El Consejo de Ministros ha prorrogado este martes la suspensión de los desahucios hipotecarios para deudores en situación de vulnerabilidad hasta 2028. La medida, que vencía esta semana, puede beneficiar a unos 30.000 hogares.
El Gobierno cumple así con el acuerdo al que llegaron PSOE, Sumar, Podemos y EH Bildu, y extiende por otros cuatro años la ley introducida por el PP en 2013 para paliar los efectos de la crisis económica de 2008, y que ya fue prorrogada y ampliada en 2020.
Familias numerosas, monoparentales, en desempleo…
Dicha ley paraliza los desahucios hipotecarios de familias en situación de especial riesgo de exclusión social, entre ellas, familias numerosas y unidades familiares monoparentales con al menos un hijo a cargo.
El texto incluye también a familias con menores y con alguno de sus miembros en situación de dependencia, enfermedad o una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, a víctimas de violencia de género y a casos en los que el deudor hipotecario se encuentre en desempleo o sea mayor de 60 años.
Para acceder a la protección, además, es necesario que los ingresos del hogar no superen el límite de tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) anual de catorce pagas, es decir, 25.200 euros anuales actualmente. El límite se eleva a 33.600 euros en los casos de dependencia, enfermedad o discapacidad, y hasta a 42.000 euros en casos particularmente graves de dependencia o discapacidad. El tope se incrementa también por cada hijo a cargo.
La anterior prórroga, a iniciativa de Podemos, coincidió con la pandemia de coronavirus y, además de extender cuatro años las medidas, amplió los colectivos que podían acogerse.
Fuentes del Ministerio de Vivienda han destacado a Efe el impacto económico «positivo» de la medida, más allá de proteger a un determinado colectivo vulnerable, «ya que la lucha contra la exclusión social tiene externalidades positivas para el conjunto de la sociedad, al favorecer la seguridad, la paz y la cohesión social, factores fundamentales para favorecer el desarrollo y el crecimiento económico».
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) consideran insuficiente la ampliación en el tiempo de esta medida y llaman a buscar una solución definitiva, que incluya su anotación en el Registro de la Propiedad para evitar el «acoso inmobiliario» y la «indefensión de quienes se hayan podido acoger ante nuevos propietarios que intentan ignorarla».
También pide la introducción del derecho de tanteo y retracto para quienes, habiéndose acogido, puedan estar en disposición de adquirir de nuevo la vivienda, así como la opción de que la administración la compre como parque púbico.
Podemos y Sumar reivindican la medida
Entretanto, en el Congreso, tanto Sumar como Podemos han reivindicado la iniciativa como suya. «Nos congratulamos de que el PSOE cumpla los compromisos a los que llega con nosotros», ha subrayado el portavoz ‘morado’ en la cámara baja, Javier Sánchez, para quien «lo fundamental es que se otorgue plena seguridad jurídica a los afectados y no se deje ningún resquicio para que ningún juez sin sensibilidad social actúe a favor de la banca que desahucia».
El portavoz de Podemos ha criticado, no obstante, que el Gobierno haya «llevado casi al límite» esta prórroga, lo que ha producido «a muchas familias mucho estrés y ansiedad por no saber qué iba a pasar».
Por su parte, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha señalado que esta es una de las «cuestiones que demuestran quién es el pulmón que lleva la iniciativa política en el Gobierno» y que, el Real Decreto, «aun siendo importante, es un parche».
«Hay que dejar de considerar la vivienda como un bien de negocio y garantizarla limitando el precio, regulando los alquileres turísticos y de temporada y aumentando el parque público», ha zanjado.
