Cada vez más voces se alzan contra la decisión de la Agencia Tributaria de paralizar las devoluciones del IRPF que fueron pagadas de manera indebida por mutualistas, hoy jubilados. A los cientos de afectados que están enviando cartas a la directora de 65YMÁS, se suman organizaciones como CCOO y los gestores administrativos. El último en pronunciarse con firmeza ha sido la Unión de Jubilados y Pensionistas del sindicato UGT (UJP-UGT), que denuncia el cambio unilateral en el procedimiento de devolución.

Según UJP-UGT, esta medida, lejos de corregir un error, representa una discriminación que vulnera derechos adquiridos y rompe los acuerdos sociales previamente alcanzados. “La nueva decisión sobre las devoluciones de montos a los mutualistas genera indefensión, discrimina a quienes no han recibido su reembolso y rompe con el espíritu de los acuerdos pactados con los agentes sociales”, aseguran desde el sindicato.

La Agencia Tributaria, por su parte, ha respondido que no contempla marcha atrás en su decisión, argumentando que ahora se establece un nuevo calendario para realizar las devoluciones. Esta calendarización busca “ofrecer certidumbre sobre la imputación en la contabilidad nacional de las devoluciones”, según fuentes del Ministerio de Hacienda.

CCOO también ha manifestado su preocupación por la inseguridad jurídica que genera este cambio, al aplicar retroactivamente normas fiscales desfavorables, lo que deja a miles de pensionistas en una situación de desigualdad. La nueva medida ha colocado a los mutualistas en un proceso complejo que no solo dificulta el acceso a sus derechos, sino que también agrava las diferencias entre quienes ya recibieron su devolución y quienes aún deben esperar.

Por su parte, los gestores administrativos han subrayado las complicaciones que esta decisión genera, exigiendo una revisión inmediata. Aseguran que este fraccionamiento de las devoluciones no solo retrasa una reparación justa, sino que también añade una carga administrativa innecesaria para las personas mayores, que muchas veces carecen de los medios para enfrentar estos trámites prolongados.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha calificado este cambio como una “mala práctica administrativa” que genera inseguridad jurídica y perjudica económicamente a los afectados. Desde Aedaf denuncian que el procedimiento inicial fue reemplazado por uno más lento y complejo, lo que fracciona las devoluciones y aumenta la desigualdad entre los mutualistas.

El Tribunal Supremo, mediante varias sentencias, ya había reconocido el derecho de los mutualistas a recuperar las cantidades indebida o en exceso tributadas. Sin embargo, la Agencia Tributaria ha optado por imponer un procedimiento que obliga a los afectados a realizar solicitudes año por año, lo que retrasará el acceso íntegro a sus devoluciones hasta el año 2029.

La decisión de Hacienda ha generado una profunda indignación entre los jubilados, quienes se sienten injustamente tratados y vulnerados en sus derechos. Desde UJP-UGT exigen una rectificación inmediata para corregir esta situación discriminatoria, al tiempo que llaman a la sociedad a no permanecer indiferente ante este abuso que afecta a miles de personas.