Está previsto que el Gobierno presente, dentro de un mes, su proyecto de Ley de Vivienda, que están elaborando el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, encargado de derechos sociales, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la que está previsto que incluyan medidas para evitar la subida excesiva de los precios del alquiler similares a las aprobadas por Cataluña en septiembre.
El establecimiento de topes a los precios de alquiler acaba de recibir el respaldo mayoritario del Parlamento Europeo, que ha aprobado reclamar a los 27 que regulen el alquiler para proteger el derecho a una vivienda digna y asequible incluyendo mecanismos de control de precios.
La resolución de la Eurocámara, aprobada con 352 votos a favor, 179 en contra y 152 abstenciones, urge a los gobiernos y autoridades locales a poner en marcha la legislación necesaria para proteger los derechos de inquilinos y propietarios, garantizando «la seguridad de la tenencia favoreciendo los contratos de alquiler a largo plazo como opción predeterminada, junto con la transparencia y medidas como el control de los alquileres».
También el Parlamento Europeo solicita a los países miembros que actúen para corregir los desequilibrios del mercado inmobiliario aportando transparencia sobre sus precios y su funcionamiento y ha criticado el aumento de la mercantilización y la inversión especulativa en vivienda, especialmente en las grandes ciudades, señalando que «los inversores tratan la vivienda como un bien negociable y no como un derecho humano«.
Controlar la especulación en el alquiler
La resolución expresa que los gobiernos deben poner en marcha medidas fiscales contra la inversión especulativa y reclama a la Comisión Europea que evalúe las leyes existentes para fomentar el acceso a una vivienda digna y asequible y que presente propuestas para frenar esta tendencia al encarecimiento y a la especulación inmobiliaria a mediados de 2021.
Las políticas de vivienda de los Estados miembros, según la Eurocámara, deben basarse en el principio de neutralidad entre el acceso a un inmueble en propiedad, el arrendamiento libre y el alquiler social o asequible.
Además, ha criticado que el alquiler vacacional a corto plazo ha reducido el mercado de viviendas en alquiler para domicilio habitual y ha provocado un aumento en sus precios.
De acuerdo al texto aprobado por el Parlamento Europeo se fija que en 2030 la meta de reducir a cero el número de ciudadanos de la Unión Europea que carecen de vivienda.
No obstante, han precisado que actualmente 1 de cada 4 inquilinos europeos paga por su alquiler más de un 40% de sus ingresos y han puesto énfasis en que una vivienda digna debe contar con servicios como agua potable, alcantarillado o higiene.
Pese al apoyo de la UE, esta medida ha provocado el rechazo del sector inmobiliario, como en el caso del portal Idealista, que considera que los precios tenderán a regularse por sí solos y ha rechazado lo que califica de medidas «coercitivas o punitivas», mientras que Fotocasa ha señalado que la regulación de precios puede contraer todavía más la oferta de vivienda en alquiler.
Sin embargo, España no será el primer país en regular los precios del alquiler, dado que hay al menos 8 ejemplos de gobiernos o autoridades locales de todo el mundo que aplican normativas para frenar el encarecimiento del alquiler y mantener los niveles de accesibilidad de la vivienda, como Alemania, Francia, Suecia, Portugal, Irlanda, Suiza o varias ciudades y estados de EEUU.
