El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de reforma de la Ley Concursal, con la que se pretende facilitar la reestructuración de empresas viables y mejorar los procedimientos de insolvencia.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta ley, que pasará ahora a trámite parlamentario, supone un instrumento de reestructuración «eficiente y ágil» para minimizar la destrucción del tejido productivo y mantener a las empresas y negocios viables en el escenario de recuperación que ya vive el país.
El proyecto normativo incluye la transposición de la directiva europea de reestructuración e insolvencia e introduce otras reformas en el ámbito concursal. Esta modificación constituye una de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y va dirigido a garantizar que las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a un procedimiento efectivo de reestructuración preventiva que les permita continuar su actividad.
La ley pretende que las empresas puedan disfrutar de la exoneración de sus deudas después de un periodo de tiempo «razonable», favoreciendo la segunda oportunidad y que se mejore la eficiencia del procedimiento concursal. El Gobierno ha decidido, además, que la posibilidad de exoneración de deudas para los deudores de buena fe se amplíe a los consumidores.
Se presta especial atención en el anteproyecto de ley a las microempresas, que dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características.
Se amplía la moratoria concursal hasta 30 de junio de 2022
Pese a la aprobación en Consejo de Ministros con el objetivo de que entre en vigor en el primer semestre del año tras superar el trámite parlamentario, la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño ya ha abierto la puerta a prorrogar la moratoria concursal hasta la entrada en vigor de la reforma de esta normativa.
En principio, esta moratoria está prorrogada hasta el 30 de junio de 2022, pero la vicepresidenta ha asegurado que esta ampliación «da seguridad jurídica durante el plazo transitorio hasta la entrada en vigor de la reforma concursal».
Con la aprobación este martes de la ley, el Gobierno cumple con su objetivo de dar ‘luz verde’ antes de que finalice el año a tres de las principales normativas para el refuerzo del ecosistema empresarial: la Ley Crea y Crece, la Ley de Startups y la reforma de la Ley Concursal.
«No queremos que ninguna empresa viable tenga que bajar la persiana por tener dificultades económicas puntuales y no queremos que ningún emprendedor deje de emprender por culpa de un proyecto fallido que le lastre», ha remarcado la titular de Justicia.
Reestructuración preventiva
Así, uno de los puntos claves es la reestructuración preventiva, en fase previa a los procedimientos de liquidación, con el objetivo de que sigan siendo viables antes de que se produzca este último trámite. Por ello, se impulsa un marco más flexible y ágil desde el punto de vista procedimental.
«No se trata de mantener en funcionamiento cualquier empresa, bajo cualquier coste o precio, lo que se conoce como ‘zombieficación’ de las empresas, sino lo que se pretende es mantener el funcionamiento de las empresas que son realmente viables», ha remarcado Llop.
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