La futura ley del aborto del Gobierno eliminará el IVA actual del 10% a los productos de higiene femenina, como las compresas y los tampones, y a otros relacionados con los cuidados, como los pañales, y dará bajas laborales de hasta cinco días por menstruaciones «incapacitantes», según el borrador, al que ha tenido acceso RNE.
La ley, que se llevará previsiblemente al Consejo de Ministros el próximo martes, garantizará la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y acabará con la exigencia del consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años.
Pero no solo se centra solo en el aborto sino también en la salud menstrual. Así, establece que el IVA de productos como tampones, compresas y pañales, que actualmente se grava al 10%, «se aplicará el tipo del 0%» a «productos de gestión menstrual y otros relacionados con las responsabilidades de cuidados».
Ente otras cuestiones, establece que se repartirán de forma gratuita los productos de higiene femenina en centros educativos, así como en centros penitenciarios y centros sociales para que puedan acceder a ellos las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Bajas de hasta un máximo de cinco días con certificado médico por la regla
Respecto a las bajas por menstruaciones incapacitantes, podrán ser de tres días al mes, prorrogables a un máximo de cinco, siempre y cuando se acredite médicamente que incapacita a la trabajadora para desarrollar sus tareas con normalidad. Así queda reflejado en el texto:
«La mujer trabajadora que padezca dismenorrea, de forma que le impida el desempeño de las funciones ordinarias del trabajo diario, tiene derecho a abstenerse de trabajar un máximo de tres días, prorrogables por dos días más si se justifica la necesidad mediante informe médico, al mes».
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ya explicó en febrero en la Comisión de Igualdad del Congreso que, con esta norma, «la salud menstrual pasará a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres, y garantizarla será una obligación del Estado y los poderes públicos».
En este sentido, dijo, la ley abordará el hecho de que productos de primera necesidad para la mayoría de mujeres «sigan siendo enormemente costosos», o el posible desarrollo de una píldora anticonceptiva masculina para que las mujeres no sean las que siempre asuman la responsabilidad en esta materia.
El texto llevaba negociándose varios meses, de hecho, la intención del departamento que dirige Irene Montero es que estuviera listo a finales de año, y es que incluye varias medidas que competen también a otros ministerios como el de Sanidad, Justicia e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
A falta de conocer los últimos detalles del texto final, la ministra y otros representantes del Ministerio han ido desgranando estos meses algunas de las medidas que quieren incorporar a la ley, como el considerar como un tipo de violencia los vientres de alquiler.