El Gobierno ha dado un paso adelante en la lucha contra las estafas telefónicas al aprobar un paquete de medidas dirigidas a combatir el creciente número de fraudes que afectan a miles de ciudadanos. El foco principal está en los fraudes realizados a través de mensajes SMS, una de las técnicas más utilizadas por los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas mediante suplantación de identidad, alertas falsas sobre familiares en peligro o notificaciones fraudulentas de bancos y empresas de confianza.

Sin embargo, una vez que alguien cae en la trampa, el verdadero desafío es saber cómo defenderse y, sobre todo, cómo recuperar el dinero sustraído. El proceso de reclamación puede ser largo y costoso, lo que en muchos casos desincentiva a las víctimas a tomar acciones legales contra los delincuentes. Expertos en ciberseguridad y reclamaciones financieras advierten que los despachos de abogados suelen cobrar entre un 10 % y un 15 % del monto reclamado, lo que representa un gasto adicional para los afectados.

Un caso representativo es el de Francisco, una víctima que decidió llevar su caso ante los tribunales. Además del dinero estafado, tuvo que desembolsar 200 euros por los honorarios del abogado, lo que elevó el coste total de la reclamación a 1.500 euros. Pero el problema no es solo el costo del proceso, sino la posibilidad real de recuperar el dinero, ya que la mayoría de los estafadores operan desde el anonimato y rara vez tienen solvencia económica para devolver lo robado.

¿Qué pueden hacer los bancos?

Lo que muchos ciudadanos desconocen es que, además de las acciones legales contra los ciberdelincuentes, existe otra vía de reclamación: las entidades bancarias. Según las normativas vigentes, los bancos tienen el deber de alertar a sus clientes ante transacciones sospechosas que no sigan los patrones habituales. Esto significa que si una operación es inusual o desproporcionada con respecto a la capacidad financiera del usuario, la entidad bancaria debe bloquearla o al menos advertir al titular de la cuenta antes de ejecutarla.

No obstante, los ciberdelincuentes son plenamente conscientes de estos controles y han desarrollado estrategias para burlarlos. Una táctica común es realizar las estafas los viernes, aprovechando que muchas entidades bancarias reducen su operatividad durante el fin de semana. Cuando la víctima se percata del fraude el lunes, ya es demasiado tarde: el dinero ha sido transferido a múltiples cuentas y retirado, dificultando su rastreo y recuperación.

El desafío de frenar las estafas digitales

El problema de las estafas telefónicas y bancarias es un reflejo de un desafío mayor: la evolución del cibercrimen y la necesidad de adaptar las medidas de protección. Mientras el Gobierno busca reforzar la seguridad con nuevas regulaciones, es fundamental que los ciudadanos estén informados y tomen precauciones para evitar ser víctimas de estos fraudes.

Entre las recomendaciones más importantes están no responder mensajes sospechosos, evitar hacer clic en enlaces desconocidos, verificar directamente con las entidades oficiales cualquier notificación de pagos o alertas de seguridad y denunciar inmediatamente cualquier intento de fraude.

A medida que las técnicas de los delincuentes evolucionan, también debe hacerlo la vigilancia de las instituciones y la conciencia ciudadana. La lucha contra las estafas telefónicas no solo depende del Gobierno y los bancos, sino de la capacidad de cada persona para identificar y evitar los intentos de fraude antes de que sea demasiado tarde.