El Gobierno de España ha dado el primer paso para la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
El ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha presentado este martes el proyecto con tres metas: permitir el desarrollo de una carrera más «atractiva, predecible y estable» para los investigadores; favorecer la transferencia de conocimiento al mercado y la sociedad; y mejorar la gestión de la I+D+i, esto es, la gobernanza de la investigación, el desarrollo y la innovación.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley, cuyo texto se debatirá en una mesa de diálogo con los representantes de las asociaciones científicas y universitarias, del ámbito de la salud, de las comunidades autónomas y de los agentes sociales.
«Hoy es un día importante para la ciencia», ha afirmado el ministro en la rueda de prensa tras la reunión del Gabinete, y ha recordado que los próximos años aún «lo serán más».
Por su parte, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha destacado el objetivo de garantizar «la tranquilidad, la estabilidad y los medios necesarios» a quienes se dedican a la investigación científica, que es «motor del progreso económico y fuente del bienestar social». Según Duque, la clave estará en «acertar con las reformas», que constaten en su compromiso con la ciencia.
1. Acabar con la fuga de cerebros
Unos 5.000 investigadores españoles tuvieron que marchar al extranjero entre 2011 y 2016 como consecuencia de la situación «anómala» de la ciencia en nuestro país, con «consecuencias muy negativas».
Estos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), citados por el ministro Duque, están detrás de la necesidad de una reforma que busca diseñar una carrera científica «atractiva, predecible y estable», modernizar la contratación de empleados públicos y reducir la temporalidad y la precariedad de los investigadores en España.
La fórmula que propone el Ministerio de Ciencia e Innovación y recomienda la Comisión Europea para retener el talento científico se conoce como ternure track. Se trata de un modelo de contratación que permite hacer contratos fijos sujetos a evaluación externa, como hacen en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza e Italia, entre otros.
Al mismo tiempo, con el objetivo de también captar y atraer talento, el Gobierno buscará reforzar los contratos en la fase posdoctoral inicial y las ayudas a los contratados «tenure track» para la proyección y consolidación de sus proyectos científicos.
2. Transferencia de conocimiento: más innovación
Otro de los objetivos de la reforma recogidos en el anteproyecto de ley es el impulso de la transferencia de conocimiento, es decir, que la investigación sea también innovación para la sociedad, dado que España está a la cabeza de las publicaciones científicas de excelencia en muchos campos.
Para revertir esta situación, se mejorarán los incentivos al personal científico para que sus investigaciones lleguen a la sociedad y el mercado, se facilitará la generación directa de sociedades start up, surgidas a partir de una investigación, y se orientarán las Oficinas de Transferencia del Conocimiento hacia el mercado.
3. Mejorar la gestión del I+D+i con las autonomías
Por último, para mejorar la gobernanza de la I+D+i, el Gobierno pondrá en marcha nuevos programas complementarios con las comunidades autónomas para financiar y realizar al respecto acciones conjuntas y estratégicas.
Además, llevará a cabo reformas normativas para fomentar la creación de centros e infraestructuras de investigación entre el Estado y las autonomías y promoverá la agilidad administrativa para nuevos proyectos de infraestructuras de investigación.
Pero el camino para la reforma solo acaba de comenzar. El resultado de la mesa de diálogo se someterá a audiencia pública, volverá al Consejo de Ministros y, finalmente, podrá tramitarse en el Parlamento. Mientras, una subcomisión del Congreso de los Diputados trabajará también en el texto.
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