El límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, se eleva a 198.122 millones de euros para 2023, el tercer máximo histórico consecutivo y un 1,1 % más que en el ejercicio anterior, cuyo importe fue de 196.142 millones de euros.
Con la aprobación del techo de gasto en el Consejo de Ministros, arranca la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año. Su portavoz, Isabel Rodríguez, ha destacado que es un trámite que se realiza «en tiempo y forma». El Gobierno ha detallado que aporta 173.065 millones de euros al presupuesto y otros 25.156 millones provienen de los fondos europeos.
El Ejecutivo destaca que las transferencias a la Seguridad Social aumentan en casi 1.500 millones de euros, un 8,1 %, hasta 19.388 millones lo que permite cumplir las recomendaciones del Pacto de Toledo.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, destaca que hay «un fuerte crecimiento, a pesar del inicio de la guerra» y que los indicadores señalan que seguirá en el segundo trimestre, gracias al buen comportamiento del mercado de trabajo, con más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social.
Menos crecimiento
La previsión de crecimiento se mantiene en el 4,3 % este año, pero el PIB se ralentizará hasta el 2,7 % en 2023, ocho décimas menos que en su anterior estimación (el Gobierno vaticinaba que la economía iba a crecer un 3,5 % el próximo ejercicio).
Por componentes, la demanda nacional aportará 3,3 puntos al crecimiento el año que viene, apoyada por el dinamismo de las inversiones que crecerán al 6,6 %. El sector exterior se verá afectado por el deterioro de las perspectivas sobre la economía mundial y restará 0,7 puntos.
El Ejecutivo estima que la tasa de paro cerrará este año en el 12,8 % y en el 12 % en 2023, mientras que el empleo avanzará un 3,7 %.
En 2022 el sector exterior contribuye con medio punto al crecimiento, gracias al buen comportamiento de las exportaciones hasta junio y del turismo, que se espera que recupere el 95 % del nivel de 2019. La demanda nacional aporta 3,7 puntos porcentuales, por el menor consumo público y privado en el primer trimestre. Las inversiones crecen hasta el 9,3 %, gracias al dinamismo de la inversión en bienes de equipo.
Déficit del 3,9 %
A la hora de repartir el déficit, la Administración Central tiene una tasa de referencia del 3,2 %, mientras que para las comunidades autónomas será del 0,3 % y del 0,5 % para la Seguridad Social. En el caso de las entidades locales, se estima un superávit del 0,1 %, con lo que el déficit público para 2023 quedará en el 3,9 %. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que este ejercicio cerrará en el 5 %.
La senda de reducción del déficit público prevista fija un 3,3 % en 2024 y un 2,9 % en 2025 (ya por debajo del objetivo que marca Bruselas).
La deuda pública, según el nuevo cuadro macroeconómico, se reducirá al 115,2 % del PIB a final de año y al 112,4 % en 2023, para descender al 110,9 % en 2024 y al 109,7 % en 2025.
Calviño sostiene que las previsiones del Gobierno «están en línea con las de los organismos internacionales».
«Proteger a la mayoría social»
En un contexto marcado por la escalada inflacionista y la incertidumbre generada por la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia, el Ejecutivo encadena el tercer récord consecutivo de gasto para intentar aprobar las últimas cuentas públicas de esta legislatura del Gobierno de coalición con el objetivo de «proteger a la mayoría social».
El Gobierno sostiene que las cuentas públicas permitirán «garantizar un sistema de bienestar y protección social, fortalecer a la clase media y trabajadora, actuar como locomotora de la economía y mantener el compromiso de responsabilidad fiscal».
La recuperación de los niveles prepandemia se retrasa por el alza de la inflación (10,2 % en junio), que se prevé que continúe en niveles elevados todo el verano, ya está presionando las cuentas de hogares y empresas.
En concreto, el cuadro macro fija en el 7,8 % la inflación media este año (deflactor del PIB), mientras que se reducirá al 2,9 % en el que viene.
En junio el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que se establecen las normas para la elaboración de las cuentas públicas del próximo año.
La Comisión Europea ha extendido a 2023 la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad, lo que en la práctica implica que las reglas fiscales seguirán suspendidas durante el próximo ejercicio. El Gobierno, al igual que el año pasado, solicitará al Congreso que vuelva a certificar que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de suspenderlas.
Hacienda recuerda que la responsabilidad fiscal de España «se mantiene y está recogida en el último Programa de Estabilidad enviado a Bruselas», donde se incorpora una senda a medio plazo que permitirá reducir el déficit por debajo del 3 % del PIB en 2025 y situar el nivel de deuda pública por debajo del 110 % del PIB para ese mismo año.
