
Bárbara Puglisi es una reconocida experta en derecho migratorio y una destacada defensora de los derechos humanos. A lo largo de su trayectoria profesional, ha trabajado estrechamente con comunidades migrantes, organizaciones internacionales y gobiernos, contribuyendo con soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos que plantea la movilidad humana en el siglo XXI. En esta entrevista, Bárbara comparte su perspectiva sobre la situación actual de la migración en España, analiza los retos de las políticas de asilo y reflexiona sobre cómo construir sociedades más inclusivas y respetuosas con la diversidad.
¿Qué se puede esperar en España en el tema migratorio?
En mi opinión, el tema migratorio en España en 2025 sigue siendo uno de los mayores retos sociales y políticos que enfrentamos. Por un lado, hemos visto un incremento notable en las solicitudes de asilo, con un récord de más de 167,000 peticiones en 2024, situándonos como el segundo país en la Unión Europea con más solicitudes, después de Alemania. Esto ha generado una saturación preocupante en el sistema de asilo, donde más de 270,000 personas están a la espera de una resolución, muchas veces durante más de un año. Esta demora afecta gravemente la vida de los solicitantes, quienes quedan en un limbo legal y social.
Por otro lado, las llegadas irregulares también han aumentado significativamente, con más de 62,000 entradas registradas en 2024, acercándonos al récord histórico de 2018. Estas cifras demuestran la necesidad de reforzar los recursos y la capacidad de los sistemas de acogida en puntos clave como las Islas Canarias y el Mediterráneo, donde la presión migratoria es especialmente fuerte. Estas regiones no pueden cargar solas con esta responsabilidad.
Es cierto que el gobierno ha tomado medidas positivas, como la nueva Orden GECCO para 2025, que busca fomentar la migración circular y facilitar la contratación de trabajadores extranjeros en origen. Además, la modificación del Reglamento de Extranjería, que flexibiliza trámites para la integración laboral, es un paso importante. Sin embargo, considero que aún queda mucho por hacer para garantizar que estas políticas tengan un impacto real en la vida de las personas migrantes.
Lo que necesitamos es un enfoque integral que no solo aborde la gestión de fronteras, sino también la integración a largo plazo. Esto incluye mejorar los tiempos de respuesta en las solicitudes de asilo, garantizar condiciones dignas en los centros de acogida y fomentar la colaboración a nivel europeo. Además, es crucial que la narrativa sobre migración se enfoque en el valor que estas personas aportan a nuestra sociedad y economía, en lugar de alimentarse de discursos que generan miedo y división.
El desafío migratorio en España este 2025 no solo es una cuestión de gestión administrativa, sino un tema que nos interpela como sociedad. Es nuestra responsabilidad garantizar una respuesta humanitaria y respetuosa con los derechos humanos, reconociendo que detrás de cada cifra hay historias de personas que buscan una vida mejor.
¿Qué medidas considera necesarias para acelerar los procesos de asilo?
Para acelerar los procesos de asilo, considero fundamental digitalizar y simplificar los trámites administrativos, lo que permitiría reducir la burocracia y hacer los procedimientos más accesibles para los solicitantes. En los últimos años, la sobrecarga en las oficinas de asilo ha sido evidente, lo que ha generado demoras significativas. Por ello, es crucial ampliar el personal especializado en estas oficinas, como intérpretes, asesores legales y psicólogos, para garantizar que los migrantes reciban una atención integral y que sus casos se resuelvan con mayor eficiencia.
Además, sería clave establecer acuerdos con los países de origen para acelerar el proceso de verificación de la documentación, lo que reduciría los tiempos de espera y evitaría la repetición de trámites innecesarios. En muchos casos, la falta de cooperación con los países de origen retrasa la verificación de identidades, lo que prolonga la estancia de los solicitantes y aumenta su vulnerabilidad.
Por otro lado, es esencial intensificar la colaboración con organizaciones internacionales, como la ACNUR o la OIM, que poseen experiencia y recursos técnicos para apoyar en la gestión de los asilos. Estas organizaciones pueden brindar asistencia técnica, capacitación para los funcionarios y facilitar el intercambio de buenas prácticas entre países, lo que optimizaría los procedimientos y reduciría las cargas administrativas.
Finalmente, es indispensable mejorar la comunicación con los solicitantes para que estén bien informados sobre el estado de su solicitud y los próximos pasos a seguir. La falta de claridad y la tardanza en las respuestas suelen ser una de las principales quejas de los migrantes, lo que genera desconfianza y desilusión en el proceso. Con estas medidas, España podría avanzar significativamente en la reducción de los tiempos de espera y garantizar un acceso más rápido y justo al asilo.
¿Cómo se puede abordar la presión migratoria sin vulnerar los derechos humanos?
Creo firmemente que la clave para abordar la presión migratoria sin vulnerar los derechos humanos radica en diseñar políticas migratorias que sean totalmente respetuosas con estos principios. Es fundamental garantizar procesos justos y transparentes de asilo, que permitan a los migrantes llegar de manera legal y en condiciones seguras, evitando las rutas peligrosas que muchas veces son explotadas por redes de tráfico de personas. En este sentido, es urgente crear canales migratorios legales y seguros, como corredores humanitarios, que ofrezcan alternativas a quienes huyen de conflictos o situaciones de extrema vulnerabilidad.
Además, considero vital fortalecer los sistemas de acogida, especialmente en lugares como las Islas Canarias o el Mediterráneo, donde la presión migratoria ha generado situaciones críticas. Estos sistemas deben estar preparados para ofrecer no solo una recepción inicial, sino también la protección adecuada a las personas más vulnerables, como las mujeres, los niños no acompañados, las personas mayores y las víctimas de trata. Garantizarles acceso a la salud, la educación y otros servicios básicos es esencial para asegurar su bienestar y para evitar que caigan en situaciones de explotación o abusos.
Asimismo, combatir las redes de tráfico de personas es otra pieza clave para proteger los derechos humanos. Estas redes operan con impunidad en muchas zonas de llegada, aprovechándose de la desesperación de las personas migrantes. Por ello, es necesario intensificar la cooperación internacional para desmantelar estas redes, aumentar las patrullas marítimas y fronterizas, y fortalecer los controles en las rutas de entrada.
Por último, es imprescindible que la Unión Europea y los países miembros actúen en conjunto, adoptando políticas migratorias que prioricen el respeto a los derechos humanos y la protección de los migrantes. La presión migratoria no puede gestionarse solo desde un enfoque de seguridad, sino desde una perspectiva que priorice el humanismo y la solidaridad, asegurando que los migrantes reciban la atención y el apoyo necesario sin ser expuestos a vulneraciones de sus derechos fundamentales.
¿Cómo afecta la falta de regularización al mercado laboral y a la economía en general?
La falta de regularización de los inmigrantes que trabajan en situación irregular tiene un impacto negativo tanto en el mercado laboral como en la economía en general. Muchos migrantes que se encuentran en esta situación terminan laborando en condiciones precarias, sin acceso a derechos básicos como la seguridad social, contratos dignos, o salario mínimo. Esto fomenta la economía sumergida, ya que sus empleadores pueden aprovecharse de la falta de control y pagarles por debajo de los estándares legales.
Esta situación no solo vulnera los derechos laborales de los migrantes, sino que también genera una competencia desleal en el mercado. Las empresas que operan legalmente y cumplen con la normativa terminan enfrentando una carga mayor en términos de costes laborales, mientras que aquellas que emplean a migrantes irregulares pueden ofrecer precios más bajos, lo que distorsiona el mercado.
Desde el punto de vista económico, la falta de regularización también implica pérdidas fiscales significativas. Muchos trabajadores migrantes en situación irregular contribuyen con sus impuestos indirectos al consumo, pero no tienen acceso a beneficios sociales ni pagan impuestos directos como los trabajadores formales. Si estos migrantes estuvieran regularizados, el Estado podría beneficiarse de su contribución fiscal y utilizar estos recursos para fortalecer los sistemas públicos, como la sanidad, la educación y la seguridad social.
Además, una economía en la que predominan los empleos irregulares tiende a ser menos estable y sostenible. Las empresas que dependen de este tipo de mano de obra suelen tener menos incentivos para invertir en la formación de sus empleados, innovar en sus procesos o participar en esquemas de desarrollo profesional. Esto repercute negativamente en la productividad y en el crecimiento económico.
Por otro lado, una regularización adecuada no solo estabilizaría el sistema laboral, sino que también permitiría a los migrantes acceder a contratos dignos, seguridad social y otros beneficios, lo que les daría una mayor estabilidad económica y mejoraría su calidad de vida. Esto, a su vez, fomentaría el consumo interno y la circulación del dinero en la economía local, generando un impacto positivo en el desarrollo económico a largo plazo.
La falta de regularización no solo perpetúa la precariedad laboral, sino que también tiene un costo económico significativo al provocar evasión fiscal, competencia desleal y limitar el potencial de crecimiento sostenible en el mercado laboral. Regularizar a los migrantes sería, sin duda, un paso clave para garantizar condiciones laborales justas y un desarrollo económico más equitativo para todos.
¿Cómo se podría mejorar el reparto de responsabilidades entre los países miembros?
Desde mi experiencia trabajando en el ámbito migratorio, considero que el reparto de responsabilidades entre los países miembros de la Unión Europea necesita una reforma profunda y basada en los principios de solidaridad y equidad. No podemos seguir enfrentando las crisis migratorias con medidas improvisadas o dejando que solo unos pocos países asuman la mayor parte de la carga.
Una solución clave sería implementar un sistema de cuotas obligatorias y vinculantes para la reubicación de refugiados. Esto garantizaría que todos los Estados miembros participen activamente en la gestión de las llegadas, compartiendo tanto los beneficios como los desafíos de la acogida. Por ejemplo, en 2023, países como Italia y Grecia recibieron un porcentaje desproporcionado de las solicitudes de asilo debido a su ubicación geográfica. No es sostenible ni justo que estas naciones gestionen solas la presión migratoria mientras otras ofrecen apoyo limitado.
Además, creo que los países que decidan no participar en la reubicación deberían compensar su falta de compromiso mediante mayores contribuciones económicas a los fondos europeos destinados a la gestión migratoria. Estos recursos podrían utilizarse para fortalecer los sistemas de acogida, financiar programas de integración y apoyar a los países más afectados en la creación de infraestructuras adecuadas. Este enfoque permitiría equilibrar las responsabilidades sin dejar de avanzar hacia una solución conjunta.
También es fundamental mejorar la colaboración entre los Estados miembros mediante una mayor transparencia en la toma de decisiones y la implementación de acuerdos. En muchas ocasiones, la falta de coordinación ha generado duplicidades y retrasos en los procesos de reubicación. Un ejemplo concreto es el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que aún enfrenta dificultades para su aplicación efectiva. Si los países trabajaran con metas claras y mecanismos supervisados, podríamos avanzar mucho más rápido.
Por último, estoy convencida de que esta cooperación debe ir acompañada de un enfoque más humano y empático hacia las personas migrantes. No estamos hablando solo de números o estadísticas, sino de vidas que necesitan protección y oportunidades. En este sentido, creo que la Unión Europea tiene una oportunidad histórica para demostrar que la solidaridad no es solo un principio, sino una práctica concreta que puede marcar la diferencia.
¿Qué estrategias considera clave para combatir la xenofobia y la discriminación hacia los inmigrantes?
Desde mi perspectiva, combatir la xenofobia y la discriminación hacia los inmigrantes requiere un enfoque integral que combine educación, sensibilización y medidas legales. La educación es, sin duda, uno de los pilares fundamentales. Creo firmemente en la necesidad de incorporar desde las etapas tempranas contenidos educativos que fomenten el respeto por la diversidad cultural y desmantelen prejuicios. Por ejemplo, incluir en los planes de estudio actividades que permitan a los niños y jóvenes conocer las realidades de las personas migrantes y valorar su contribución a la sociedad puede marcar una gran diferencia en las generaciones futuras.
Además, considero esencial implementar campañas de sensibilización que destaquen los beneficios de la diversidad cultural y el impacto positivo de la inmigración. Estas campañas deberían estar basadas en datos reales y relatos humanos, mostrando cómo los inmigrantes enriquecen nuestras comunidades, tanto económica como socialmente. Por ejemplo, en el ámbito laboral, muchos sectores esenciales, como la agricultura, el cuidado de personas mayores y la hostelería, dependen de la mano de obra inmigrante, algo que merece ser visibilizado y reconocido públicamente.
También creo que es fundamental sancionar de manera firme los discursos de odio y las prácticas discriminatorias. Los discursos xenófobos, que muchas veces se amplifican a través de redes sociales y medios de comunicación, no solo dañan la convivencia, sino que también fomentan un clima de hostilidad hacia personas que ya se encuentran en situación vulnerable. Por eso, es crucial que existan mecanismos legales efectivos para identificar, denunciar y sancionar estas conductas.
Otro aspecto prioritario es garantizar que las víctimas de discriminación reciban apoyo adecuado. Esto incluye la creación de canales accesibles para denunciar casos de xenofobia, así como el fortalecimiento de los servicios legales y psicológicos destinados a quienes enfrentan estas situaciones. En 2023, se reportó un incremento del 20% en los incidentes de discriminación racial en España, según el Informe Anual del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Estos números evidencian la necesidad de actuar con urgencia.
Finalmente, creo que debemos promover espacios de encuentro y diálogo entre las comunidades locales y las personas migrantes. La convivencia se fortalece cuando existe un contacto directo que permita derribar estereotipos. Por ejemplo, eventos culturales, talleres comunitarios o programas de mentoría entre residentes y recién llegados pueden ser herramientas muy eficaces para generar empatía y construir relaciones basadas en el respeto mutuo.
Combatir la xenofobia y la discriminación no es solo una cuestión de justicia social, sino también de construir una sociedad más inclusiva y cohesionada. Estoy convencida de que, con educación, sensibilización y medidas legales efectivas, podemos avanzar hacia un entorno donde la diversidad cultural se valore como una fortaleza y no como una barrera.
¿Qué cambios considera prioritarios en la Ley de Extranjería para adaptarla a las necesidades actuales?
En mi opinión, la Ley de Extranjería necesita una revisión profunda y adaptada a las realidades que vivimos actualmente en España. Uno de los cambios más urgentes es flexibilizar los requisitos para la regularización de personas que llevan años en el país, especialmente aquellas que trabajan en sectores esenciales como la agricultura, la hostelería, el cuidado de personas mayores o dependientes. Estas personas han demostrado su compromiso y aportación a la sociedad española, pero a menudo se enfrentan a barreras legales que les impiden acceder a un estatus regular.
Por ejemplo, los criterios actuales para obtener un permiso de residencia por arraigo social requieren demostrar tres años de estancia en el país y contar con una oferta de trabajo formal, algo que muchas veces es inalcanzable debido a la naturaleza informal de los empleos en los que estas personas suelen desempeñarse. Creo que es fundamental reconocer su contribución económica y social y simplificar los procedimientos para que puedan regularizar su situación sin depender de un contrato inicial, permitiéndoles incorporarse plenamente a la economía formal.
Otro aspecto que considero prioritario es reforzar la protección de los menores no acompañados. Estos jóvenes llegan a España en circunstancias extremadamente vulnerables y, al cumplir 18 años, muchos de ellos se ven en un limbo legal que los expone a la exclusión social o incluso a caer en manos de redes criminales. Es imprescindible garantizarles la continuidad de su protección más allá de la mayoría de edad, facilitándoles el acceso a la educación, la formación profesional y el empleo. Según datos recientes de organizaciones como CEAR, en 2023, el 60% de los menores no acompañados enfrentaron dificultades significativas para integrarse en el mercado laboral tras cumplir 18 años.
Además, creo que es importante modernizar la Ley para abordar mejor los retos del mercado laboral español. En sectores donde existe escasez de mano de obra, como la agricultura y la construcción, sería útil crear mecanismos más ágiles que permitan a las personas migrantes acceder a empleos formales. Esto no solo beneficiaría a las personas migrantes, sino también a las empresas, que a menudo tienen dificultades para cubrir vacantes esenciales.
Por último, considero fundamental garantizar un enfoque más humanitario en la gestión de las migraciones. Esto incluye medidas como la reducción de los tiempos de espera en los procesos administrativos, un acompañamiento más eficaz para quienes solicitan asilo y la creación de vías legales y seguras para migrar, de manera que se reduzca la dependencia de rutas peligrosas o de redes de tráfico de personas.
La Ley de Extranjería debe adaptarse para ser más inclusiva y eficiente, respondiendo a las necesidades actuales de nuestra sociedad y economía. Esto no solo beneficiará a las personas migrantes, sino que también contribuirá al desarrollo y bienestar de España en su conjunto.
¿Cómo se podría fomentar la integración de los inmigrantes en la sociedad española?
Fomentar la integración de los inmigrantes en la sociedad española requiere una estrategia integral que aborde aspectos clave como el acceso a la educación, el empleo, la vivienda y la participación social. Este enfoque no solo beneficia a los propios inmigrantes, sino que también fortalece la cohesión social y el desarrollo del país.
En primer lugar, el acceso a la educación es fundamental. Según datos del Ministerio de Educación en 2023, más del 20% de los niños y jóvenes inmigrantes en España enfrentan barreras lingüísticas y culturales que dificultan su rendimiento académico. Para abordar este problema, sería importante implementar programas de apoyo lingüístico y tutorías personalizadas en los centros educativos, como ya se ha hecho en comunidades autónomas como Cataluña y Madrid, donde se han creado aulas de inmersión lingüística con resultados positivos en la adaptación escolar.
En el ámbito laboral, garantizar la inserción laboral digna y equitativa es otro pilar esencial. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 la tasa de empleo de inmigrantes fue un 10% inferior a la de los nacionales, y muchos de ellos se concentran en empleos precarios o de baja cualificación. Para revertir esta situación, se podrían ampliar los programas de formación profesional, como los promovidos por el SEPE, adaptándolos a las necesidades específicas de los sectores con mayor demanda. Además, sería clave simplificar los procesos de reconocimiento de títulos extranjeros para evitar la infrautilización del talento de los migrantes, ya que se estima que un 30% de los trabajadores extranjeros en España están sobrecualificados para sus empleos actuales.
En cuanto a la vivienda, el acceso a alquileres dignos sigue siendo un desafío. Un estudio del Consejo General de la Arquitectura en 2023 reveló que un alto porcentaje de los inmigrantes vive en condiciones de hacinamiento o en alquileres informales. Para abordar esto, se podrían ampliar los subsidios de vivienda a familias inmigrantes en situación vulnerable y fomentar colaboraciones público-privadas para incrementar la oferta de viviendas asequibles.
La participación comunitaria y política también es clave para una integración efectiva. Crear espacios de diálogo y programas de convivencia entre migrantes y ciudadanos locales puede reducir prejuicios y promover la cohesión social. En 2023, varias organizaciones como CEAR y Cruz Roja implementaron proyectos de mediación intercultural que demostraron ser efectivos para mejorar la percepción mutua y resolver conflictos. Además, sería importante facilitar la participación política de los inmigrantes a través de mecanismos que les permitan involucrarse en decisiones que afectan sus vidas, como el derecho al voto en elecciones locales.
La integración no es un proceso unilateral; es un esfuerzo conjunto que exige compromiso tanto de las instituciones como de la sociedad en general. Solo a través de políticas inclusivas, un enfoque en la igualdad de oportunidades y un diálogo constante, lograremos una convivencia enriquecedora que beneficie a todos.