La mayoría de funcionarios de la administración de Justicia que han participado en la votación abierta este martes por el comité de huelga han apoyado mantener el parón indefinido que comenzaron el pasado 17 de abril en busca de una subida salarial de hasta 430 euros mensuales, a pesar del estancamiento de las negociaciones con el Ministerio de Pilar Llop.
El comité de huelga había planteado dos opciones: «continuar con la huelga indefinida, evaluando a diario la situación del conflicto y el impacto del periodo de vacaciones», o aplazarla «y mantener el conflicto hasta la constitución del nuevo Gobierno, intensificando las medidas de presión». Los sindicatos convocantes han sometido la decisión a las asambleas después del fracaso de la última reunión de la mesa de negociaciones.
En el caso de Asturias, el paro ha sido secundado por más del 85% de los trabajadores convocados, las asambleas celebradas en Oviedo, Gijón y Avilés han dado como resultado un respaldo a la continuidad del paro de 362 votos a favor, mientras que 28 han respaldado suspenderlo y se han registrado seis en blanco.
El apoyo ha sido prácticamente unánime en territorios como la Comunidad de Madrid (93,5% de votos a favor), Tenerife (82,7%), Valladolid (87,9%), Pamplona (84,5%) y Murcia capital (91,1%), según los datos recabados hasta ahora por los sindicatos, que comunicarán las cifras definitivas a lo largo de la tarde.
La ciudad de Valencia, donde falta por contabilizar el voto por correo, es hasta ahora la única en la que los trabajadores se han mostrado en contra de mantener el paro indefinido, con 55 personas a favor de continuar y 102 proclives al aplazamiento, es decir, el 65 % de la plantilla.
También han apoyado mantener la convocatoria de huelga, promovida por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, los funcionarios de Santander, Salamanca, Zamora, Palencia, Málaga y Sevilla.
El adelanto electoral no ha aplazado la huelga
La consulta se produce justo una semana después de la última reunión del comité de huelga con representantes del Ministerio de Justicia, que desembocó en un encierro de cinco sindicalistas en la sede del departamento que dirige Pilar Llop para forzar el diálogo, roto desde entonces.
El comité de huelga permaneció durante tres días en el Ministerio después de que, según denunciaron, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, abandonara la mesa de negociación de forma «abrupta» y «unilateral».
Un total de 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia están llamados a la huelga desde el pasado 17 de abril, cuando se iniciaron paros parciales. Las protestas se intensificaron el 22 de mayo con un paro indefinido para aumentar la presión sobre Justicia.
Tras el adelanto electoral al próximo 23 de julio, los sindicatos decidieron mantener la convocatoria, alegando que el Gobierno sigue «en plenas facultades» y puede firmar pactos que no requieran tramitación parlamentaria, como los de letrados judiciales, jueces y fiscales.
Los funcionarios reclaman una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales, así como la negociación de cualquier nueva ley que plantee «modificaciones que afecten a las condiciones de trabajo».
Esto, argumentan, era lo que ocurría con la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), cuya negociación es una de las reivindicaciones de los huelguistas, pero que se encuentra paralizada por la disolución de las Cortes Generales.
