El reparto de los fondos europeos se ha convertido en el protagonista del último choque entre Gobierno y oposición.
El PP acusa a Pedro Sánchez de distribuir «a dedo» los millones que gestionarán las comunidades y de privilegiar a las autonomías gobernadas por los socialistas, algo que el Ejecutivo rechaza de plano.
La Comunidad de Madrid fue la primera en abrir la batalla judicial al presentar un recurso contra el reparto de nueve millones de euros de los fondos (un 0,08 % del total) a programas de empleo en cuatro comunidades -Comunidad Valenciana, Navarra y Extremadura, gobernadas por el PSOE , y País Vasco, por el PNV-, ya que consideró que esta asignación se hizo «al margen del reparto acordado» y «de manera arbitraria». Más tarde Galicia y Andalucía, también del PP, amenazaron con presentar otros recursos y Pablo Casado habló de que el reparto de los fondos es «clientelar y puede llevar a corrupción».
España fue el primer país en recibir, a finales del pasado diciembre, el primer pago de los fondos europeos, unos 10.000 millones de euros del total de los más de 70.000 millones en ayudas directas que le corresponden del histórico despliegue aprobado por la Unión Europea para impulsar la recuperación económica tras la pandemia, lo que se sumó a un adelanto en verano de otros 9.000 millones. Pero ¿cómo se reparte el dinero una vez llega a nuestro país? ¿Qué parte gestionan las autonomías? ¿Se siguen criterios objetivos, como defiende el Gobierno, o discrecionales, como asegura el PP?
Extremadura, La Rioja y Navarra, las que más reciben por habitante
No es la primera vez que las comunidades se rebelan contra el reparto de los fondos. Durante el verano pasado, varias autonomías gobernadas por el PP y el País Vasco reclamaron mayor capacidad de gestión. Ante las críticas, Pedro Sánchez se comprometió en la Conferencia de Presidentes celebrada en julio en Salamanca a que las comunidades gestionaran el 55 % de los fondos del Mecanismo europeo de Recuperación y Resiliencia (el MRR, núcleo del fondo de recuperación) presupuestados para 2021.
Finalmente, el porcentaje es algo menor: las autonomías dispusieron de 11.151 millones de euros de los cerca de 24.000 millones presupuestados para 2021 en los PGE, según los datos del Ejecutivo a 31 de diciembre del año pasado. Andalucía (con 1.916 millones), Cataluña (1.579 millones), Madrid (1.213 millones) y la Comunidad Valenciana (1.055 millones) son las que más han recibido en 2021. De ellas, solo la Comunidad Valenciana está cogobernada por los socialistas, un argumento en el que se ha escudado el Gobierno para negar cualquier trato de favor.
En términos relativos de población, Extremadura (409 euros por habitante), La Rioja (350 euros), Navarra (313 euros) y Castilla y León (310 euros), son las que más obtienen. En este caso, el PSOE gobierna en las tres primeras y los populares en la última.
Lo cierto es que ni estas cantidades ni el porcentaje que gestionan las comunidades están «escritos en piedra», explica Natán Díaz, socio responsable de sector público en la consultora KPMG y experto en fondos europeos. «Estamos a tortas porque no hay un criterio definido en ningún sitio y cada comunidad quiere llevarse la mayor parte del pastel posible», añade.
A diferencia de los fondos estructurales tradicionales, el reparto «tiene que ver más con el contenido de las inversiones que con criterios geográficos», asegura Raymond Torres, director de Coyuntura Económica del think tank económico Funcas. En la práctica, «el reparto más o menos coincide con el peso de las diferentes comunidades, porque evidentemente buena parte de los fondos van a ir a las más grandes porque tienen más tejido productivo», resalta.
Torres ve «difícil añadir criterios territoriales estrictos» a los que ya marca la Unión Europea: que el destino de los fondos cumplan con cuatro ejes transversales. Estos son la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género.
Conferencias sectoriales: 59 reuniones para decidir la llegada de los fondos
Gobierno y comunidades deciden cómo se van a distribuir los fondos del MRR a través de conferencias sectoriales. Ha habido 59 y en ellas han estado presentes todas las autonomías. En estas reuniones se decide sobre proyectos que han sido acordados previamente por organismos públicos y empresas, y que deben estar orientados a los objetivos de los fondos.
Según explica el Ejecutivo en la página web del Plan de Recuperación, «las conferencias sectoriales han permitido acordar tanto la cantidad a transferir a las comunidades como los criterios de reparto, que varían en función de cada una de las políticas«.
En el caso de otro tipo de fondos, como los REACT-UE, el reparto es distinto, y sí que se basa en criterios territoriales preestablecidos: dos tercios se reparten según el impacto de la pandemia en cada comunidad, y el resto se distribuye según cómo ha afectado la crisis en el desempleo y en el paro juvenil. Las comunidades gestionan el 80 % de estos fondos, 10.000 millones de euros asignados entre 2021 y 2022.
¿Una autoridad independiente para controlar el reparto?
A pesar de que el reparto se organiza a través de «acuerdos puntuales» y no de unos criterios territoriales previos, según recuerda Díaz, los expertos consultados coinciden en que la distribución está siendo objetiva. «Creo que el Gobierno lo está haciendo razonablemente bien dentro de un contexto complicado», señala el consultor.
Esto no quita, añade, que pueda haber más transparencia a la hora de explicar a dónde va el dinero que llega de Europa. Una de las principales reclamaciones del PP ha sido la creación de una agencia independiente que controle la gestión de los fondos, algo que desde KPMG ven «razonable» y apuntan al caso de Italia, donde hay una «sala de control única» que vigila el reparto.
En otros países como Portugal o Grecia también se han constituido grupos de fiscalización, a cargo de la Fiscalía, en el primer caso, o de un comité de expertos encabezado por un premio Nobel de Economía, en el segundo.
Aquí, Hacienda trabaja con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la creación de un sistema de control y auditoría, pero «no sé conoce quién forma esta comisión ni cuándo van a ser públicos estos resultados», asegura Víctor Ezpeleta, profesor de OBS Business School.
Las comunidades piden más capacidad para decidir y no solo ejecutar
Además de reclamar un mayor porcentaje de los fondos, algunas comunidades como Cataluña, País Vasco o las lideradas por el PP piden también tener mayor capacidad de decisión sobre dónde destinar los recursos. No quieren tener el papel de «mero ejecutor», como aseguró el jueves la responsable de fondos europeos del Govern catalán.
Sin embargo, es difícil que las comunidades puedan tener mayor capacidad de gestión, ya que «todas las convocatorias tienen que obedecer al contrato entre el país y la Comisión Europea, y eso reduce el margen de maniobra», recuerda Torres. Este contrato es el Plan de Recuperación que exigía Bruselas, en el que estuvieran plasmadas las reformas y las inversiones para permitir el desembolso de los fondos.
Según destaca Díaz, la Comisión pedía que hubiera «un solo plan nacional, no la suma de muchos planes, y esto además requiere una cierta centralización en la gestión», por lo que los gobiernos regionales han tenido poco peso en la planificación.
Cree que ahora el Gobierno puede dar «algo más de cancha» a las comunidades dado el revuelo de los últimos días, con el fin de evitar un daño mayor a la imagen de unidad en el país. «Lo peor que podría suceder ahora mismo en España es que las comunidades empezaran a presentar recursos. Sería un desastre absoluto en términos de imagen internacional», advierte. También Ezpeleta asegura que el conflicto político «podría retrasar las subvenciones y esto repercutiría directamente en las empresas, que son las que necesitan más esos fondos».
¿Cómo se reparten los fondos en los países vecinos?
España no es el único país donde ha habido polémica entre las distintas administraciones en el reparto. En Italia, país que más fondos recibirá de Europa, «hay ciertas tensiones con las regiones, que tienen tener un mayor protagonismo en la ejecución del plan», sostiene Díaz.
Otros países tienen modelos centralizados en el reparto de los fondos, como Francia -el tercer país que más dinero recibirá-, o Portugal. Este último, sin embargo, sí que tiene en cuenta el criterio territorial por la insularidad de Madeira o las Azores. Alemania tiene un modelo distinto, en el que «hay una participación mucho más activa de los estados o Länder, una involucración más directa», señala el portavoz de KPMG.
En Francia o Italia se han puesto en marcha «procedimientos de ventanilla única, donde hay un control estatal a posteriori y eso acelera la tramitación de los fondos, a diferencia de Espña, donde hay un control muy fuerte a priori», subraya Torres.
Los «cuellos de botella» que retrasan la llegada de los fondos a las empresas
Este control creado para evitar casos de fraude o corrupción es, según el analista, uno de los principales motivos de la lentitud en la ejecución de los fondos en España. En 2021 se autorizaron un 91,4 % de los pagos, se comprometieron un 86,7 % y se realizaron un 45,5 %, 11.000 millones de euros.
Eso no quiere decir que hayan llegado ya a alas empresas, un proceso que previsiblemente se acelerará en 2022 -hay que tener en cuenta que España no recibió el grueso del primer pago hasta finales de diciembre del año pasado-.
Según la CEOE, en 2021 se abrieron 400 convocatorias y licitaciones en todo el sector público, pero muy pocas estaban resueltas al final del año. «Al ser fondos públicos, los dos únicos canales habilitados legalmente para la llegada a la economía real son convocatorias de subvenciones y liquidaciones de contratos públicos. Por tanto, si no hay esos instrumentos, no puede haber ejecución de fondos», asegura Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la patronal.
Las razones de este retraso, según Torres, están en el «cuello de botella en cuanto al personal capaz de lanzar convocatorias y, controlarlas». Ya había, previamente a la llegada de los fondos, una falta de personal que estos mismos fondos no pueden cubrir, porque no está contemplado que se destinen a la contratación en la administración.
Díaz coincide en que el problema era previo, ya que España se sitúa habitualmente en la cola en la ejecución de los fondos europeos tradicionales, con alrededor de un 30 %. El problema es mayor con los nuevos fondos y su gran magnitud: «Ha habido una incapacidad de la propia estructura de la administración para preparar todas esas licitaciones».
Los expertos coinciden en que 2022 será el año clave para comprobar si España se consigue poner al día en la ejecución de los fondos. «Es una gran oportunidad y no podemos fallar, porque subvenciones como estas no vendrán en los próximos decenios», remata Ezpeleta.
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