La situación migratoria del mediterráneo enciende las alarmas sobre los delitos de tráfico y trata de personas. Debemos entender que la migración que está entrando por el Mediterráneo de manera irregular puede ser víctima de tráfico de personas, delito que se da cuando el migrante “contrata los servicios” de las organizaciones criminales de la zona para que los trasladen desde su país de origen hacia el país donde desean inmigrar de forma irregular; pero simultáneamente  se pude estar en presencial del delito de trata de personas cuando las víctimas son captadas por engaño o con violencia para ser explotadas dentro de su país de origen o en otro país.

La trata de personas es uno de los delitos más denigrantes para la dignidad humana de cuantos se conocen, ya que supone la degradación de cualquier persona hasta convertirla en una mera mercancía que se puede intercambiar o explotar.

Solo en España para el año 2019 se movían más de 5 millones de euros diarios en trata de personas, entendiendo que la trata no es solo en explotación sexual, sino que también incluye la explotación laboral, de criminalidad forzada o de tráfico de órganos.

Según datos aportados por la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la policía de España, alrededor de 12 millones de personas en 160 países son víctimas de trata, de las cuales el 62% de ellas son destinadas a la explotación sexual, distribuidas en 80% mujeres y 12% niñas.

El tráfico y la trata de personas no discrimina en edad, para el año 2019 llegaron a España 11.345 niños y 956 niñas no acompañados, pero las autoridades solo identificaron a 10 de las niñas como víctimas de trata. Llama la atención que con un número tan elevado de niños y niñas no acompañados que han ingresado al país vía marítima solo el 0.1% se consideran víctimas de tratas, es decir, que las autoridades no cumplieron los protocolos de protección, identificación y análisis de los casos individualmente, pues si comparamos los porcentajes con las cifras internacionales que hablamos en el artículo anterior, es claro y evidente que las autoridades migratorias y de protección de la infancia española no están cumpliendo con su trabajo en la correcta identificación de víctimas de trata de personas.

Suponemos que las cifras han aumentado en especial en materia de menores después de que iniciara la guerra de Ucrania, pues España ha sido uno de los principales países de acogida de mujeres y niños que escapan de la guerra. Debemos tener en cuenta que más de 1.5 millones de niños han huido de Ucrania y que las cifras mundiales reflejan que los niños representan el 28% de las personas víctimas de trata según datos aportados por UNICEF y el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la trata de Personas (ICAT).

La trata en cifras españolas

Entre los años 2017 y 2021, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado comunicaron la identificación formal como víctimas de trata de seres humanos de 1.438 personas, entre ellas se encontraban 64 (4.5%) menores de edad. A estas cifras hay que añadir 4.420 víctimas de explotación sexual y laboral, incluyendo a 36 (0,8%) menores.

El abuso de situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima se ha consolidado en los últimos años como el medio comisivo más frecuente en la trata sexual, llegando a alcanzar en el 2021 al 60% de las víctimas. El engaño, ya sea en el tipo de actividad a realizar o en las condiciones de esta, estuvo presente en un 46% de los casos entre el 2017 y 2021.

Las víctimas de la trata sexual en los últimos años han mostrado numerosos cambios de tendencia una de ellas es la nacionalidad de las víctimas, en España son las rumanas y nigerianas quienes han sido tradicionalmente las más representativas y las que han mantenido una tendencia más estable. Mientras que las de origen latinoamericano, especialmente Venezuela, Colombia y Paraguay ha mostrado un incremento exponencial en los últimos años, concretamente en el 2021 las víctimas de estas últimas nacionalidades representaron el 59% del total de las identificadas y aquellas con nacionalidad de algún país latinoamericano llegaron al 74%.

La trata de seres humanos es un delito con una capacidad de mutación y adaptación notables. Los tratantes ajustan sus modus operandi a las necesidades y dificultades de cada situación y adaptan la oferta muy rápidamente a la demanda. Recordemos que las cifras que dan las autoridades españolas corresponden a víctimas identificadas, es decir, son solo una pequeña muestra de la cruel realidad que viven las víctimas de este “negocio”.

La tendencia también ha cambiado con quienes comenten el delito de trata, por primera vez las estadísticas demuestran que en 2021 es mayor el número de mujeres detenidas que el de hombres, concretamente el 53%. Datos que confirma la teoría de las autoridades sobre que muchas de las antiguas víctimas pasan a ocupar puestos de responsabilidad en las redes de trata como “madame” o captoras pues ya conocen el negocio y al ser mujeres con la misma nacionalidad de las víctimas tienden a convencerlas/engañarlas más fácilmente.

Las personas detenidas por explotación sexual en 2021, el 60% son hombres, mientras que el 40% son mujeres, todos ellos con nacionalidades principalmente española, colombiana y rumana.

Otro tipo de explotación muy extendido en España es el laboral, quienes lo sufren en carne propia son los migrantes. Entre el 2017 y el 2021 las víctimas de explotación laboral eran el 60% hombres y 40% mujeres, llegando en 2021 a una relación de tres hombres por cada mujer víctimas de explotación laboral. La edad más frecuente se sitúa entre los 23 y 32 años con nacionalidades predominantes de Marruecos, Rumanía y España. Algo más de la mitad de las investigaciones emprendidas en 2021 estaban vinculadas al sector agropecuario, englobando al 68% de las víctimas.

Centrándonos en la explotación laboral, en 2021 el 83% de los detenidos fueron hombres y el 17% mujeres, con la nacionalidad más característica la española y la rumana.

Aquí un cuadro que nos permite evidencias con más claridad la evolución del delito de trata en los últimos años en España:

Si analizamos los datos se ve una clara tendencia a la disminución, pero debemos recordar que durante la pandemia las organizaciones internacionales cambiaron su forma de trabajar, por ello las autoridades no han logrado identificar las nuevas formas de trata haciendo más difícil su desmantelamiento.

Aunado a ello el flujo constante y desmesurado de “pateras” en la frontera sur ha hecho colapsar los servicios de asistencia gubernamentales y de los organismos internacionales que operan en la zona provocando que el protocolo correspondiente no se aplique y por lo tanto la identificación de las víctimas no se esté realizando.

¿Qué hace España para contrarrestar la trata de personas?

Desde el Ministerio del Interior se creó la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave (2019-2023) que contempla, como una de sus prioridades, la lucha contra la trata de seres humanos.

Dentro del plan se contempla la necesidad de desarrollar las herramientas y mecanismos para una detección temprana de las víctimas, incluyendo determinados contextos complejos como pueden ser los de las llegadas irregulares en frontera. Así mismo, el plan intenta mejorar los mecanismos de identificación de las víctimas contando con la colaboración de las entidades especializadas de la sociedad civil como una prioridad para que luego puedan derivarlos a terceros para facilitar su asistencia, recuperación, reinserción, compensación y reparación.

España ha entendido que la cooperación y la coordinación son dos elementos de carácter trasversal que deben asentarse sobre un enfoque multidisciplinar y multisectorial para potenciar la cooperación internacional con los países de origen y tránsito de las víctimas como estrategia base del ataque a la trata de personas.

Además, España como miembro de la UE se ha unido en el Consejo de Europa en la aprobación de “Convenio del Consejo de Europa sobre Lucha contra la Trata de Seres Humanos”, conocido como el Convenio de Varsovia, que regula las acciones frente a la trata en cuatro grandes pilares: prevención, persecución, protección y cooperación, tanto internacional como con la sociedad civil.

El Convenio de Varsovia innova en la materia e introduce por primera vez la figura del Relator o Ponente Nacional, quien se encarga a nivel nacional “del seguimiento de las actividades de la lucha contra la trata realizadas por las instituciones del Estado y del cumplimiento de las obligaciones previstas por la legislación nacional.” Así mimos, creó uno de los mecanismos de seguimiento de la aplicación del convenio: el Grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres humanos (GRETA) y el Comité de las Partes.

Otro instrumento del que forma parte España es la Directiva 2011/36/UE, que desarrolla la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de personas (2012/2016), que tiene como objetivo la elaboración de una política multidisciplinar y coherente para luchar contra la trata con la ayuda de los gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil de la UE y en terceros países. Se estableció cinco prioridades que deben regir incluso las acciones nacionales:

• Detectar, proteger y asistir a las víctimas de la trata de seres humanos,
• Reformar la prevención de la trata de seres humanos.
• Perseguir más activamente a los tratantes,
• Mejorar la coordinación y cooperación entre los principales interesados, así como la coherencia de las políticas en esta materia.
• Conocer mejor y responder eficazmente a las nuevas relaciones con todas las formas de tata de seres humanos.

La Directiva anterior es complementada con la Estrategia Europea sobre la lucha contra la trata de seres humanos 2021-2025, que busca avanzar en la materialización de nuevos esfuerzos para lograr una acción más efectiva sobre este delito y una mejor protección y asistencia a sus víctimas.

Ya existe el marco legal y estratégico para que España actúe, el problema es que se ha quedado en papel, su implementación dista mucho de lo que debería ser, lo que puede llevar a convertirla en un “país paraíso” para las organizaciones criminales si no se da cumplimiento cabal y real a los instrumentos legales.

Los programas de cooperación europea en el continente africano no están rindiendo sus frutos, pues no es posible que cada día se incremente el número de personas que desembarcan en la costa sur y en las islas de Europa, es descomunal que en poco tiempo llegan tantas personas como nunca había ocurrido. Además, las autoridades no están trabajando en controlar las organizaciones criminales que operan en el norte de África y en el mar mediterráneo, es evidente que el “negocio” en esa zona está dando buenos frutos y sin control de las autoridades. Por eso me pregunto, ¿Qué están haciendo los países de Europa y las autoridades europeas para controlar estas migraciones irregulares? ¿Cuándo se han reunido con los países del norte de áfrica para generar programas y procesos regulatorios de la migración? ¿Interpol qué está haciendo para ayudar a los cuerpos de seguridad europeos para la detección y detención de los miembros de las organizaciones criminales? Nada, estamos poniendo paños de agua caliente en una herida que pinta mortal.

¿Cómo mejorar?

Lo principal en el tema español y en los países europeos del Mediterráneo es garantizar asistencia y protección de las víctimas de forma inmediata, generar procesos de acceso rápido a la justicia y crear un espacio con proceso especial para los menores de edad no acompañados.

Debe darse cumplimiento al Convenio de Varsovia y a la Directiva europea donde se establece la obligación a los Estados de que las víctimas sean identificadas y tratadas por autoridades competentes que cuenten con personal formado y cualificado en la prevención, lucha contra la trata y la asistencia a las víctimas, con personal especial sólo para los menore. Aplica directamente a la situación actual de la frontera sur de España, se debe adaptar el espacio de atención a las personas que llegan en pateras y no dejarlas salir o trasladarlas hasta que el protocolo se haya cumplido a cabalidad y se le haya brindado no solo la ayuda humanitaria que amerita la situación sino también identificar si existe o no trata de personas.

Para ello es importante que se creen in situ lo siguiente:

• Creación de una base de datos unificados y sistematizados para corregir los déficits de las estadísticas oficiales y poder precisar la magnitud de la trata de personas en España que integre a todos los cuerpos de seguridad, los organismos internacionales con sede en el país y las ONG especializadas en el tema.
• Establecer un protocolo riguroso, de conocimiento de todo el personal que labora en frontera (aérea, terrestre y marítima) con mecanismos adecuados para detectar e identificar a las víctimas desde su llegada a las fronteras. Incluso me atrevo a decir que se requiere una “check list” de puntos clave que puedan dan indicios de que estamos en presencia de trata o tráfico que debe ser aplicado a todos de forma individual y secreta, para que quienes den indicios de posible víctima puedan ser trasladados a otra zona con personal más especializado que los pueda atender y llevar su caso. Las planillas deben estar en el idioma originario de la persona, lo cual mejora la comunicación y no entrar errores por temas culturales/lingüísticos. Para ellos las autoridades deben facilitar que especialistas en derechos humanos y trata contacten con las personas recién llegadas en un contexto de confianza y tranquilidad y con apoyo de intérpretes y mediadores culturales.
• Generar programas/ actividades de trabajo con un enfoque multidisciplinar y multiagencia para incluya a los organismos de la ONU (ACNUR, UNICEF, OIM, etc.), las ONG especializadas y demás entidades de la sociedad civil para ayudar en la difusión de los derechos a las personas migrantes y refugiadas, así como para activar los instrumentos de protección necesarios. Cada organismos u organización que está in situ tiene un personal especializado en distintas áreas pero que entre ellos se complementan, por eso es importante que en reuniones semanales o periódicas se distribuyan las acciones, actividades, proyectos, seguimientos, etc., entre ellos y que notifiquen al resto de integrantes de los retos, trabas, avances, retrocesos o información nueva con que cuentan, de esta manera se evitará la duplicidad de funciones y de presupuestos, pudiendo abarcar a más personas y con mejor distribución de los limitados recursos con los que cuenta.
• La protección de la víctima se tiene que desvincular de la denuncia o colaboración de la víctima. Las unidades policiales competentes para la identificación formal no deben instrumentalizar a las víctimas en sus investigaciones pues muchas de ellas se sienten amenazadas ellos o sus familiares, por ellos las actuaciones pueden ser perfectamente de oficio sin requerir una denuncia expresa de las víctimas.
• Hay que garantizar el acceso de las víctimas menores de edad a los servicios adecuados de alojamiento, educación y asistencia sanitaria para reducir su vulnerabilidad ante la trata y asegurar su protección efectiva. Muchas veces se utilizan casas de abrigo para atenderlo, pero el personal en ellas no está capacitado para ayudarlos a pasar una situación muy traumática, por ello es necesario que cuenten con grupos multidisciplinarios para permitan sanar sus heridas, aprender el idioma, integrarse al sistema educativo y conseguir un nuevo hogar o contactar con sus familiares más próximos.
• Intensificar una respuesta coordinada y consolidada, tanto dentro como fuera de la UE.

¿Cuánto cuesta un ser humano en el mercado de internacional de la Trata de Personas?