La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que el Gobierno autonómico reducirá en un 50% el precio de los abonos de transporte mensuales a partir del próximo 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de este año.
De esta forma, tras aplicarse el 30% de descuento financiado por el Gobierno central, añade otro 20% sobre la tarifa en vigor del abono transportes mensual. Así, el abono mensual de la zona A costará 27,30 euros (frente a los 54,60 euros que vale actualmente) a partir del próximo 1 de septiembre.
Así lo ha explicado Ayuso a los medios de comunicación en la Plaza de la Villa, después de la entrega de las Palomas de Bronce, donde ha subrayado que esta reducción se realizará en todos los transportes de la región, es decir, en el Metro de Madrid, los autobuses y en Cercanías.
«Las tarifas del agua en la Comunidad de Madrid, así como las del transporte, llevan congeladas una década y el transporte público está fuertemente subvencionado, pues el 70% corre a cargo la administración autonómica y no de los viajeros, pero queremos seguir ahondando en estos refuerzos», ha firmado la presidenta.
Por eso, ha defendido, la Comunidad de Madrid unirá a esta congelación de tarifas una reducción del 50% al precio de los abonos de transportes mensuales desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre.
El Ejecutivo aprobó el 1 de agosto el real decreto ley de Transportes con medidas excepciones, entre las que se encuentran la gratuidad de los servicios de tren de Cercanías, Rodalies y Media Distancia. Además, aprobó el 2 de agosto una bonificación del 100% de los trenes de Baleares y del 50% de los autobuses de Canarias.
Los abonos oscilarán desde 27 a 41 euros dependiendo de la zona
Los abonos ordinarios oscilarán así desde los 27,30 euros de la zona A hasta los 41 euros de la zona B3 – C1/C2 sobre los títulos de transporte público de 30 días que ahora están en vigor.
Así, los abonos en la zona B1 pasarán de los 63,7 euros a los 31,8 euros al mes a partir de septiembre; los abonos de la zona B2 pasarán de los 72 euros al mes actuales a los 36 euros al mes desde septiembre; y en la zona B3 – C1/C2 pasarán de los 82 euros a los 41 euros mensuales, con la reducción del 50% sobre la tarifa actual.
Finalmente, el abono joven pasará de los 20 a los 10 euros y el de la tercera edad se situará en los 1,60 euros, según la actual tabla de precios en vigor fijada por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
El Ejecutivo regional presentará esta reducción al Consorcio Regional de Transportes de Madrid para aprobarlo esta semana. Estos precios estarán vigentes desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre y su uso no podrá llevarse a cabo más allá del 31 de enero de 2023, un mes después del fin de su dispensación.
Ayuso acusa a Sánchez de «imponer una censura energética» sin consenso
Por otro lado, en referencia al decreto energético aprobado por el Ejecutivo, Ayuso ha acusado a Pedro Sánchez de imponer «una política de censura energética» sin consenso, y ha tildado de «insensato» que Madrid «sea la capital europea que antes apaga sus escaparates».
«Lejos de las recomendaciones que ha pedido la Unión Europea para el ahorro energético, el Gobierno de España ha emprendido una política de censura energética. Este decreto retrata al Gobierno como autoritario, arbitrario y chapucero», ha expresado la presidenta.
A su juicio, «no hace falta imponer de esta manera, para que todo el mundo lo sepa, lo que se tiene que hacer en los momentos difíciles. Apelamos al consenso y al diálogo y eso es lo que aquí no ha ocurrido. Madrid no se va a apagar por decreto, se va a apagar porque Sánchez así lo impone, de manera autoritaria y sin consenso”.
«Nos parece insensato que seamos la capital de Europa que antes apaga sus escaparates, a manos de un decreto que atenta directamente contra la libertad de horarios comerciales de la Comunidad de Madrid, afectando especialmente al turismo y al comercio», ha dicho la presidenta madrileña sobre la Ley autonómica de liberalización del horario comercial vigente en la región.
En esa línea, ha señalado que «vamos a ir al Tribunal Constitucional a recurrir este decreto con todas las herramientas que proporciona el Estado de Derecho para demostrar que no se ha actuado correctamente y conforme a la ley».
