismo colapsados por la llegada de solicitantes de asilo.

El plan omite a los soñadores, lo que podría dificultar el apoyo de los demócratas. Los jóvenes llegados al país ilegalmente de la mano de sus padres cuando eran niños se enfrentan a la deportación si la Corte Suprema, como parece previsible, respalda el final del programa de “acción diferida” que les ha protegido hasta ahora (DACA).

“No creo que [el plan] esté diseñado para lograr el apoyo demócrata tanto como para unir a los republicanos en materia de seguridad fronteriza”, ha dicho el senador republicano Lindsey Graham, un aliado del presidente. Trump podría usar así esta reforma como plataforma de campaña de cara a las elecciones de 2020, sin intención clara o viable de sacarla realmente adelante, informa la cadena NBC.

Tampoco aparecen mencionados los beneficiarios del TPS, es decir, del “Estatus de Protección Temporal”, que el Gobierno está finiquitando pero que por ahora está en disputa en los tribunales.

Los funcionarios explicaron que el plan se centra en la seguridad fronteriza y en las visas de residencia permanente con base a méritos, y deja sin cambios el resto de las visas temporales.

Reacciones mixtas antes del despliegue formal

Si la Casa Blanca pretendía usar el plan como un globo sonda, las reacciones reflejaron la ingente tarea que tendrá por delante para recabar apoyo bipartidista.

Activistas y expertos consultados por Noticias Telemundo dijeron que el plan se queda corto ante la enorme disfunción del maltrecho sistema migratorio.

Sulma Arias, directora para asuntos de Inmigración del Community Change Action, afirmó que grupos pro-inmigrantes como el suyo “luchan por soluciones progresistas que sean inclusivas y humanas para las comunidades inmigrantes”.

Ese plan, a su juicio, tiene que incluir una “hoja de ruta para la plena ciudadanía para los millones de inmigrantes y refugiados que han construido sus vidas en este país”, incluyendo los soñadores, y los beneficiarios del TPS.

“Queremos construir un Estados Unidos que verdaderamente esté a la altura de sus valores, que mantenga a las familias libres y unidas”, enfatizó Arias, al destacar que la Administración no ha hecho más que “atacar a los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo”.

Alfonso Aguilar, presidente del “Latino Partnership for Conservative Principles”, participó en las consultas de la Casa Blanca, y afirmó que el plan es “constructivo” y responde a las necesidades de la economía.

“No abarca todo pero me parece que puede abrir la puerta a una negociación con los demócratas que produzca un consenso más amplio para atender efectivamente este complicado asunto”, dijo.

Por ahora, el nuevo plan tampoco tiene un costo, ni fecha para su envío formal ante el Congreso, ni un cronograma para su eventual debate y votación.

Los funcionarios insistieron en que el plan servirá como un punto de partida para un diálogo sobre la reforma migratoria, y que el país seguirá siendo el que más refugiados recibe, además de que aportará a la economía más de medio billón de dólares en una década.

Sin embargo, no está claro que el plan contente a todos los bandos del espinoso debate migratorio, o que el Congreso aborde el asunto de cara a los comicios generales de 2020.

Mientras tanto, los grupos pro-inmigrantes, entre éstos el liderado por Arias, han prometido llevar su batalla por ellos a las urnas el próximo año.