Es insólito lo que está pasando en Estados Unidos con los migrantes que han ingresado por su frontera sur como solicitantes de asilo.
Desde el año pasado el gobernador de Texas ha enviados centenares de autobuses con migrantes a la ciudad de New York, Washington D.C. y Chicago, como “represalia” a los alcaldes demócratas por la política nacional de Biden en pro de la migración y por dejar sin efecto las políticas migratorias de la administración Trump.
Pero esta “gracia” de enviar los autobuses les ha costado a los ciudadanos de Texas 12 millones de dólares, sí a los ciudadanos, pues con los impuestos que han pagado en el último año están financiando esta jugarreta política. De acuerdo con un reportaje publicado en CNNEspañol las cifras señaladas por la división para el Manejo de Emergencias de Texas, se ha apagado 12.774.635,92 dólares a la compañía Wynne Transportation por el servicio chárter para trasladar a los migrantes hacia Nueva York y Washington.
De acuerdo con este reporte, las agencias estatales, han proporcionado cifras contradictorias sobre la cantidad exacta de migrantes que han enviado en autobuses a otras ciudades, esa cantidad oscila entre 8.051 y 9.033 personas, si hacemos cálculos de cuánto cuesta el traslado por persona se podría decir que sólo en transporte se gasta la menos unos 1.400 dólares por migrante.
Por otro lado, la ciudad de Nueva York, es decir, Manhattan no todo el estado, ha invertido 86 millones de dólares (también proveniente de los bolsillos de sus ciudadanos) para la acogida de más de 70.000 migrantes que han sido enviados a la ciudad desde Texas, cifras hasta finale de mayo del 2023, de los cuales han llegado en los últimos cuatro meses.
Según el reporte del alcalde Adams (Nueva York) se estima que el costo diario es de 135.8 $ por persona y 186,1 dólares por familia, es decir, la ciudad de Nueva York ha gastado 2.1 millones de dólares diarios para mantener a los migrantes según cifras de la ciudad.
Nueva York da cumplimiento a las obligaciones legales sobre la acogida de solicitantes de asilo, pero todos sabemos que los recursos monetarios, de personal e infraestructura son finitos, y ya han entrado en los que ellos mismo denominan «crisis humanitaria».
Si mal no recuerdo la última gran crisis de migrantes que sufrió Nueva York fue después de la segunda guerra mundial con la llegada de los europeos, alrededor de 2,5 millones de italianos, 2,3 millones de austro-húngaros, 1,9 millones de rusos, 600.000 alemanes y cientos de miles de asiáticos ingresaron por Isla de Ellis. Para aquel entonces la isla Ellis se convirtió en el lugar de primer contacto que incluía la revisión de la documentación, revisión médica y la famosa cuarentena para evitar propagación de enfermedades. Ese hecho ha marcado tanto a la ciudad que ahora parte del tour cuando vas a la Estatua de la Libertad es pasar a ver las fotos y los objetos con los que los migrantes llegaban a AMERICA.
Ahora es otra isla la que ocupa ese lugar, Randall`s Island, ubicada entre las aguas entre el Bronx, Manhattan y Queens, tiene cinco puentes que la conectan con los tres Barros y el sistema de metro de la ciudad está a una caminata o un trayecto autobús de distancia. Esta isla alberga los Centros Humanitarios que reciben a hombres adultos, muchos desde Venezuela, que ingresaron solos y que se encuentran en estos refugios esperando respuesta a su solicitud de asilo.
Visto lo complejo de la crisis migratoria la ciudad de Nueva York está pagando habitaciones de hoteles para dar techo y servicios a quienes ingresan con niños o grupos familiares. Cabe destacar que existe una ordenanza que obliga a la ciudad a dar viviendas a las personas que hayan permanecido más de seis meses en esos albergues, en lo cual la alcaldía ya ha gasta más de 817 millones de dólares para dar cumplimiento a esta norma de acuerdo a las declaraciones Manuel Castro (Comisionado de la Oficina de Asuntos de Inmigración).
Apenas estamos a mitad del año, pero las autoridades estadounidenses ya se preparan y estiman que la situación se mantenga para el 2024. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha asignado 1.000 millones de dólares para atender a los migrantes que siguen llegando, dinero que ha tenido que adelantar del presupuesto del 2024 (unos 227 mil millones para cubrir las necesidades del estado completo en el año 2024), y que generan un déficit, puesto que todavía faltan seis meses para terminar el año y se seguirá adelantando fondos para paliar la crisis. Tendremos que ver cómo queda el presupuesto del 2024 a finales de este año y si el gobierno central estará dispuesto a cubrir parte de esa deuda.
Estados Unidos se creó en base a la migración, yo diría que el 90% de la población viene del extranjero, de forma directa o por descendencia, los indios originarios del territorio quedan pocos y la mezcla de razas es los que ha originado a lo que conocemos como americanos. Por eso no entiendo el ensañamiento de algunos contra los migrantes. Puedo entender que debe haber procesos migratorios y leyes que lo regulen, así como políticas públicas nacionales y locales que lo implementen, pero el hecho de tomar personas como objetos y pasarlos de un estado a otro como si fuera mercancía es inhumano.
Si sumamos todo lo que hasta el momento se ha invertido en migración en los últimos meses, desde que la persona cruza la raya amarilla que divide México de EE. UU., pasando por los traslados, estancias, comidas, servicios, pago de funcionarios (policías, ICE, USCI, etc.) nos da una cifra exorbitante, casi impronunciables, pero no que solucionan el problema original: la crisis político-social que viene los países de Latinoamérica por culpa de sus gobernantes. ¿Qué pasaría si ese dineral se invierta en reconstruir la región?, ¿Qué pasaría si se invirtiera en programa de cooperación efectivos y eficientes en la mejora de las condiciones de vida de los países de la región?, ¿Qué pasaría si se invierte en Democracia?, ¿Qué pasaría si se invierte en fortalecer las instituciones y las empresas privadas? Pues me atrevería a asegurar que las personas estarían más felices en sus propios países, más seguras y con mejores opciones para progresar, disminuirían los problemas de tráfico de personas, desapariciones, muertes y desgracias que viven por el solo hecho de ser migrantes. Aunado a que se fortalecería la economía de los países de la región, donde se beneficiaría de forma directa la economía estadounidense. Se convertiría en un continente unido y capaz de competir con otras potencias mundiales.
El viacrucis: Texas – Nueva York – Canadá
El que no exista una política pública clara en base a lo que harán con los migrantes, asilados, refugiados, con TPS o Parole Humanitario, que ingresen a los EE. UU., es caldo de cultivo para que se comentan irregularidades y violaciones de derechos humanos. Jugadas como el envío de autobuses genera caos en otros estados y estos a su vez deben crear otras acciones como válvulas de escape, un claro ejemplo es lo que está haciendo el alcalde de Nueva York permitiendo y subvencionando que los extranjeros que son enviados puedan seguir su trayecto hacia Canadá.
Algunos medios de comunicación locales han informado que los inmigrantes en Nueva York están recibiendo billetes de autobús gratuito para la ir a la ciudad de Plattsburgh dentro del estado de Nueva York, ciudad que está situada a unos 32 km de la frontera con Canadá. El trayecto que siguen los migrantes una vez llegados a Plattsburgh es tomar taxis que los llevan hasta el paso ilegal fronterizo con Canadá llamado Roxham Road, perteneciente a la provincia de Quebec.
Este tipo de “irregularidades” ocurren cuando hay vacíos legales, en este caso del envío a Canadá las autoridades de Nueva York se amparan en las lagunas legales del Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA) que ha firmado EE. UU. Y Canadá en el 2002, que a grandes rasgos regula que los migrantes deben presentar su solicitud de asilo en el primero de los dos países por los que entren y no pueden intentarlo por segunda vez en un paso fronterizo oficial, dejando fuera del acuerdo el paso no oficial de Roxham Road, por lo que al aplicar la ley canadiense las personas que crucen por esa vía tienen derecho a solicitar el estatus de refugiado.
Los migrantes, asilados y refugiados quedan a la completa deriva, llevados como mercancías de una ciudad a otra y de un país a otros, sin la mínima oportunidad de dar su opinión o de saber con claridad cuál será su futuro. Mientras los contribuyentes estadounidenses pagan con sus impuestos el mantenimiento y traslados de estos seres humanos, perjudicados no solo su bolsillo, sino también la posibilidad de acceder a ayudas del gobierno en el caso de los más necesitados, pues los ingresos del estado están siendo usados en mantener a la migración.
Pero lo más irónico de esta situación, es que la sede principal de las Naciones Unidas está en Nueva York, los organismos internacionales garantes de los derechos humanos, especialmente de los migrantes, refugiados y asilados están a unas pocas calles de este caos humanitario y pareciera que no hacen nada para aportar soluciones y exigir responsabilidades a los Estados para que cumplan con los convenios internaciones por una parte y por otra, prestar la debida asistencia a esas personas. Creo que la crisis migratoria ha sobrepasado a las potencias mundiales dentro y fuera del continente americano.
Florida tiene su propia Ley de Migración
El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
El dicho “Éramos muchos y parió la abuela” se aplica a la perfección para el estado de la Florida. En medio del caos del envío de migrantes de un estado a otro, el gobernador de Florida, Ron DeSantis promulgó su propia Ley de Migración de Florida (SB1718), ley que busca frenar la inmigración ilegal en ese estado. Se prevé que entre en vigor el 1 de julio del 2023, aunque organizaciones que velan por los derechos de los inmigrantes han solicitado ante los tribunales su derogación, habrá que esperar si dichas solicitudes serán aprobadas o no por el tribunal.
De acuerdo con el Migration Policy Institute, en Estados Unidos hay alrededor de 12 millones de personas indocumentadas, de los cuales en Florida hay unos 772 mil indocumentados y más de la mitad (455 mil) están empleados, a todos ellos la nueva ley le perjudica de forma directa.
El gobernador proponía muchas restricciones en el texto original, pero al final no todas pasaron el filtro de la cámara y solo se aprobaron algunas restricciones, en resumen, los cambios que más llaman la atención son:
- La ley inválida las licencias de conducir de otros estados, es decir, las licencias de conducir que sean expedido por algún estado que tenga entre sus categorías una especial para los ilegales y que no se pueda demostrar presencia regular en el país se consideraran nulas en Florida. Quienes sean detenidos conduciendo un vehículo de moto por vías públicas con este tipo de licencias pueden ser acusado de manejar sin licencia válida, enfrenta a una pena de 60 días de cárcel y 500 $ de multa.
- Califica como un delito grave cruzar la frontera de Florida con alguien en situación irregular en EE. UU. Lo que llama la atención y enciende las alarmas es que esta prohibición está desarrollada en el título de la ley llamado «human smugglins» (tráfico de personas), lo que deja una puerta abierta a considerar a una persona que sea detenida con algún familiar en el vehículo como un traficante de seres humanos y que pueda ser juzgado como tal. Otro caso puede ser un taxista o un Uberista que esté prestando un servicio y al ser detenido por la policía compruebe que la persona que transporta está en situación irregular, ¿serán juzgados también como traficantes de personas? O ¿se convertirá en un ciudadano policía que controle los documentos de sus pasajeros?, pues queda esperar a que la ley entre en vigencia y se hagan las primeras detenciones para ver cómo las autoridades aplican este artículo.
- Establece la obligación del uso del E-Verify para empresas privadas con más de 25 empleados. La ley extiende la obligación del uso del perfil para empresas privadas con más de 25 empleados es un sistema digital del gobierno federal que corrobora que un empleado está autorizado para trabajar en Estados Unidos utilizando datos del Departamento de Seguridad Nacional de (DHS) o de la Oficina de Seguridad Social (SSA). Florida desde el 2021 ha implementado la obligatoriedad de utilizar E-Verify en agencias públicas y empresas privadas que tengan contratos con el estado. En cuanto entre en vigor la ley ese mandato se extenderá a todas las empresas privadas con más de 25 empleados y no contempla como excusa que el sistema digital esté fuera de funcionamiento, pues obliga a la empresa a documentar ese «fuera de servicio» del sistema y realizar el procedimiento manual completando el formulario I-9 de verificación de autorización para trabajar, que sí es obligatorio a nivel federal. Para quienes incumplan con este mandato legal pueden recibir una multa de un 1.000 $ diarios hasta que demuestren al gobierno que si lo está utilizando, y a la vez castiga al empleado si usa documentación falsa para trabajar con un delito grave.
- Obligatoriedad de los hospitales que reciban Medicaid de incorporar en las planillas de datos de los pacientes la pregunta sobre su estatus. Sobre esta nueva regulación lo importante que sepan es que no es obligatorio que rellenen esa pregunta y según esta escrito en la misma ley (section 5) la respuesta o no respuesta no debe afectar la atención sanitaria que deben brindarte ni el hospital está obligado a notificar a las autoridades migratorias. Lo que sí se puede entender entre líneas es que este tipo de regulaciones lo que buscan es «asustar» a los inmigrantes para que no usen servicios de salud que perciben dinero público, en este caso el Medicaid, a la vez de generar incomodidades, desconciertos, miedo a ser deportados y por lo tanto busquen trasladarse a otras ciudades o estados donde las leyes les favorezcan como migrantes ilegales.
- Hasta la entrada en vigor de esta ley los niños que fueron beneficiados con el DACA (Dreamers, quienes llegaron a EE. UU. sin documentos cuando eran niños) y que al crecer se graduaron de abogados podían ejercer en la Florida, pero esta regla tiene cambios. Con esta ley sólo podrán ejercer quienes obtengan su licencia antes de noviembre del 2028.
Recomendaciones a las autoridades
En ese «pin-pon» de personas tenemos a mujeres embarazadas y niños pequeños (solos o acompañados) que buscan un mejor futuro, pero el transferirse seres humanos no ayuda en lo más mínimo a tener control interno de migrantes, y hasta puede poner en jaque la seguridad nacional. Como es el caso de la cantidad de chinos que están ingresando por la frontera sur, usando los mismos pasos que los latinos, pero saliendo de su país de origen por avión hasta los países centroamericanos para unirse a los caminantes, pero me pregunto ¿Cuánto dinero gastan?, ¿no podrán pagar abogados de migración para hacer sus trámites legalmente? Esto podría ser sospechoso y se tendría que ver con lupa si es una estrategia migratoria de los asiáticos es una estrategia de China para infiltrar a sus agentes con miras a jugar al caballo de troya en su posible conflicto internacional a futuro.
Muchos medios de comunicación han informado que personas con antecedentes criminales están en medio de los grupos de personas que a diario cruzan la frontera sur de Estados Unidos, por lo que esta práctica de llevarlos de un lugar a otros los estaría dejando con libre movimiento por todo el país sin ser debidamente registrados y analizados sus antecedentes para otorgar el asilo.
Por eso una política de migración sana sería que quienes hagan el ingreso por la frontera sur deban registrarse ante las autoridades de migración y se cree una base de datos con toda la información personal y familiar, país de origen y otros países de tránsito en los que ha estado, muestra de las huellas y de ADN y reconocimiento de los rasgos faciales. Me dirán que es exagerado, pero tener una base de datos permitirá no solo la prevención o sanciones de delitos, sino también el proceso de reunificación familiar, en especial para los niños que son enviados sólo o que han hasta lanzado del muro fronterizo y que no se sabe nada de ellos.
Adicionalmente promovería un acuerdo de cooperación con todos los países del continente americano donde se cree y regule una oficina especial dentro de los consulados para cooperar en información y base de datos de las personas que atraviesan la frontera con el fin de identificar: si tiene antecedentes criminales; si está en búsqueda y captura de otros país; si se encuentra como persona desaparecida, o que hayan sido captadas por alguna organización criminal para trata de personas, prostitución, mulas de la droga o secuestradas. Si se lograse que todos los países de la región adoptaran ese convenio y aplicarán los protocolos producto de ese convenio se podrían minimizar algunos riesgos de las personas migrantes en la región, a la vez que se desarticularían organizaciones criminales con más facilidad, menos costo y más eficacia.
Los procesos burocráticos hacen muy lento el proceso de otorgar los permisos de trabajo, así que se puede crear normativas de cada estado para expedir permisos de trabajo locales y temporales. Para retribuir con los gastos en mantener a inmigrantes en los refugios y contribuir con los beneficios de estar en el país, los estados pueden otorgar permisos de trabajo por un año con derecho a renovación, pero con algunas exigencias para su renovación como puede ser: los beneficiarios deben tener la capacidad económica para mantenerse por sí mismos, ya sea por tener trabajo formal bajo dependencia, por tener su propio negocio o por tener su propia empresa; no recibir ayudas del gobierno salvo para el cuidado de los hijos menores como por ejemplo guardería; los niños menores de edad que pertenezcan a ese núcleo familiar deben estar escolarizados; no pueden tener antecedentes penales o multas administrativas; deben estar al día con el pago de sus impuestos.
Los costos de los abogados son muy elevados (entre 8 y 12 mil dólares) y el derecho a la defensa, a una buena defensa, es fundamental en materia de migratoria, por ellos las gobernaciones deberían tener convenios con las universidades y los búferes locales para que a través de la figura del “abogado pro-bono” puedan asumir la defensa de esos migrantes lo que facilitaría aún más los procesos ente los entes migratorias y las cortes, disminuiría los tiempos de espera para que esos migrantes ingresen a la fuerza laboral lo más pronto posible para “retribuir” los beneficios que han tenido.
