Las llamadas comerciales no solicitadas, especialmente las de empresas energéticas, están a punto de cambiar drásticamente. El Gobierno español está preparando una nueva legislación que prohibirá la publicidad y la contratación de servicios de luz y gas a través del teléfono, con el objetivo de proteger a los consumidores de prácticas engañosas.
El problema de las llamadas comerciales no deseadas ha ido en aumento, con numerosas quejas de ciudadanos que informan sobre la dificultad de distinguir entre las llamadas auténticas y las fraudulentas. Muchas de estas llamadas provienen de empresas intermediarias en el sector de las finanzas, telecomunicaciones y grandes energéticas. Esta situación puede llevar a los consumidores a contratar servicios o cambiar sus condiciones sin recibir una explicación clara del precio o del servicio ofrecido por teléfono.
Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), explicó: “Un consumidor recibe llamadas, se supone que en nombre de su propia empresa, pero en realidad es otra distinta, con sus datos, su nombre, su suministro, y al final le trasladan unas condiciones por teléfono que luego no se cumplen en la realidad”. Este tipo de abuso ha incrementado las denuncias ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), motivando al Gobierno a actuar.
La nueva ley, actualmente en trámite de audiencia pública, prohibirá que las empresas energéticas contacten a los consumidores por teléfono para ofrecer o cambiar contratos de suministro. La única excepción será si el consumidor solicita expresamente la llamada o si es el propio consumidor quien contacta a la empresa. Esta medida busca evitar que los consumidores se vean atrapados en contratos engañosos o desfavorables.
Para aquellos que aún reciban llamadas comerciales, las organizaciones de consumidores recomiendan grabar las conversaciones. “Es importante que la grabación de las condiciones esté a disposición de ambas partes y pueda servir como prueba en caso de que la empresa no cumpla con lo acordado”, destacó García.
Además, los consumidores deben estar atentos al aceptar condiciones en sitios web. A menudo, al dar su consentimiento, están autorizando no solo a la empresa que gestiona la web, sino también a terceros que pueden recibir acceso a sus datos y realizar llamadas no deseadas.
Con la nueva ley, el Gobierno busca asegurar que los consumidores puedan contratar servicios de manera informada y sin presión indebida, promoviendo una mayor transparencia y protección en el mercado energético.