En el encuentro digital ‘El Sector Inmobiliario tras la Covid-19’, el sector inmobiliario ha abogado por que el Gobierno de España genere confianza aumentando la seguridad jurídica junto con la oferta, estimando necesario que las medidas que se aprueben no penalicen la vivienda vacía ni justifiquen la ‘okupación’.
En el eventohan participado el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos; el presidente de Asval, Joan Clos; el consejero delegado de Aliseda Inmobiliaria y Anticipa Real Estate, Eduard Mendiluce; el consejero delegado de Testa, Juan Pablo Vera; el profesor de Economía en la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo, y el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa. La mesa redonda ha estado moderada por la directora general de Asval, Beatriz Toribio
El consejero delegado de Aliseda Inmobiliaria y Anticipa Real Estate ha indicado que las medidas en las que se deben trabajar para conseguir la transformación y el desarrollo del alquiler pasan por aumentar la oferta, pero sin dejar de lado la seguridad jurídica, «que es importantísima».
De hecho, considera que no se deberían incluir penalizaciones a la vivienda vacía ni hablar de expropiaciones, pero tampoco penalizar en función de cuantas viviendas se tiene «ni penalizar el hecho de que por tener un ocupa, la ley perjudique al propietario y proteja al ocupa».
Por su parte, el consejero delegado de Testa ha apuntado que claramente existe «una percepción de inseguridad jurídica», que existen más medidas que limitan el derecho a la propiedad y que se puede decir que son casi «expropiatorias». Para Vera, «medidas que justifican la ‘okupación’ son imposibles de entender». «Este tipo de medidas no existen en otros países de Europa», ha resaltado.
Mendiluce ha alertado de que los desahucios van a venir principalmente por el impago del alquiler y ha señalado que se debe pensar en fórmulas para aplicar una vez termine el estado de alarma y el fin de la paralización de los desahucios que en estos momentos sigue vigente hasta mayo.
Así, ha propuesto trabajar en un plan de ayudas, en un fondo de 750 millones, para las familias que lo están pasando peor y que no pueden endeudarse más ni acogerse a una moratoria del alquiler.
También ha resaltado que el 95% de los propietarios de viviendas alquiladas son personas físicas y que alargar la extensión de paralizar los desahucios más allá del estado de alarma puede perjudicar a las familias en las que el alquiler es una fuente de ingresos más.
Preguntados sobre las sentencias que avalan la ocupación y por cómo pueden afectar al sector, los expertos han coincidido en que «no va a favorecer para nada». De hecho, Mandiluce ha señalado que hay que ir profundizando en lo que son los fundamentos de los derechos de la propiedad privada frente a lo que es el derecho a una vivienda, que es algo recogido en la Constitución, porque se puede dañar «seriamente» a la inversión.
El encuentro ha sido organizado por Asval, en colaboración con Europa Press.
