El Gobierno español ha decidido regularizar a 25.000 migrantes afectados por la DANA que devastó la Comunidad Valenciana el 28 de octubre del año pasado, un desastre natural que dejó más de 200 fallecidos y miles de damnificados. La medida, adelantada por El País y confirmada por fuentes gubernamentales a Europa Press, busca dar una solución a los ciudadanos extranjeros que, debido a las inundaciones, no han podido renovar su permiso de residencia y trabajo.
Una medida con impacto social
Según lo informado, el Consejo de Ministros aprobará la iniciativa este martes 11 de febrero, bajo la dirección del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por Elma Saiz. La decisión responde a la difícil situación que enfrentan miles de migrantes que han quedado en limbo legal tras la catástrofe, dificultando su acceso a derechos básicos como vivienda, empleo y ayudas económicas.
“Estamos estudiando desde el absoluto rigor jurídico con muchísima sensibilidad y pronto daremos a conocer las medidas que vamos a adoptar, pero siempre desde la seguridad jurídica», afirmó la ministra Elma Saiz el pasado 29 de enero, tras su intervención en el pleno del Consejo Económico y Social (CES).
Los migrantes, los más afectados por la exclusión administrativa
Organizaciones sociales de la Comunidad Valenciana han señalado que las ayudas estatales y autonómicas exigen documentación oficial, como DNI o NIE, además de otros requisitos como un contrato de trabajo, contrato de alquiler o cuenta bancaria. Estos filtros han dejado fuera a aproximadamente 40.000 personas en situación administrativa irregular, quienes figuran entre los colectivos con mayor vulnerabilidad y exclusión social tras la catástrofe.
El proceso de regularización supone un paso importante en materia de derechos humanos y estabilidad social, permitiendo a los afectados reconstruir sus vidas sin el temor de ser expulsados o de perder su acceso a recursos esenciales.
Regularización y estabilidad: una decisión clave
España ha implementado en el pasado procesos de regularización extraordinaria en situaciones de emergencia, buscando proteger a los migrantes en riesgo de exclusión. En este caso, la medida busca garantizar que los afectados por la DANA puedan reintegrarse plenamente en la sociedad y el mercado laboral, evitando que su situación irregular los empuje a la precariedad.
A pesar de las dificultades burocráticas, esta decisión representa un avance en la gestión migratoria y humanitaria, consolidando el compromiso del Gobierno con la protección de las poblaciones vulnerables tras desastres naturales.
