El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el primer paquete de medidas para la reforma de las pensiones pactado con sindicatos y patronal el pasado julio, según han confirmado fuentes del Ejecutivo a este periódico.

Tras esta aprobación en segunda vuelta, el texto será enviado al Congreso para su discusión con el resto de fuerzas políticas del arco parlamentario.

La reforma, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dirigido por José Luis Escrivá, tiene como principales medidas la revalorización automática anual de las pensiones según el IPC; se aumentan las bonificaciones al retraso de la jubilación y se incrementan las penalizaciones para los que deseen adelantarla; y se deroga el factor de sostenibilidad que había impuesto el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, según el cual se ligaba el cobro de la pensión a la evolución de la esperanza de vida.

Según había explicado el propio Escrivá en la Comisión del Pacto de Toledo en julio, el factor de sostenibilidad del PP hubiese supuesto un recorte progresivo de las pensiones futuras.

Según cálculos de Seguridad Social, los jóvenes que hoy tienen 18 años, que se jubilarían en torno a 2070 y que tuviesen derecho a una pensión de 1.500 euros, hubiesen visto recortada su jubilación en 291 euros mensuales.

La rebaja sería de 100 euros al mes en 2030 y de 207 euros para 2050.

Sin embargo, el Gobierno todavía no ha pactado con los agentes sociales el sustituto del mencionado factor de sostenibilidad, el cual se denominará mecanismo de equidad intergeneracional.

Ejecutivo, sindicatos y patronal se han dado de tiempo hasta el próximo 15 de noviembre para acordar esta nueva herramienta que entraría en la futura ley de pensiones vía enmienda.

Además, la reforma contempla el pago de 22.000 millones de euros anuales del Estado a las arcas de la Seguridad Social para colaborar en el mantenimiento y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Beneficios y penalización para jubilarse

En cuanto a las penalizaciones a aquellos que decidan adelantar el cobro de su jubilación, estas se harán sobre la propia pensión, es decir, no se aplicarán sobre la base de cotización.

De esta forma, dependiendo de los años cotizados y del tiempo que se adelante, la reducción variaría entre un 2,81% y un 21% en caso de una jubilación ordinaria; o entre un 0,5% y un 30% si se trata de una jubilación a la que se ha accedido tras un despido.

Estos mecanismos serán diferentes en el caso de pensiones con bases de cotización superiores a la máxima, para los que habrá un periodo de transición de diez años a partir de 2024.

Para estos pensionistas la penalización máxima, es decir, la del 21%, se aplicaría en 2033, cuando finalice dicho periodo transitorio.

Por otro lado, habrá una bonificación del 4% por cada año trabajado para aquellos que decidan retrasar la jubilación, o un pago único extra que variará entre los 4.786,27 euros y los 12.060,27 euros, dependiendo del importe de la pensión y de si el trabajador ha superado o no los 44 años y medio cotizados.

Todo esto compondría el primer paquete de medidas para la reforma de las pensiones, pero todavía queda la segunda parte, que Gobierno y agentes sociales tratarán el año que viene.

En 2022, las partes deberán de llegar a acuerdos en torno a temas delicados, como el cambio del periodo de cómputo de los años trabajados para adaptar el sistema a la nueva realidad del mercado laboral o el incremento de las bases de cotización y de las pensiones máximas.

Una decisión que genera conflicto en el parlamento

Según se pudo observar en la Comisión del Pacto de Toledo en julio, adonde acudió el ministro Escrivá a explicar su reforma de las pensiones, el Gobierno se enfrentará a una dura negociación con los partidos políticos para sacar la ley adelante.

Entre los que ya han dicho que votarán que no, se encuentra el principal partido de la oposición, el PP. “Diga hoy la verdad, ¿esta contrarreforma quién la va a pagar? (…) Nos mienten cuando nos ocultan la parte que queda por acordar”, dijo Cuca Gamarra, portavoz del PP, criticando a Escrivá por el mecanismo de equidad intergeneracional que todavía no se pactó con los agentes sociales.

“Nos parece bien derogar el factor de sostenibilidad. Nos parecerá mal que se nos tome el pelo si lo que se hace es tan solo cambiarle el nombre”, advirtió, por su parte, Oskar Matute, de Bildu.