Ha sido la primera Ley aprobada en la vigente y complicada legislatura en el Congreso y lo ha sido por unanimidad, lo cual teniendo en cuenta el panorama político actual tiene un especial significado y valor. La nueva Ley de Medidas Urgentes al Trabajo Autónomo, que actualmente está en el Senado a la espera de su aprobación definitiva, regulará el trabajo que desarrollan más de 3,2 millones de trabajadores autónomos, con lo que ello supone además de creación de nuevos puestos de trabajo y de indudable herramienta específica para la reducción de las inadmisibles tasas de paro que sigue padeciendo la economía española.

La masiva destrucción de puestos de trabajo del periodo más crítico de la crisis económica, que asoló buena parte del continente europeo entre 2008 y 2013, se cebó especialmente en los trabajadores que sostenían el sistema por su parte más débil en cuento a las posibilidades de defensa estructural ante situaciones de riesgo económico, pues las variantes macro arrasaron sin piedad a las empresas situadas en todos y cada uno de los sectores de la microeconomía, acelerando el desastre general del mercado laboral en España y llevándose por delante cientos de miles de proyectos empresariales enmarcados en el Régimen de Autónomos, que como casi siempre, se llevaron la peor parte y sufrieron los rigores de una política económica y financiera diseñada, pareciese más bien, por el enemigo.

Para los trabajadores autónomos, el hecho de poder contar con una nueva Ley reguladora de sus condiciones de trabajo, supone insuflar el oxigeno necesario para que su respiración se acompase con sus esfuerzos por sacar adelante sus empresas, iniciadas tras una carrera de obstáculos burocráticos que lastra desde el inicio la idea misma y el proyecto de comenzar, para muchos de reinventarse tras ser expulsados del mercado de trabajo después de la crisis que recientemente colapsó nuestra economía.

Los datos demuestran que España, aún perteneciendo a las avanzadas economías occidentales que ofrecen, en teoría, más y mejores oportunidades a quienes optan por crear su propia empresa, aún ha de derribar las barreras que suponen que en el último informe Doing Business, del Banco Mundial, que mide la facilidad de las economías mundiales para hacer negocios, nuestra nación se sitúe en el puesto 32 a nivel global, siendo superado en este ranking por países que en el común imaginario no pertenecen al selecto club de aquellos que engloban las locomotoras europeas, por población, por renta per cápita y por peso específico en el conjunto mundial de las economías más avanzadas. Entre estos países que superan a España en la facilidad para hacer negocios se pueden citar Macedonia, Estonia, Letonia, Georgia, Lituania, Islandia, Eslovenia, Polonia o Portugal. Claro que si tenemos en cuenta que se analizan 190 países aún es peor la situación en la clasificación de facilidad de apertura de un negocio, en la que nuestro país cae hasta el puesto 85.

Por eso es tan importante que la nueva Ley de Medidas Urgentes al Trabajo Autónomo recoja las peticiones y sugerencias de estos trabajadores, que durante muchos años han sido tratados de manera tan injusta en materia de derechos y que les ha situado en un segundo nivel en el mercado laboral, casi como una casta de parias que debían trabajar de sol a sol para pagar los mismos impuestos que los demás, incluso desde el primer minuto en el que iniciaban sus actividades, jamás podían enfermar bajo pena de dejar de ingresar el sustento, fruto de su facturación diaria y además debían demostrar cada céntimo de sus deducciones por actividad sino querían sufrir la siempre incómoda lupa de la Agencia Tributaria revisando todas y cada una de sus facturas. Para otra ocasión dejaremos otros “tributos” de obligado cumplimiento como las Cámaras de Comercio o para los autónomos del sector de la hostelería, los pagos a las sociedades de autores por las emisiones de televisión o reproducción de música en sus establecimientos.

Pero centrándonos en lo positivo de la nueva Ley es de justicia enumerar algunas de las ventajas que a partir de ahora van a permitir a los autónomos ver una luz al final del túnel. Según se ha desarrollado en el reciente Curso de Verano de la UCM de ATA y el ICOGAM en San Lorenzo de El Escorial, la Ley se resume en cinco bloques: eliminación de trabas, emprendimiento y reemprendimiento, mejora de protección social, dar voz a los autónomos y otorgar de seguridad jurídica a los autónomos frente a Hacienda. Es decir, legislar frente a la problemática que anteriormente se ha mencionado y favorecer que puedan entrar en el mercado laboral a través del Régimen de Autónomos todas aquellas personas que tengan una idea, un proyecto y por supuesto, una financiación inicial que contribuya a comenzar su aventura empresarial y que no sólo se constituya de manera ágil y rápida, sino que pueda ser sostenible en el tiempo y generadora a su vez de nuevas oportunidades de empleo futuras.

Entre los cambios más sustanciales cabe destacar la ampliación de la tarifa plana de 50 euros en la cotización a la Seguridad Social de seis meses a un año, además las mujeres tendrán también una tarifa plana de 50 euros cuando se reincorporen tras la maternidad y se bonificará al 100% durante 12 meses la cuota de los autónomos que tengan que cuidar de menores o dependientes. Asimismo, la edad del menor cuyo cuidado da derecho a bonificaciones se eleva de 7 a 12 años.

Del mismo modo y en lo que a deducciones se refiere se permitirá que los autónomos puedan deducirse el 20% de los gastos en suministros de agua, gas, electricidad y telefonía cuando trabajen desde su casa. En cuanto a ingresos y actividad es muy destacable que se permita a los autónomos cambiar de base de cotización hasta en cuatro ocasiones a lo largo del año, de modo que quede mejor adecuada a sus ingresos y que se den de alta y de baja en la Seguridad Social hasta tres veces al año, para así pagar solo en las épocas en las que tengan actividad.

También se producen cambios importantes en lo que se refiere a los recargos que penalizaban a los autónomos por el retraso en el pago de la cuota, que durante el primer mes de desfase en el pago, la penalización pasa del 20% al 10% y también la Seguridad Social devolverá de oficio el exceso de cotización de las personas en situación del pluriactividad sin que esta tenga que realizar la solicitud de la devolución. Además se podrá compatibilizar el cobro del 100% de la pensión con la prolongación de la vida laboral para el empleo por cuenta propia.

Y en materia de seguridad y salud laboral son varias las medidas positivas que mejorarán la situación de los autónomos, como la ampliación de la cobertura de las contingencias profesionales mediante inclusión del accidente ‘in itinere’, esto es, durante el desplazamiento de los profesionales autónomos a su puesto de trabajo, la aprobación de mejoras para la formación en prevención de riesgos laborales, la mejora de las condiciones del emprendimiento para los trabajadores con discapacidad y la posibilidad de que los autónomos contraten a sus hijos que estén en situación de discapacidad.

En definitiva, una nueva Ley que supone, no sólo la mejora de las condiciones de empleo de un sector, el de los autónomos, que abarca muy diversos sectores de la economía española, de cuyo impulso son responsables como una de las locomotoras que tiran de la recuperación del empleo y de las importantes cifras presentes y futuras de crecimiento económico de los que ahora disfruta España, sino también afianzar el reconocimiento que merecen tantos millones de personas que cada día se afanan por continuar adelante con sus negocios, con sus proyectos de vida, con el desarrollo de sus ideas empresariales, siempre con esfuerzo continuado, de sol a sol, pero desde ahora en el mismo nivel que los demás y siendo un factor determinante para que España mire al futuro en positivo, como merece el trabajo bien hecho de cada día y la ilusión de tantos autónomos que han puesto lo mejor de sí mismos para continuar adelante en la senda de la recuperación económica.

José Mª. Dorado – Directivo de Empresa de la Administración Local