La Mesa del Congreso ha dado un paso clave este martes al calificar las tres proposiciones de ley presentadas por el Partido Popular (PP), Sumar y Podemos para eximir de tributación el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta decisión abre la puerta a un posible cambio en la fiscalidad de los trabajadores con menores ingresos, pero deja en manos del Gobierno la posibilidad de frenar su tramitación.
El papel del Ejecutivo: ¿Opondrá su veto?
El Gobierno tiene ahora un plazo de treinta días laborables para decidir si permite que estas propuestas avancen en el Congreso. Según la Constitución, el Ejecutivo puede vetar iniciativas legislativas si considera que afectan a los ingresos o gastos del Estado. En este caso, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, podría argumentar que la exención del IRPF para el SMI supondría una reducción de ingresos para las arcas públicas.
Actualmente, el SMI en España se sitúa en 1.134 euros mensuales en 14 pagas (15.876 euros anuales). Con la normativa vigente, un trabajador con este salario no tributa IRPF si no tiene otros ingresos adicionales, pero sí debe hacerlo si su situación personal y familiar le obliga a presentar la declaración. La exención total eliminaría cualquier posible tributación, beneficiando directamente a más de dos millones de trabajadores en el país.
El Congreso dividido: PP, Sumar y Podemos buscan una mayoría
La cuestión ha generado un intenso debate en la Cámara Baja. Mientras el PP, Sumar y Podemos impulsan la exención del IRPF para el SMI, PSOE y algunos sectores de la administración fiscal han mostrado reticencias.
Por otro lado, ERC y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han presentado una proposición no de ley con el mismo objetivo, lo que refuerza la presión parlamentaria para modificar la actual fiscalidad del salario mínimo.
La composición de la Mesa del Congreso podría jugar un papel clave en el avance de estas propuestas. Con dos diputados del PP, dos del PSOE y uno de Sumar, una alianza entre los partidos de la derecha y la izquierda alternativa podría permitir que la medida avance, incluso si el Gobierno intentara bloquearla.
Un pulso político en pleno año electoral
El debate sobre la tributación del SMI llega en un momento de alta tensión política. Hace apenas una semana, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la líder de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, protagonizaron un choque público sobre este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Mientras Díaz defiende la exención total como una medida de justicia social, el PSOE mantiene su postura de evaluar el impacto fiscal antes de tomar una decisión definitiva. Desde la oposición, el PP ha aprovechado la división dentro del Gobierno para impulsar su propia propuesta y atraer el apoyo de los partidos minoritarios.
Impacto económico y social: ¿Qué supondría la exención del IRPF para el SMI?
De aprobarse la exención del IRPF para el SMI, España seguiría el ejemplo de otros países europeos con políticas fiscales favorables para los trabajadores de menores ingresos. Francia, por ejemplo, aplica deducciones progresivas que reducen la carga fiscal sobre los salarios más bajos, mientras que en Alemania existen tramos exentos que protegen a los trabajadores con menores ingresos.
Según cálculos de expertos fiscales, la medida supondría un alivio económico para más de dos millones de trabajadores, pero también podría generar un impacto en la recaudación del Estado de entre 1.500 y 2.000 millones de euros anuales.
La cuestión ahora es si el Gobierno permitirá que la propuesta siga adelante o si ejercerá su derecho de veto, lo que podría generar un nuevo conflicto dentro de la coalición de gobierno y con la oposición. Con el reloj en marcha, la decisión deberá tomarse en las próximas semanas.
