El documento que el Ministerio de Trabajo y Economía Social envió esta semana a la mesa del diálogo social para la reforma laboral, propone una medida para que las empresas no puedan tener trabajadores temporales si su número supera el 15% de la plantilla.

Es decir, que se necesitaría, al menos, disponer de siete trabajadores para emplear a uno temporal. En estos momentos, el 80% de las empresas españolas tienen menos de nueve trabajadores aunque, de ellas, la gran mayoría tiene menos de cinco.

La hoja de ruta que plantea el Ejecutivo para llevar a cabo esta limitación es que las empresas hagan a final de año un conteo de todos los contratos que tienen vigentes hasta 31 de diciembre y también de los que hayan finalizado a lo largo del año natural.

De tal forma que, cuando comience el nuevo ejercicio, presenten una propuesta a los representantes legales de los trabajadores, en las que se modifiquen los contratos, para que los temporales nunca se superen el 15% de la plantilla.

El problema que presenta la propuesta para los trabajadores por cuenta propia es “que bajo las condiciones que plantea la medida, los autónomos no van a poder contratar temporalmente” aseguró el abogado laboralista de la Gestoría Barcons, Jaume Barcons.

Según explicó el experto, para alcanzar ese 15% mínimo que plantea el documento es necesario que la actividad tenga una plantilla mínima de siete o más empleados. 

Por lo tanto, y si la propuesta sigue adelante sin ninguna modificación, todos aquellos negocios que tengan entre uno y seis trabajadores no podrá realizar contratos temporales cuando necesiten cubrir un refuerzo. Para Barcons, “la medida obligará a los pequeños negocios a sólo realizar contratos que tenga un carácter más fijo”.

La medida sería potencialmente perjudicial para los pequeños negocios que no podrían realizar este tipo de contrataciones para cumplir con los picos de trabajo de su actividad, bien los que se producen en verano con la llegada masiva de de turistas, o porque se ha realizad un gran evento e, incluso, cuando se necesita personal porque llega la época de rebajas.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, criticó duramente la medida a través de su cuenta de Twitter. Amor denunció que “reducir la temporalidad debe ser un objetivo de todos, pero no se consigue con topes que penalizan a autónomos y pequeñas empresas”.

Según explicó el presidente de ATA, la propuesta del Ejecutivo es “absurda” porque para alcanzar ese mínimo del 15% de la plantilla, un negocio debe tener un mínimo de siete empleados: “esta medida es absurda porque una empresa con cinco trabajadores cada trabajador supone un 20%.

Una con cuatro tiene un 25%, con tres un 33%”. Y completó diciendo que «ya con siete trabajadores parece que puedes tener uno temporal”.

Por último, Amor se lamentó de que el Gobierno “siga pensando que sólo hay grandes empresas, cuando en España casi el 90% de las actividades tienen menos de cinco trabajadores y no al revés”.

De hecho, los últimos datos referentes al mes de septiembre de la Dirección General de la Industria y la Pequeña y Mediana Empresa (organismo que pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) muestran como de las 1.304.691 pymes con asalariados, 1.123.936, tiene entre uno y nueve asalariados.

La temporalidad un objetivo del Gobierno

La reducción de los contratos temporales ha sido uno de los principales objetivos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dirige Yolanda Díaz, desde principios de año.

De hecho, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra avisó a comienzos del ejercicio que intensificaría la vigilancia en los negocios que abusen del uso de contratos temporales para extender el periodo de prueba y abaratar el coste de un posible despido, en sintonía con lo que recoge el Plan Director por un Trabajo Digno.

De esta manera, y a lo largo de todo el año, se ha realizado una intensa campaña informativa para advertir a los negocios que pudieran estar haciendo un uso abusivo de este tipo de contratos.

Se tenía previsto que se enviarán un total de 85.000 misivas para realizar esta función de aviso. Todo ello acompañado con la actuación de los inspección y su aumento de control en este tipo de actividades

La temporalidad es mayor en el sector público

La temporalidad de los contratos en España es uno de los grandes problemas del mercado laboral. Una inestabilidad de los empleos que es también consecuencia de los tipos de contratos que se hacen en buena medida en las entidades públicas.

De hecho, la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) emitió hace unos meses un informe en el que exponía, con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2021, la temporalidad que había en el sector público y que suponían el 30,4% de todos sus trabajadores, frente al 22% de los empleados con contratos públicos que operan en el ámbito privado.

De tal manera que, en estos momentos, uno de cada tres empleados que trabaja para la Administración lo hace mediante un contrato temporal.

Ante estos datos, el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas (CGE), Antonio Pedraza, decía en un anterior artículo que “es una diferencia muy exagerada. Máxime cuando debería haber más temporalidad en el sector privado con los ciclos de la actividad económica, que en la Administración pública, que no sufre estos ciclos y es más constante. Sin embargo, es algo que está ocurriendo”.

Siempre se ha tendido a asociar la realización de contratos temporales a las actividades económicas privadas por las campañas de trabajo. Y es algo que ocurre, sin embargo ello no es el único causante de la temporalidad en el mercado laboral.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO), Francisco García, coincidía con Pedraza y denunciaba el abuso que se hacía del contrato temporal en en el sector público.

“Las administraciones públicas han dejado a un lado su responsabilidad y no han convocado plazas de empleo público. Por lo que se ha ido acumulando la temporalidad” dijo García.

Según explicaba García, que el Estado no convoque nuevos puestos de trabajo público, “no quiere decir que no sea necesario contratar más médicos, maestros, policías o secretarios de juzgados para atender correctamente a la ciudadanía en los servicios públicos. De hecho, todo lo contrario.

Por eso, la Administración recurre a los contratos temporales para cubrir esa demanda. Se contrata personal obviando las ofertas de empleo público y cogiendo a profesionales interinos, eventuales o temporales”.

Las empresas no podrán tener más de un 15% de su plantilla en temporal