El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha solicitado a España que de «manera urgente», y para prevenir un daño irreparable, traslade de manera provisional a un niño migrante de supuestamente 14 años, que desde hace unos días duerme en la calle en Madrid. Así lo han requerido mientras se aclara legalmente su edad.
El menor A. A., nacido en Gambia, llegó sin protección familiar a Las Palmas de Gran Canaria en agosto de 2023 y posteriormente fue trasladado a Tenerife, Granada y Barcelona como si fuera un adulto, pese a que portaba una fotografía de su pasaporte y de su acta de nacimiento, denuncia la Fundación Raíces.
En Barcelona le pagaron un billete a Madrid y estuvo durante meses pasando por distintas entidades donde solo se permitió la pernocta, teniendo que pasar el día deambulando a la intemperie y comiendo en comedores sociales, hasta que una entidad derivó su caso a la Fundación Raíces que ante su evidente aspecto de menor de edad y en situación de desamparo le acompañó en este periplo legal, explica en un comunicado.
La Fiscalía duda de la veracidad del pasaporte
El niño había solicitado su pasaporte en Gambia, antes de migrar, pero su expedición se demoró hasta que ya se encontraba en España. Acompañado de una abogada de la fundación, la Embajada certificó que “A. A., nació el 9 de diciembre de 2009 en Fajikunda, Gambia” y “que el pasaporte es válido y auténtico”.
Desde Fundación Raíces se avisó a agentes de la Policía Nacional para que el chico fuese puesto a disposición de los Servicios de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid y esa misma noche ingresó en un centro de protección de menores de la ciudad.
La Fiscalía ha decretado la mayoría de edad del niño por albergar dudas sobre la validez del pasaporte, pese a que la Policía afirma que no hay signos de falsedad. Tras esa resolución, la Entidad Pública de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid cesó la protección y, por la falta de plazas de pernocta para personas adultas, ha sido expulsado a la calle este pasado lunes 12 de febrero, denuncia la entidad.
Ante la falta de respuesta de un juzgado de Madrid por la situación de abandono en la calle del chico, la fundación pidió el día 8 de febrero a la ONU su intervención.
A la espera de una respuesta sobre el futuro del niño
En su respuesta, el 14 de febrero, el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha solicitado al Estado parte que adopte medidas provisionales para transferir al autor a un centro de protección de menores mientras el caso se encuentre pendiente de examen ante el Comité.
Tras recibir esta comunicación, se ha trasladado de manera urgente a la Fiscalía de Protección de Menores de Madrid, a la Comisión de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid, al Juzgado de Primera Instancia de Madrid y a la Comisión Interministerial de Coordinación en Materia de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, aunque la ONG señala que todavía no ha recibido respuesta.
“Es alarmante que, a pesar de que el Gobierno se comprometió a modificar el procedimiento de determinación de la edad en España, obligado entre otras cosas, por los 14 Dictámenes de Naciones Unidas y las más de 15 sentencias del Tribunal Supremo que se han pronunciado en idéntico sentido, la realidad es que aún no se ha tramitado la necesaria reforma legislativa y cada día se siguen quedando abandonados en las calles de nuestras ciudades menores convertidos en adultos«, lamenta Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces.
Un juzgado deniega su reingreso en el centro
Un juzgado de Madrid ha denegado su reingreso en un centro de protección de menores. Según informan a EFE fuentes jurídicas, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 23 ha rechazado las medidas cautelares que solicitó la abogada de este chico, A.A., con el objetivo de que el magistrado suspendiese el cese de la tutela de la Comunidad de Madrid hacia él, es decir, reactivase su protección.
En su auto, fechado el miércoles, el juez pide, no obstante, a la administración que, en el caso de que se acredite que es mayor de edad, como sostiene la Fiscalía, se activen los mecanismos habilitados para asistirle a través de servicios sociales, según las fuentes.
Si, por el contrario, se determinase que es menor, añaden las fuentes, el juzgado no tendría que intervenir porque la administración puede revocar su propia decisión.
