El objetivo es un claro reconocimiento como vehículos de transporte urbano, así como reducir la tensión entre ambos grupos.
Igualdad de matrículas para zanjar la batalla del transporte urbano. El Gobierno propone que taxistas, así como empresas del estilo de Uber y Cabify, lleven unas nuevas matrículas distintivas de color azul indicativas del servicio de transporte urbano que prestan. A la espera de ser aprobado en Real Decreto, se buscará que la medida resuelva el conflicto surgido entre ambos sectores ante el intrusismo y la competencia desleal que denuncia el gremio del taxi.
El Ministerio de Fomento y el Ministerio del Interior trabajan ya en la articulación de las nuevas licencias, indicó el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar. El cambio supondrá una inversión de 15 millones de euros, según la estimación del sector.
Con la placa de identificación se pretende que los dos tipos de vehículos de transporte urbano estén identificados para clientes e inspectores y evitar los supuestos de «piratería» e «intrusismo» que denuncia el gremio de taxistas. El ‘número dos’ de Fomento se reunió con Fedetaxi, la principal asociación de este gremio, para informar y tratar sobre el nuevo Decreto Ley de medidas, que la patronal concluyó que serán «insuficientes».
Entre el resto de iniciativas figura la prohibición de que las VTC vendan las licencias en los dos años siguientes a su obtención para evitar así que se genere una ‘burbuja’ especulativa con las entre 10.000 y 11.000 autorizaciones de este tipo que se espera que los tribunales ratifiquen en los dos próximos años en virtud de un vacío legal del sector entre los años 2009 y 2013.
Además, en virtud de dicho Real Decreto se articulará un registro público en el que las empresas como Uber y Cabify deberán registrar todos los servicios de transporte que contraten. De esta forma, según el alto cargo de Fomento, se garantiza que cumplan con el requisito de que cada servicio de transporte tenga un contrato previo, y se evite que capte clientes por la calle, y se mejorará su inspección por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Gómez-Pomar mostró su confianza en poder aprobar este paquete de medidas antes de que concluya el año, si bien indicó que ello dependerá del informe que debe emitir el Consejo de Estado, que actualmente lo está estudiando.
«El Gobierno está actuando con celeridad para atajar un problema no generado por el Gobierno, dado que deriva de un vacío legal que se generó hace unos años, y para establecer normas claras y precisas«, indicó el secretario de Estado en referencia a la liberalización del sector entre 2009 y 2013 y su posterior regulación ese mismo año.
No obstante, el ratio de una licencia de VTC para cada treinta años que marcó la nueva ley no estuvo en vigor hasta que en 2015 se aprobó su correspondiente desarrollo normativo.
Asimismo, el secretario de Estado subrayó que la competencia del Gobierno central sobre este tema es la de regulación, y que corresponde a comunidades autónomas y locales la de inspección. «En este sentido, el Gobierno trata de establecer un marco de condiciones y exigencias para que cumpla la ley«, remarcó.
