La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en su propuesta de acordar con las grandes distribuidoras una cesta que tenga productos básicos a un precio limitado, con el objetivo de proteger a las familias de la subida de la inflación. Esta es una iniciativa de la que recelan los supermercados al considerar que será ineficaz y puede llevar distorsiones al mercado.
Este lunes, Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se han reunido con las asociaciones de consumidores y de distribuidoras del país. A la cita han acudido la Asociación de Supermercados Distribuidores (Anged), la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). Tal y como indicó la semana pasada, esta medida debe caer sobre los beneficios de las grandes cadenas, que pueden asumirlo, y no sobre los productores.
La ministra considera que su propuesta, revelada la semana pasada, es «perfectamente legal» y prevé que las grandes cadenas ofrezcan una cesta saludable y de calidad a un precio fijo hasta después de Navidad, con alternativas también para los celíacos.
También ha indicado que aunque la oferta de Carrefour, que este lunes ha lanzado una cesta a 30 euros sin productos frescos, no se ajusta a los requisitos planteados por Trabajo y Consumo, pero que la cadena se ha comprometido a estudiar la idea por la que apuestan ambos ministerios.
Las distribuidoras indican que puede distorsionar el mercado
Las patronales de la distribución, en cambio, han considerado que la propuesta de Díaz puede distorsionar el mercado y, en su lugar, han pedido la bajada de impuestos como IVA, abaratar la energía y evitar normativas que impongan costes adicionales.
El director general de la patronal de supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo, ha asegurado que el análisis realizado por la vicepresidenta del Gobierno sobre un problema de márgenes de beneficio «no tiene la base científica suficiente». Tampoco ha considerado «buena» la idea de elaborar una cesta básica común porque «no es coherente con la estructura de la distribución comercial española».
«El mercado está muy repartido y mucho menos concentrado que en otros países. No se trata de hacer un acuerdo con algunas grandes distribuidoras, sino que hay que implicar a 100 cadenas de supermercados y al comercio especializado de alimentación, que es el líder en fresco», ha apuntado García Magarzo, en representación de Mercadona, Lidl, DIA y otras marcas regionales.
El vicepresidente de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) -como El Corte Inglés-, Javier Millán-Astray, ha lamentado que se estén «arrojando sombras sobre el comportamiento de la distribución, que está siendo responsable».
Según Millán-Astray, el sector está realizando un «esfuerzo extraordinario» para no trasladar a los consumidores todos los costes de los diferentes eslabones de la cadena, incluidos los mayores precios de la energía, los cereales, los fertilizantes o los envases.
El presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) -que agrupa a Carrefour, Alcampo y Eroski-, Aurelio del Pino, ha apuntado que el sector tiene «un marco jurídico muy limitativo con la ley de la cadena alimentaria», que obliga a garantizar a los proveedores el cumplimiento de los costes de producción.
«Cada consumidor puede encontrar la cesta que mejor se ajuste a sus necesidades de acuerdo con la política comercial de cada empresa», ha subrayado Del Pino.
Facua se ampara en la ley de comercio para fijar precios máximos
Por parte de los consumidores han estado presentes en la reunión organizaciones como Facua, que ha pedido al Gobierno que aplique la ley de comercio y fije precios máximos a los alimentos básicos o topes a los márgenes de comercialización de la distribución.
Según la organización, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista permite al Gobierno, «previa audiencia de los sectores afectados», fijar los precios o los márgenes de comercialización de determinados productos y someter sus modificaciones a control o a previa autorización administrativa «cuando se trate de productos de primera necesidad o de materias primas estratégicas».
Ni el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ni la titular de cartera de Comercio e Industria, Reyes Maroto, ni los representantes del comercio minorista han participado en este encuentro.
