Tras una semana cargada de debate por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023, la UNED presenta la actualización del estudio de investigación llevado a cabo por Cristina Castellanos Serrano, profesora del Departamento de Economía Aplicada de la UNED y la economista Ana Carolina Perondi, que retoman el análisis económico y el impacto social que supondría una reforma del sistema de educación de 0 a 3 años en España, presentando diferentes presupuestos asumibles, especialmente si se aprovechan las sinergias con las políticas de género.
Con un permiso por nacimiento de uso consecutivo de forma mayoritaria, se podría ahorrar un coste de entre 622 y 662 millones de euros, una reducción de un 28 % del coste de universalizar la educación infantil. Con este ahorro, se podrían mejorar las condiciones laborales de toda la plantilla en un sistema universal de 0 a 3 como el actual con mayores salarios para reducir la rotación y se atraer a mejores profesionales con estudios universitarios pedagógicos.
Para un sistema de mayor calidad y con horarios más flexibles, el coste ascendería a 3.207 millones de euros. Este aumento del coste por establecer un primer ciclo de educación infantil de alta calidad podría reducirse casi 900 millones de euros si se modificaran los permisos por nacimiento para cubrir ocho meses de cuidado. Igualmente, se podría rebajar el coste entre 700 y 800 millones de euros si se produjera una reducción general de la jornada a 35 horas semanales.
Los beneficios totales, provenientes del incremento de los ingresos generados por la creación de empleo directo (personal de escuelas infantiles), de empleo indirecto (aumento de la participación femenina en el mercado laboral) y de la liberalización del dinero que antes las familias destinaban al sistema educativo, ascienden a 3.753 millones de euros.
La educación infantil temprana, la que reciben los niños de 0 a 3 años, tiene un impacto positivo en el desarrollo infantil, así como en los resultados posteriores a medio y largo plazo, pues un mayor número de años de escolarización en educación infantil influye positivamente en las capacidades cognitivas y no cognitivas con las que se comienza la educación obligatoria. Además, reduce las desigualdades sociales, pues en particular es altamente beneficioso para quienes provienen de familias de bajo nivel socioeconómico, ya que los servicios de alta calidad y provisión pública producen efectos más favorables que los de provisión privada y mixta.
Pero además desincentiva la brecha salarial por género, ya que el acceso universal y gratuito a servicios de educación infantil de alta calidad, con horarios amplios y flexibles permite a las madres y padres permanecer en el mercado laboral a tiempo completo. La prestación y el acceso a estos servicios son clave para favorecer la participación y el mantenimiento de las mujeres en el mercado de trabajo, así como para reducir el riesgo de pobreza y fomentar la independencia económica de los progenitores.
Según el estudio, para que en este sentido sea efectiva la educación infantil, debe tratarse su cobertura, intensidad y calidad. Actualmente en España sólo acceden a educación infantil el 34% de los menores de 3 años, por tanto, la oferta de servicios educativos debe ir acompañada de una garantía de plaza. Pero también se necesita de una alta intensidad del servicio. La intensidad del servicio se mide por el número de horas de educación que reciben los menores, mientras la media en la Unión Europea es de 27,4 horas a la semana, en España nos quedamos en 25 horas. Además, se debe valora la calidad de ese servicio, como son la formación y las condiciones laborales de quienes trabajan en ellos. Otras cuestiones como la flexibilidad de los horarios y la cercanía a los domicilios suponen también elementos fundamentales, tanto para el uso de los servicios educativos como para fomentar los impactos positivos de la educación.
Todas estas necesidades deben ser estudiadas en el análisis de costes, que se relacionan con otras políticas que también afectan a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Según el estudio, la combinación de las políticas de universalización de la educación de 0 a 3, junto con el uso sucesivo del permiso por nacimiento, y la reducción de la jornada laboral actual a 35 horas, conseguiría mantener un sistema de calidad con intensidad y cobertura para esta etapa educativa, y tendría efectos sociales muy notables, favoreciendo la participación de los hombres en el cuidado infantil y mejorando la situación de las mujeres en el mercado laboral. Así mismo, los costes estimados para este nuevo sistema, incluye una mayor flexibilidad y amplitud horaria, una mayor proporción de personal cualificado y unas ratios menores de estudiantes/personal, que se verán reflejadas en los costes laborales.
La entrada en vigor plenamente en 2021 del RD 6/2019 de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que equipara el permiso de paternidad al de maternidad por nacimiento y cuidado del menor, ha demostrado que el 75% de los padres utilizan el permiso de forma simultánea, situando el cuidado del bebé fuera del hogar a partir del cuarto mes, siendo entonces su entrada en la formación de Educación Infantil. Esta legislación actualmente se sigue revisando para modificar aquellas trabas actuales que dificultan la no simultaneidad de los permisos que, de ser efectivos y eficaces, supondría que los permisos por nacimiento serían cubiertos durante ocho meses por cuidado en el hogar, iniciando su etapa en educación infantil con 8 meses.
En términos generales, si se mantuvieran la calidad del sistema y el diseño del permiso por nacimiento actual, universalizar la educación de 0 a 3 podría costar entre 2.221 y 2.361 millones de euros a precios corrientes, para incrementar unas 399.000 plazas respecto a la estimación del curso 2020/2021.
Si se modificara el permiso por nacimiento para garantizar un uso consecutivo de forma mayoritaria, se podría ahorrar un coste de entre 622 y 662 millones de euros, una reducción de un 28 % del coste de universalizar la educación infantil. Con los más de 600 millones que actualmente están financiando permisos de nacimiento simultáneos, se podrían mejorar las condiciones laborales de toda la plantilla en un sistema universal de 0 a 3 como el actual, esta mejora de la calidad del sistema propiciada por mayores salarios reduce la rotación y se atrae a mejores profesionales con estudios universitarios pedagógicos.
Si planteamos entonces un sistema de mayor calidad y con horarios más flexibles, el incremento del coste ascendería hasta los 3.207 millones de euros. Este aumento del coste por establecer un primer ciclo de educación infantil de alta calidad podría reducirse casi 900 millones de euros si se modificaran los permisos por nacimiento para cubrir ocho meses de cuidado. Igualmente, se podría rebajar el coste entre 700 y 800 millones de euros si se produjera una reducción general de la jornada a 35 horas semanales.
Es decir, con políticas que establecieran jornadas laborales de 35 horas y
permisos por nacimiento que se puedan usar mayoritariamente de forma consecutiva, se podría universalizar el primer ciclo de educación infantil con una calidad muy alta por 2.051 millones de euros, una reducción considerable del coste del que partíamos con la situación actual.
Los beneficios directos e indirectos de universalizar y mejorar la calidad del primer ciclo de educación infantil
Los beneficios totales, provenientes del incremento de los ingresos generados por la creación de empleo directo (personal de escuelas infantiles), de empleo indirecto (aumento de la participación femenina en el mercado laboral) y de la liberalización del dinero que antes las familias destinaban al sistema educativo, ascienden a 3.753 millones de euros.
En el estudio se observan distintos niveles de beneficios netos, condicionados por el resto de políticas públicas, en especial aquellas con impactos directos en el cuidado de menores de 3 años, como el sistema de permisos parentales, las jornadas laborales y la calidad del sistema educativo, así como el resto de políticas estructurales, como las políticas laborales, educativas, sociales, fiscales, etcétera, que inciden en escenarios de crecimiento económico más o menos favorables relacionados con la igualdad de género.
El resultado que nos muestra el estudio es que se pueden encontrar sinergias y complementariedades en las políticas públicas que avancen en el mayor bienestar infantil y conseguir la igualdad de género desde distintas vías. No se trata de un trade-off entre políticas, sino de realizar un diseño que contemple y refuerce las complementariedades y permita conseguir los objetivos definidos.