La decisión la tomará el Tribunal Supremo del país latinoamericano, lo que generará jurisprudencia para el resto de empresas aseguradoras del sector.
Mapfre y la Administración tributaria de Brasil resolverán ante un juez las diferentes interpretaciones que dan el Gobierno del país y las empresas aseguradoras a una norma relativa a la aplicación de dos tributos sobre la facturación de estas entidades.
Las entidades aseguradoras y la Administración tributaria del país se encuentran pendientes de la decisión del Tribunal Supremo brasileño sobre una tasa impositiva que estableció el Gobierno de Brasil y que el sector asegurador recurrió por considerarla inconstitucional.
En relación con este tema, Mapfre disponía en el ejercicio 2017 de provisiones para impuestos por importe de 299,14 millones de euros (en el ejercicio 2016 ascendían a 331,57 millones de euros) relativos a estas contingencias fiscales, según detalla el informe financiero anual de la aseguradora.
Concretamente, el conflicto se refiere a dos tributos: la Contribución fiscal destinada a la financiación de la Seguridad Social (Cofins), para el que Mapfre provisionó 294,15 millones de euros en 2017 y 325,97 millones de euros en 2016, y el Programa de Integración Social (PIS), cuyas provisiones ascienden a 4,99 millones de euros en 2017 y a 5,6 millones de euros en 2016.
Estas provisiones se refieren a la parte de estos dos tributos referida a los ingresos por primas, mientras que la relativa a los ingresos financieros no se encuentra provisionada, porque en términos de auditoría el grupo no lo considera un riesgo de pérdida probable, sino simplemente posible.
Así, Mapfre mantiene también procesos judiciales abiertos con la Administración tributaria en Brasil por la exigencia de los tributos Cofins y PIS en relación con los ingresos financieros y no operativos por importes de 170,14 millones de euros en 2017 y de 171,17 millones de euros en 2016.
Estos importes no están provisionados, dado que hay «incertidumbre» en la jurisprudencia sobre la ampliación de la base de cálculo de ambos tributos para incluir los ingresos financieros y no operativos, al tiempo que existe un dictamen de la Procuradoria Geral da Fazenda favorable a las aseguradoras.
Por otra parte, Mapfre mantiene un proceso judicial abierto con el corredor brasileño Proposta Corretora en relación con la intervención de un contrato de seguros de quiebra de garantía, por la que esta compañía reclama a la aseguradora española 123 millones de reales (30,2 millones de euros al cambio).
Este proceso se encuentra en fase de apelación, después de que la aseguradora ganara la acción en primera instancia, y Mapfre considera el riesgo de pérdida de este importe como posible.
