Cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre los avances logrados en materia de igualdad de género, pero también sobre los desafíos persistentes. Este año, el informe #EmpleoParaTodas de la Fundación Adecco pone el foco en un colectivo que, a pesar de su creciente protagonismo en el mercado laboral español, sigue enfrentando barreras estructurales: las mujeres migrantes. Su doble condición de mujeres y extranjeras las sitúa en una posición de desventaja, obligándolas a superar obstáculos adicionales para acceder a empleos formales y con derechos.
Según los datos del informe, hoy en día hay en España 2,5 millones de mujeres migrantes en edad laboral, lo que representa el 16% del total de la población femenina en condiciones de trabajar. Este porcentaje ha crecido de manera significativa en las últimas décadas, pasando del 7,6% en 2004 al 11,7% en 2014, reflejando el impacto del envejecimiento demográfico y la baja natalidad en la población autóctona. Sin embargo, a pesar de este aumento en su presencia, las mujeres migrantes siguen encontrando enormes dificultades para consolidarse en el mercado laboral.
Uno de los problemas más acuciantes es su alta tasa de desempleo, que se sitúa en el 17,8%, bastante superior al 11,8% que afecta a las mujeres españolas. Este porcentaje se dispara al 19,8% en el caso de las mujeres provenientes de países extracomunitarios, lo que evidencia que la discriminación por origen sigue siendo una barrera real. Además, la homologación de títulos académicos sigue siendo un proceso lento y burocráticamente engorroso, lo que impide que muchas mujeres migrantes puedan acceder a puestos acordes con su formación y experiencia.
A esta situación se suma la preocupante sobreexposición a la economía sumergida. Según la encuesta realizada para el informe, el 86% de las mujeres migrantes desempleadas estarían dispuestas a aceptar trabajos en condiciones de absoluta precariedad, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. La falta de redes de contacto y la urgencia económica las empujan a empleos sin derechos, aumentando su vulnerabilidad y el riesgo de sufrir explotación laboral o acoso.
Sin embargo, la presencia de las mujeres migrantes en el mercado laboral no es solo una necesidad económica para ellas, sino una oportunidad para España. En un contexto de envejecimiento poblacional y disminución de la fuerza laboral nativa, su incorporación al empleo formal es clave para garantizar el crecimiento económico y la sostenibilidad del Estado de Bienestar. De hecho, si hoy todas las mujeres migrantes ocupadas abandonaran sus puestos de trabajo, el impacto sería devastador: faltarían 1,4 millones de trabajadoras y, aunque todas las desempleadas españolas fueran reubicadas en esos puestos, aún quedarían más de 270.000 vacantes sin cubrir.
Es urgente adoptar políticas que faciliten su acceso a empleos dignos y con derechos. La homologación de títulos debe agilizarse, es necesario fomentar programas de inserción laboral y se debe combatir la discriminación en los procesos de contratación. También es esencial reforzar las inspecciones laborales para erradicar la economía sumergida y garantizar que las mujeres migrantes puedan trabajar en condiciones de seguridad y justicia.
Las mujeres migrantes no son una amenaza ni una carga, sino una oportunidad para fortalecer el mercado laboral español. Garantizar su inclusión no solo es una cuestión de justicia social, sino una necesidad para construir una economía más dinámica, diversa y resiliente. Ha llegado el momento de que las políticas públicas y la sociedad en su conjunto reconozcan su contribución y trabajen para eliminar las barreras que las mantienen en la precariedad.
España debe implementar políticas de inserción laboral ajustadas a la realidad
El empleo de las mujeres migrantes en España es un reflejo de las contradicciones del mercado laboral y de las políticas de integración del país. A pesar de que representan una parte fundamental de la fuerza laboral en sectores como el trabajo doméstico, la hostelería y los cuidados, su situación sigue marcada por la precariedad, la informalidad y la falta de oportunidades de ascenso profesional.
Uno de los principales problemas que enfrentan las mujeres migrantes en España es la segregación laboral. Muchas se ven relegadas a empleos poco valorados, con bajos salarios y condiciones laborales inestables. A pesar de su formación y experiencia en sus países de origen, enfrentan numerosas barreras para acceder a empleos cualificados debido a la falta de reconocimiento de sus títulos académicos y la discriminación en los procesos de selección.
Además, las políticas de integración laboral en España han sido insuficientes para garantizar una inclusión real y equitativa. Aunque existen programas de capacitación y empleo dirigidos a personas migrantes, la burocracia y la falta de coordinación entre administraciones dificultan su acceso. Muchas mujeres migrantes quedan atrapadas en un ciclo de informalidad laboral debido a la rigidez de la ley de extranjería, que exige contratos formales para regularizar su situación, mientras que el propio mercado laboral las empuja hacia la economía sumergida.
Otro aspecto preocupante es la discriminación de género y origen en el entorno laboral. Las mujeres migrantes suelen enfrentar condiciones de trabajo más duras que sus compañeros nacionales, con jornadas más largas, menor protección social y mayor exposición a abusos laborales. En sectores como el empleo del hogar, la ausencia de convenios colectivos efectivos y la falta de inspecciones laborales facilitan situaciones de explotación y desprotección.
Es evidente que España debe revisar sus políticas de integración laboral y adoptar medidas más efectivas para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres migrantes. Esto implica desde el reconocimiento ágil de sus títulos académicos y experiencia profesional, hasta la implementación de medidas concretas contra la discriminación y la precariedad laboral. Sin una acción decidida y estructural, las mujeres migrantes seguirán siendo víctimas de un sistema que, aunque se beneficia de su trabajo, les niega los derechos y oportunidades que merecen.
