Salarios, convenios o subrogaciones son causa de muchos conflictos laborales. Algunos se resuelven con rapidez en una mesa de negociación. Otros, en cambio, se alargan en el tiempo y acaban en los juzgados, con el consiguiente perjuicio para los trabajadores.
Tívoli World de Benalmádena, un año sin sueldo
Hace ya dos años que el parque de atracciones Tívoli World de Benalmádena, en Málaga, está cerrado al público. Un desacuerdo entre la antigua propiedad, la compañía Cipasa, y el comprador, el grupo Tremon, ha dejado a 80 trabajadores fijos sin sueldo y sin prestación alguna.
El parque fue el gran motor turístico de Benalmádena; un espacio que los habitantes de la localidad consideran una seña de identidad, parte de su trayectoria vital. «Mi primer contrato de trabajo con 16 años figura en mi vida laboral Tívoli World. Aquí los chavales estudiábamos durante los meses de invierno y en verano trabajábamos en turismo, muchos en el Tívoli», explica Víctor Navas, el alcalde de la localidad.
«Desde el año 1972 hasta el año 2004 pertenece a la familia Olsen, un grupo inversor danés. En el 2004 la familia Olsen lo vende y lo compra el famoso empresario cordobés Rafael Gómez Sánchez, alias Sandokan, quien a consecuencia de la operación Malaya es condenado a cárcel. En 2007 Sandokan lo vende a un grupo inmobiliario sevillano que se llama Tremon. Desde entonces y hasta el 2020, Tremon nunca se hace cargo de las instalaciones del parque y surge un conflicto entre Sandokan y Tremon: uno dice que no recibió el cobro de la compra-venta y los otros dicen que pagaron pero que no les dieron la posesión», cuenta el alcalde.
Y Juan Antonio Sánchez, nombrado por el juez administrador concursal del parque, concluye la historia: «El problema de esta compra-venta de empresas es que se produjo en el año 2007. En aquel momento, la sociedad no tenía deudas importantes con la agencia tributaria ni con la seguridad social, pero como consecuencia de la explotación del parque durante 15 años por parte de Cipasa se han originado unas deudas que son, según manifiesta Tremon, las que le impiden asumir la actividad del parque».
En medio de este desacuerdo han quedado los trabajadores en una situación compleja. «Nadie nos ha despedido y todavía estamos de alta en la seguridad social. Percibir, no percibimos nada, cero euros, desde noviembre de 2021. Puedes buscar algún trabajo, pero que no se solape con la jornada que tienes que estar en el Tívoli. Y no recibimos ninguna prestación. Se va tirando de la ayuda de familiares, comiéndote los ahorros…», lamenta una de las administrativas del parque de atracciones.
Si rompen unilateralmente su contrato, pierden sus derechos a una indemnización y al seguro de desempleo; si se quedan, tienen que acudir diariamente a su trabajo sin cobrar y sin posibilidad de buscarse una nueva ocupación. Solo alguno ha podido encontrar un nuevo empleo de pocas horas compatible con su contrato de jornada completa en Tívoli.
Los empleados de Tívoli acuden cada día al trabajo, pero ya no hacen las tareas que solían hacer. Ahora, ya seas administrativo, taquillero, directivo, o vendedor de gofres, trabajan a la una para que el parque no se deteriore. A pesar de tener el agua cortada, intentan mantener la vegetación. Con generadores, de vez en cuando ponen en marcha el tiovivo, la montaña rusa o la noria para que no se oxiden. Patrullan de noche para evitar el vandalismo.
Tienen la esperanza de que el parque reabrirá. «Si reabre, tal como yo lo veo, hay trabajo de pintura y jardinería; cualquier atracción la echas a andar en un momento»”, dice Juan Carmona, el técnico de sonido que, en los mejores años del parque, puso micrófonos a Isabel Pantoja, Alejandro Sanz, Rocío Jurado… No en vano, el auditorio del Tívoli, con una capacidad para 2.000 personas, es el mayor de Benalmádena.
El caso está en manos de los juzgados. Pero, por la vinculación sentimental del parque con los malagueños y por el beneficio económico que representa para Benalmádena, el ayuntamiento intenta, dentro de sus competencias, salvar lo que pueda.
«Yo siempre he pensado que Tremon tiene un interés especulativo, que precisamente le interesa la devaluación o el deterioro de las instalaciones del Tívoli. Como ayuntamiento, hemos iniciado administrativamente la protección de los terrenos para, si Tremon en los próximos meses no reabre el parque, proceder a una expropiación para cederlo a un tercero; que hay bastantes inversores interesados en explotarlo», señala el alcalde.
Novaltia, la huelga más larga de Europa
Son 17 trabajadores de los 22 que tiene el almacén de Novaltia en Zarátamo, en Vizcaya. Con sueldos que no llegan a los 1.000 euros mensuales, empezaron la huelga en julio de 2019 y no piensan deponer su actitud hasta conseguir una mejora significativa del salario y el convenio.
Novaltia es una cooperativa de distribución farmacéutica en fase de expansión. Con más de 1.000 farmacias asociadas, tiene cinco centros logísticos repartidos entre Aragón y el País Vasco y factura más de 330 millones de euros.
Tal es su potencial que los huelguistas no comprenden que la empresa no atienda sus peticiones. «No esperábamos que durase tanto esta huelga, pensábamos que serían tres días, una semana como mucho. Yo llevaba el uniforme en el coche, la primera y la segunda semana, por si había que entrar un día de inesperado, pues para entrar uniformada», dice una de las huelguistas, que cada día, junto a sus compañeros, se manifiesta delante de alguna farmacia vizcaína.
«Es duro, son tres años. Pero no son tres años porque quiero ver si saco más dinero y me voy. No, no. En ese caso, cojo y me voy el primer día. Llevamos tres años porque queremos volver a trabajar y porque es un sector que es muy fuerte, que factura todos los años mucho dinero», afirma otro.
Trabajadores y empresa mantienen posiciones encontradas. Los huelguistas han llegado a denunciar ante los juzgados que la empresa ha conculcado su derecho de huelga. La tensión es manifiesta. «Cuando la persona que la empresa ha designado para negociar con nosotros nos dice que tanto le da que el conflicto dure 35 años, pues ya se ve que buena voluntad no hay», dice uno de los manifestantes.
Y, por su parte, Rafael Rodríguez, el director de recursos humanos de Novaltia también denuncia ciertas actitudes durante las negociaciones: «Nosotros mismos en la mesa de negociación sufrimos a veces insultos que no vienen al caso y que en nada ayudan a alcanzar acuerdos. Y eso, pues claro, deja huella. La gestión de la post huelga va a ser un reto muy importante de mi departamento de gestión de personas».
Los 17 de Novaltia pueden sostener el pulso con la empresa porque el sindicato al que están afiliados, el sindicato ELA, les proporciona unos ingresos. Unai Martínez Azarola, secretario general de la Federación de Industria y Construcción de ELA, detalla que «todas las personas afiliadas al sindicato, en este momento más de 101.000, abonamos una cuota y el 25 % de esa cuota que pagamos cada mes va a esa caja de resistencia», por lo que dispone de unos cinco millones de euros al año para los huelguistas.
El sindicato, mayoritario en el País Vasco, está convencido que la única manera de que la patronal se siente a negociar es la huelga, el conflicto. Y que este conflicto es necesario porque, según explica Martínez Azarola, en los últimos años, el reparto de riqueza es cada vez más desigual: «Las empresas acumulan beneficios y en muchos casos trabajadores y trabajadoras a jornada completa no llegan a fin de mes. Hay que hacer frente a esa teoría de que los trabajadores somos un costo y los beneficios empresariales no lo son».
Que el sindicato pague es un consuelo para los huelguistas, pero no es la panacea. «Llevo 15 años trabajando en la empresa. Empecé con una ETT y luego he ido subiendo y he acabado de responsable de sección. Mi intención es volver a trabajar. Llevo tres años perdiendo dinero, no cotizo. Y voy para 46 años», explica uno de los trabajadores de Novaltia.
Por el momento, no se vislumbra el fin del conflicto de Novaltia, pero los trabajadores están cada vez más convencidos de hacer lo correcto si quieren alcanzar unos objetivos que consideran legítimos. “Lo único que sabemos a ciencia cierta es que no tenemos nada más que perder”, dice uno.
«Tú imagínate que al final acaba la huelga dentro de medio año y entramos con las condiciones que teníamos antes. Vale. Te pueden decir que no has conseguido nada. Pero es que iba a tener las mismas sin intentarlo. Por lo menos lo intenté», asegura uno de los trabajadores.
El arranca y para de los autobuses de Avanza en Zaragoza
Si una ciudad tiene experiencia en conflictos laborales de larga duración esta es Zaragoza. Los conductores del autobús urbano han protagonizado a lo largo de la historia numerosas huelgas y acciones reivindicativas. La última, paros de una hora tres veces al día para reivindicar un convenio que suba los salarios de acuerdo con el IPC y deje atrás diez años de congelación salarial.
Han adoptado una estrategia de huelga que no les supone un gran descuento en la nómina. Tres paros diarios de una hora, cambiando la hora de inicio y fin de los paros, para que el peso de la huelga no recaiga siempre sobre los mismos conductores.
Como suele ocurrir con las huelgas que afectan a los servicios públicos, la protesta de los conductores del autobús urbano divide a los ciudadanos de la capital aragonesa. «Yo estoy en contra, porque estos problemas los acabamos pagando los pobres, los que vamos andando», se queja una usuaria.
«Yo les apoyo, porque también soy una trabajadora; si tengo que esperarme en la parada, me espero y ya está», dice otra, solidarizándose con los huelguistas.
José Manuel Montañés, presidente del comité de empresa, es consciente del malestar que provocan sus acciones: «Sí, evidentemente cuando haces una huelga fastidias al ciudadano, pero es que no nos queda otro remedio. Zaragoza es la ciudad más grande de España que tiene una gestión del transporte público de forma privada. Y eso pues tiene unas consecuencias. Quizá los ciudadanos lo que deberían preguntar al ayuntamiento es por qué mantiene una gestión privada de un servicio público».
El servicio de autobús zaragozano lo gestiona la empresa Avanza, de la multinacional mexicana ADO. El ayuntamiento no tiene competencias para mediar en el conflicto, una tarea de la que se encarga el SAMA, el servicio aragonés de mediación, cuyas propuestas no han servido para acercar posiciones.
La concesión del servicio a Avanza caduca el primer trimestre del año que viene. De la aprobación o no ahora de un nuevo convenio dependerán las condiciones de la nueva licitación.
Los trabajadores olvidados y la fábrica abandonada de Zumosol
En Palma del Río, Córdoba, 38 trabajadores de Zumos Palma están acampados desde diciembre del año pasado en las instalaciones de la que fue la fábrica de exprimido más grande de Europa.
«Nosotros no nos iremos de aquí hasta que arreglen nuestra situación: o nos dan trabajo o nos indemnizan», dice Fernando Trujillo, representante de los extrabajadores de Zumosol, acampados en la fábrica ahora abandonada. Una compra-venta de empresas que está siendo investigada por si pudiera ser fraudulenta, expedientes de regulación de empleo que se han declarado nulos, promesas incumplidas de subrogación…
Todo un embrollo que ha dejado a los trabajadores sin empleo, sin sueldo y sin prestaciones. Su caso está en manos de la justicia y subsisten gracias al apoyo de la familia.
El Grupo Pascual vendió en 2013 la fábrica a Zumos Palma, empresa de la multinacional farmacéutica turca Toksoz. A su vez, Zumos Palma la dividió y vendió la zona de exprimido a Cegeplas, una empresa de plásticos, y la de envasado a LCG Fruits. Tras varios expedientes de regulación de empleo, que se han comido las prestaciones a las que los trabajadores tenían derecho, Cegeplas desapareció. Fueron dados de baja de la seguridad social, pero nadie les despidió oficialmente. Y LCG Fruits ha cerrado este verano dejando a deber una mensualidad y la indemnización por despido a una sesentena de trabajadores.
La antigua fábrica de Zumosol, bendecida a finales de los años 70 del siglo pasado como un gran revulsivo para la industria citrícola del Guadalquivir, es ahora una instalación peligrosa que costará dinero a la administración pública, que ya ha tenido que actuar. Lo cuentan los acampados: «Todavía quedaban en el sistema de frío depósitos de amoníaco; hay más de un millón de litros de zumo de naranja en la bodega que no sabemos si acabará en el alcantarillado público. Hay un depósito de gasoil». «Y esa caldera, si la manipulara alguien y estallara podría reventar todo esto», denuncian.
Sin ningún ingreso, el apoyo de la familia, los amigos o los vecinos y la ayuda de algunas instituciones permite a los acampados seguir adelante en su empeño, conseguir que les despidan oficialmente y así tener derecho a una indemnización. «Pasan los días, los meses, y te vas dando cuenta de que la empresa se ha deshecho de ti, te ha dejado tirado. El dolor que estamos soportando después de dos años casi aquí es incalculable», dice Antonio Bueno.
«Llevar como mi padre más de 20 años en una empresa trabajando, dedicándose a ella al 100 % y, ahora, que no le paguen absolutamente nada, como si no hubiera trabajado en toda la vida, pues la verdad que me parece muy injusto», dice su hija.
