Podemos ha propuesto en el Congreso establecer un nuevo impuesto de 7,85 euros en cada billete de avión. A su vez, ha presentado otro gravamen sobre el queroseno que utilizan las empresas de transporte aéreo. Por su parte, Sumar, el socio minoritario del Gobierno, ha planteado otro impuesto medioambiental sobre yates y jets privados.
Según contenido al que ha tenido acceso Europa Press, las propuestas se recogen en las enmiendas registradas a la ley con el fin de establecer un impuesto mínimo global del 15% para empresas multinacionales.
Entre las enmiendas, plantean que las aerolíneas incorporen ese «impuesto especial» en el precio de sus billetes, donde deberán ingresar trimestralmente su recaudación en los mismos plazos previstos para la presentación de las declaraciones trimestrales del IVA.
Por otro lado, sería el Ministerio de Hacienda quien dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación del impuesto. La formación de Ione Belarra se limita a justificar su enmienda, recogida por Europa Press, en una «mejora técnica» al texto legislativo actualmente en tramitación.
Los viajes privados también deberán pagar
En cuanto al queroseno, Podemos quiere que las aerolíneas abonen 10,75 euros por gigajulio de energía generado con la utilización de dicho material. La obligación de pago nacería el primer día del año natural, además de tener que satisfacerse durante los primeros 20 días naturales de septiembre de ese año.
Mientras, Sumar ha planteado introducir una disposición adicional a la ley. Quiere crear un nuevo gravamen de solidaridad ambiental a los bienes de lujo como aviones privados, yates o coches de lujo a partir de 2025.
Aunque no se especifica la cuantía del gravamen, el grupo plurinacional dice que este no sólo se plantea como una herramienta financiera, sino como «un símbolo de justicia y responsabilidad compartida» en un momento en que la lucha por un futuro sostenible «es más crucial que nunca».
Asimismo, Sumar ha argumentado que la posesión y el uso de bienes de lujo, permite reflejar patrones de consumo que están «desproporcionadamente» conectados con altos niveles de emisión de carbono y un estilo de vida que ignora la crisis ambiental.
En este contexto, sostienen que imponer impuestos a restos bienes es una manera de reconocer que quienes poseen la capacidad de consumir en exceso «también tienen la responsabilidad de contribuir a la mitigación de los efectos de sus elecciones».
Por su parte, los de Yolanda Díaz señalan que el gravamen se ha presentado como una manera para redistribuir el peso de las soluciones ambientales. Con ello, aquellas personas que disfrutan de un lujo ostentoso «a menudo se encuentran en la cúspide de la pirámide económica, beneficiándose de privilegios y recursos que la mayoría de la población no tiene».
