El pacto alcanzado entre el PSOE y Junts para transferir las competencias en materia de migración a Cataluña ha sido registrado este martes en el Congreso como una proposición de ley que podría cambiar de forma significativa la gestión migratoria en España. La medida incluiría nuevas responsabilidades para la Generalitat, especialmente en áreas clave como la seguridad en puertos y aeropuertos, la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), y la regulación de las autorizaciones de residencia y trabajo.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha aclarado que no se trata de una cesión de poder, sino de una delegación de competencias, conforme al artículo 150.2 de la Constitución española. Según Saiz, la ley respeta el marco constitucional, permitiendo que Cataluña asuma un papel más activo en el manejo de la inmigración.
Principales cambios del acuerdo en la proposición de ley
El acuerdo contempla la delegación de competencias en varios ámbitos cruciales, establecidos en 13 artículos y tres disposiciones adicionales. Entre ellos destacan:
-
Seguridad en puertos, aeropuertos y zonas críticas: Los Mossos d’Esquadra se encargarán de la seguridad en estos puntos de acceso clave, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Esta medida busca mejorar la coordinación en la gestión de riesgos y control de la inmigración.
-
Aumento de efectivos de los Mossos d’Esquadra: Cataluña incrementará progresivamente el número de agentes de los Mossos, con el objetivo de alcanzar los 26.800 agentes en 2032. Esto permitirá una respuesta más eficiente en temas de seguridad y control migratorio.
-
Gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): Cataluña se encargará de la gestión integral de los CIE, como el de la Zona Franca en Barcelona, uno de los más grandes de España. Esto incluirá la administración de recursos humanos y la prestación de servicios de asistencia sanitaria y social.
-
Ventanilla única para autorizaciones: La Generalitat podrá gestionar todas las fases de solicitud de permisos de residencia y trabajo, incluidos los permisos de estancia de larga duración y residencia temporal.
-
Expulsiones y devoluciones: Cataluña asumirá la responsabilidad de gestionar las expulsiones de extranjeros cuando no se requiera expediente, y también podrá imponer sanciones y ejecutar expulsiones que necesiten expediente, previa propuesta de la Generalitat.
-
Contratación de trabajadores extranjeros: El acuerdo permite a Cataluña gestionar las contrataciones en origen de trabajadores extranjeros, estableciendo perfiles y contingentes de trabajadores que pueden ser contratados para cubrir vacantes en el mercado laboral local.
-
Lucha contra la trata de seres humanos: Los Mossos d’Esquadra asumirán la competencia en la prevención y persecución de la trata de personas y explotación laboral, así como la asistencia a las víctimas.
El proceso de traspaso y el futuro modelo de inmigración en Cataluña
La delegación de competencias no solo implica un cambio normativo, sino también un traspaso de medios materiales, presupuestarios y humanos para garantizar que Cataluña pueda gestionar efectivamente sus nuevas responsabilidades. En un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Estado deberá asegurar el traspaso de los recursos necesarios, según lo acordado en la Comisión Mixta de Transferencias.
Este modelo «integral» propuesto por Cataluña permitirá desarrollar una política migratoria propia, acorde con las necesidades del territorio y alineada con la legislación internacional y española. A través de esta ley, Cataluña podrá implementar un sistema migratorio que aborde tanto la seguridad como la integración de los inmigrantes, mejorando el control y la gestión de los flujos migratorios.
Este acuerdo, que aún tiene un largo recorrido parlamentario por delante, podría marcar un hito en la gestión migratoria en España, con un modelo más descentralizado y ajustado a las necesidades específicas de Cataluña.
